Rabiosa oposición a las cadenas nacionales de la presidenta

La oposición conservadora y los monopolios de la información han descalificado el uso de la cadena nacional por la presidenta. En lo fundamental no tienen razón. Su rabia tiene otras causas de fondo.
EMILIO MARÍN
En lo que va del año la presidenta ha empleado la cadena nacional 16 veces, según la prolija estadística de Clarín y La Nación, que encabezan la oposición.
La última vez fue en la cena del Día de la Industria, desde Tecnópolis. Los socios de Papel Prensa aseguran que fueron 70 minutos. El cuestionamiento fue mayor porque la palabra presidencial ocupó buena parte del “horario central”, con mayor encendido.
A causa de esa “intromisión” de la jefa de Estado no se pudieron ver programas altamente culturales, como el de Marcelo Tinelli, que tanto eleva el nivel educacional de los argentinos cada noche. Otras series, de mejor contenido, también debieron levantarse.
Este cronista lamentó que resultaran “pisados” los videos de Capusotto. En cambio Jorge Rial se quejó porque la cadena de presidencial afectaba las tandas comerciales y los ingresos de los canales. El chimentero habló de plata y no se escudó en que los discursos oficiales implicarían una cuasi dictadura.
En cambio “Gaceta Ganadera” (léase “La Nación”) dedicó varios editoriales al asunto, con acusaciones políticas de que la presidenta se ponía a la altura de algunos dictadores. Los Mitre y Saguier, que tanto apoyaron a la dictadura de Jorge R. Videla y Martínez de Hoz, tendrían que saber muy bien lo que es una dictadura y lo que no…
El 5 de setiembre ese matutino editorializó: “Es nada más ni nada menos que una forma despótica de ejercer el poder, una actitud extorsiva y discriminatoria, un abuso que, como bien lo ha expresado el constitucionalista Daniel Sabsay, ´nos retrotrae a las prácticas de los presidentes de facto´”.
La presidenta, en cambio, ha defendido sus intervenciones mediáticas como una actividad legal. Su fundamento fue que necesita comunicar al país lo que está haciendo su gobierno, pues los monopolios de la comunicación suelen ocultarlo o deformarlo.
Es cierto. El programa oficialista 678, que va por la televisión pública, últimamente no es muy del agrado del cronista por su incondicionalidad cristinista. Pero hay que reconocerle -entre otros méritos- esos informes donde enfoca una noticia nacional importante y monitorea las tapas de los diarios monopólicos, que no la registran o le asignan un centimetraje insignificante.
En su jugada contra el gobierno, esos medios opositores cerriles recuerdan que la cadena nacional está prevista en el artículo 75 de la nueva ley de medios, pero reprochan que debería emplearse sólo en caso de “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.
¿Acaso la crisis económica internacional con sus implicancias en el país no amerita suficiente gravedad como para que la jefa de Estado explicara desde Tecnópolis su política para este asunto clave? Que se coincida o no con esa política, eso es lo que habría que debatir, y no negar a la mandataria el derecho a comunicarse con millones de hogares en el “Día de la Industria”.

Pelea despareja.
Los que detentan hasta hoy el monopolio en la producción de papel para diarios, lugar dominante ganado gracias a las torturas y secuestros del Ejército sobre el grupo Graiver durante el videlismo, no son los más indicados para decirle a una mandataria elegido por el pueblo que está ejerciendo “el poder en forma despótica” por hablar en cadena.
Clarín tiene más de 260 licencias de TV por cable en todo el territorio nacional, más canales de aire como Canal 13 en el área metropolitana, Canal 12 en Córdoba y así en el resto de las provincias. La ley democrática de medios, Nº 26.522 da a cada conglomerado empresarial la posibilidad de contar hasta 24 licencias, un número que al cronista le parece muy generoso. Hoy el monopolio de Héctor Magneto tiene más de diez veces por encima de ese límite.
¿Acaso respetó la norma propiciada por numerosas entidades sociales y políticas, y votada mayoritariamente por el Congreso en octubre de 2009? No lo hizo; peor aún, presentó recursos y medidas cautelares, en particular contra el famoso artículo 161, que ponía un año de plazo para que las empresas se desprendieran del exceso de licencias.
La Corte Suprema de Justicia resolvió con demora que ese plazo vence el próximo 7 de diciembre. Por ahora el monopolio cuenta todos sus tentáculos y por eso hace mal en quejarse de la competencia que le hacen unos pocos medios, como la Televisión Pública, PPT con 678 y Duro de Domar y algunos otros programas. Sigue siendo una pelea muy despareja, por más que el ex progre Jorge Lanata y su amigo Ernesto Tenembaum sostuvieran que Clarín es la parte “débil”.
La crítica tan envenenada que los fuertes de esta historia hacen a CFK tiene que ver con que se aproxima la fecha del 7 de diciembre. Ese día se jugará un partido clave. ¿Podrá Clarín prorrogar sus posiciones dominantes contrariando la norma legal? ¿O conseguirá el gobierno que esa ley se cumpla para todos los actores de las comunicaciones audiovisuales? Estos interrogantes se irán develando no sólo en el Palacio de Tribunales sino también en el Congreso, en los medios y en la calle, o sea en la batalla política y social.
Anteayer, al defender el uso de la cadena nacional, la presidenta aludió a esa pelea de fondo. Dijo que “la cadena ilegal del desánimo tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre; parte de este despliegue mediático tiene que ver con que este 7 de diciembre comienza a regir la desinversión” (del artículo 161).

