Represión para la restauración

Hacía mucho tiempo que no se veían en nuestro país imágenes de fuerzas de seguridad reprimiendo una protesta de trabajadores con balas de goma y camiones hidrantes. El nuevo gobierno macrista restauró esa costumbre, aplicándola contra despedidos de una empresa quebrada que, en su desesperación, solo pedían por su trabajo y que les paguen lo adeudado.
Como para que quede claro de que no se trataba de un operativo aislado o una metodología represiva de uso excepcional, sino de una forma de actuar que llegó para quedarse, apenas horas después hubo otro gran despliegue policial, aunque esta vez no fue para apalear una protesta sino para respaldar la intervención a la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata del organismo de control aprobado por la llamada Ley de Medios Audiovisuales que fue declarada constitucional por la Corte Suprema, y sus autoridades fueron designadas con acuerdo del Senado de la Nación.
Destituir manu militari la conducción de la Afsca por decreto cuando existe una normativa expresa que regula la forma de hacerlo y disponer su intervención constituye a todas luces un avasallamiento de la ley y un avance del Poder Ejecutivo sobre los organismos de control.
El macrismo asumió el gobierno apelando al diálogo, al acuerdo y convocando a “todos juntos”, pero pasó muy poco para que ese muestrario de buenos modales quedara solo en palabras. En los hechos se lanzó a una acelerada carrera de imponer ciegamente su voluntad pasando por encima de la Constitución y la ley. La pretensión de designar por decreto a dos miembros de la Corte Suprema desnuda esa vocación autoritaria. Como también sacar de sus cuarteles a policías y gendarmes para reprimir la protesta social o respaldar la intervención de un organismo de control autárquico y descentralizado. Por no hablar de la intención de modificar, y también por decreto, la Ley de Medios Audiovisuales con el inocultable propósito de amurallar al Grupo Clarín. La norma vigente obliga a esa corporación a adaptar sus estructuras empresariales pues contempla el desmantelamiento de oligopolios y el abuso de posiciones dominantes en el terreno de los servicios de comunicación audiovisual.
Son cada vez más los que se preguntan si el nuevo presidente no está devolviendo al holding comunicacional más poderoso del país los generosos servicios prestados en materia de blindaje mediático. De hecho, al frente del Instituto del Cine (Incaa) ya instaló a un directivo de ese grupo empresario como también en el directorio del estratégico Fondo de Garantía de Sustentabilidad que maneja, nada menos, los dineros de la Anses.
Por muchísimo menos de lo que hizo en tan poco tiempo el nuevo jefe de gobierno, a la presidenta saliente la hubieran castigado sin piedad y a tiempo completo desde la televisión, la radio y los diarios porteños que hoy, salvo excepciones, aplauden con fervor el giro hacia la derecha de la Casa Rosada. Los que ayer se decían escandalizados por las “formas” del gobierno kirchnerista -que ni remotamente llegaron a estos extremos de avasallamiento de la ley- hoy respaldan sin tapujos estas medidas como si se tratara de una “vendetta”.