Resabios palaciegos en la Ciudad Judicial

LA SEMANA PAMPEANA

I – Una larvada interna judicial estalló en la semana en la comisión que estudia la reforma al Código Procesal Penal. El cruce que hizo estallar el pacto de no ventilar estos asuntos públicamente tuvo su detonante en la discusión por los plazos procesales y enfrentó, claramente, a jueces y fiscales. Unos, los magistrados, se mostraron proclives a continuar con el sistema actual que no impone plazos (o lo hace con laxitud) a la etapa de juzgamiento, mientras que la otra parte, los fiscales del Ministerio Público Fiscal, pujaban para que los plazos estrictos que deben cumplir ellos en la instrucción, se trasladen también a la etapa del proceso que comienza cuando termina la instrucción y la responsabilidad pasa a manos de los magistrados.

II – Los argumentos de los fiscales son, podría decirse, de sentido común. Si se asume que la justicia lenta no es justicia, todo lo que se haga para acelerarles los tiempos al juzgamiento de los casos, hará a la justicia, por así decirlo, “más justa”. Los jueces, en cambio, creen que se debe continuar trabajando sin la presión de cumplir plazos porque han demostrado en la práctica que las causas salen con bastante rapidez (dicha la palabra rapidez en el contexto del mundo judicial cuya acepción es muy distinta a lo que se entiende por rapidez en el mundo real).

III – Pero no es esto todo lo que se juega en este diferendo. Hay detrás de este debate mucho más de lo que se puede inferir del simple choque de opiniones. Ocluido por formalismos de posiciones supuestamente técnicas, asoma una vieja interna que atraviesa de punta a punta el sistema judicial. En la estructura de la justicia, hay, podría decirse, nobles y plebeyos. Así como en la policía o en los cuerpos militarizados existen oficiales y suboficiales, o en la sociedad pese a toda la buena intención de la Declaración de los Derechos del Hombre y su teórica igualdad, subsiste la diferencia entre pequeños (o grandes) burgueses y proletarios. En la justicia pampeana, como en la de casi todas las jurisdicciones del país, los jueces se consideran a sí mismos, como los integrantes de un círculo privilegiado, que no participan de las mismas obligaciones que el común de los ciudadanos. No pagan impuesto a las Ganancias, reivindican una independencia laboral y funcional que lleva a muchos de ellos a trabajar poco y sin horarios, y son de tomarse todo el tiempo que su bienestar les indique como parámetro para resolver cuestiones que a los judiciables (esto es, los simples mortales que penan con sus demoras) les resultan insoportablemente urgentes.

IV – Esta autoubicación en la cúspide de la pirámide social los lleva no sólo a considerarse por encima del resto de la ciudadanía, sino que lo aplican a quienes deberían ser, pese a las diferencias funcionales, sus pares. La división de la justicia en etapas instructiva-acusatoria y judiciable (dicho esto en lenguaje llano y no en la jeringoza que a la manera del viejo latín siguen usando para alejar sus elucubraciones del entendimiento del vulgo), esto es en una etapa a cargo de los fiscales que deben instruir la causa, y otra en la que, al concluir este trabajo, es elevada a un juez o a un tribunal para su resolución, refleja esta invisible división jerárquica en el tema que ha desatado la polémica: los plazos. Mientras los primeros, los fiscales, están urgidos por el CPP por un estricto cumplimiento de tiempos, esa urgencia no opera casi con los jueces. Esa supremacía del código sobre los fiscales a los que apura, se diluye con los jueces que quedan en este tema, por así decirlo, por encima de la ley y a su casi entera discrecionalidad. Esta diferencia no es solamente la letra del Código. Es el espíritu que alimenta la supremacía de jueces por sobre los fiscales. Una cosa es el proletario cumplimiento de horarios y días, y muy otra es la libertad de tomarse todo el tiempo (o casi) para resolver sin que nadie (o casi) pueda urgirlos.

V – La discusión, por tratarse de mucho más de lo que se muestra en la simple discusión de los plazos, no anticipa que se zanjará en la comisión, que, como campo de batalla, terminó con la retirada de fiscales del Colegio de Magistrados, profundizando el cisma. Va, seguramente, encaminada a resolverse en la Cámara de Diputados donde habrá diputados que la introducirán y, eventualmente, resolverán por votación. De la decisión que finalmente se adopte, los pampeanos sufriremos un reforzamiento de la división en castas de la justicia, o veremos tender a que la desigualdad funcional de fiscales y jueces no acentúe la impropia actitud de Palacio Judicial que subsiste en la Ciudad Judicial. (LVS)