El fondo y la forma.
Quedó dicho que -en cuanto a la forma- el uso de la cadena es perfectamente legal, tanto como lo es la nueva norma de servicios de comunicación audiovisuales.
Pero importa discutir particularmente el fondo del asunto, o sea quién tiene la razón y quién no en cuanto a los anuncios o discursos que se hacen desde ese lugar, y las críticas que recibe CFK por las cosas que comunica.
Si bien no hay valores absolutos, en el racconto de las cadenas nacionales el cronista se queda con que -en términos comparativos- los mensajes presidenciales estuvieron más cerca de la verdad que las réplicas y críticas de los monopolios mediáticos y la derecha opositora.
Un ejemplo. Cristina Fernández empleó la cadena para informar del plan Pro.cre.ar de los créditos con financiación del Estado para la construcción de 100.000 viviendas al año, durante un cuatrienio. ¿No debía hacerlo, si era una problemática social urgente? Otro ejemplo: el anuncio de la tan demorada renacionalización del 51 por ciento de YPF hasta ese momento en manos de Repsol. ¿Estuvo mal esa cadena? Un último ejemplo: la inauguración de las sesiones de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, cuando habló tres horas haciendo un balance de lo actuado y fijando líneas para 2012. ¿O no puede un jefe de Estado cumplir con la ley y hablarle a diputados y senadores, y a la Nación toda?
Queda claro que a Clarín y La Nación, y al empleado del primero, Lanata, les molesta sobremanera el contenido de los anuncios presidenciales. Juzgan a Cristina Fernández una mala copia del “cuasi” dictador Hugo Chávez; ven a la primera clonando las políticas comunicacionales supuestamente persecutorias de la “libertad de prensa” de Venezuela, como se plasmó en el último informe de “Periodismo para Todos”.
Sea en cadena nacional, en horario central o no, o en actos oficiales sin cadena, a los monopolios les molesta en grado sumo algunos anuncios de la presidenta, o de Julio de Vido (si informa que el Estado entrará en 20 por ciento del negocio de los celulares), de Axel Kicillof (si comunica planes de inversión de YPF), de Guillermo Moreno (si actualiza algunos controles livianos de precios).
Por supuesto que se puede disentir con algunas cadenas nacionales o con parte de las mismas. Al cronista le hizo mucho ruido cuando la presidenta, desde Tecnópolis, reivindicó los créditos del Bicentenario para grandes empresas (1.500 millones de pesos fueron a las terminales y autopartistas, muchas de ellas extranjeras). Compartir esas tribunas con los monopolios de la UIA es harto discutible como política “nacional y popular”.
Y también se puede opinar que algunas cadenas no fueron oportunas, como la del lunes 3, por “pisar” a Graduados o Capusotto, o por no hacerlo con la parte final de Racing-San Juan. Es cierto que a la noche hay mucha gente que prende la tele sólo para entretenerse, y puede caerle mal una bajada de línea de más de una hora sobre temas políticos y económicos. A veces habrá que hacerlo, otras no.
El miércoles, cuando lo debatió el cristinista panel de 678, hubo dos periodistas que se preguntaron sobre estos inconvenientes puntuales de esa cadena: Cynthia García y Mariana Moyano. Lástima que el ultra K Orlando Barone les cortara el rostro, de mala manera, sin argumentos. Esa obsecuencia lastima mucho más que los “daños colaterales” de la cadena nacional. Barone es menos que elemental en sus opiniones y no tiene la cintura, el garbo ni el discurso político de la presidenta.