Revés para el gobierno en una operación contra Gils Carbó

El intento de saltear una ley para remover a Gils Carbó tuvo un traspié. Otra muestra de que la no intervención
en la Justicia y el respeto a la Constitución están en el discurso pero no en el estilo del gobierno.
ARI LIJALAD*
Mauricio Macri sufrió un traspié en su obsesión por desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Fue en una operación a todas luces coordinada con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la asociación Será Justicia, por la cuál Macri buscó obtener un fallo judicial que le permita saltearse el juicio político para remover a Gils Carbo. O sea, un favor judicial para echarla por decreto. Ahora, el fiscal Miguel Gillian dictaminó que los aliados de Macri no tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad del requisito del juicio político y que, además, esto implicaría derogar una ley, prerrogativa que es del Congreso.
La operación se inició con dos denuncias gemelas, una presentada por Será Justicia y otra por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como "el establishment jurídico que postró al país".
La primera denuncia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la segunda a Rita Ailán. Una típica maniobra de forum shopping, como se conoce en la jerga judicial a las trucos maniqueos para lograr que una causa le toque a un juez afín. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, unificó ambas denuncias. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó "blanqueo") a los familiares de los funcionarios.

Maniobra coordinada.
Las denuncias pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. El gbierno de Macri, en lugar de defender al Estado, le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes.
La ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, sancionada el 10 de junio de 2015 bajo el número 27.148, es la que regula el funcionamiento del organismo comandado por Gils Carbó. Su artículo 76 establece que "el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional". El 53 establece que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes, cifras que el macrismo no tiene y, por ende, motivo por el cuál intenta avanzar por otras vías non sanctas.
La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de Gils Carbó logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político.

Sin legitimación.
Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Pablo Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destaca la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos.
El fiscal Gillian dio un primer paso para abortar este ardid por el cuál Macri pretende desplazar a Gils Carbó. La cuestión clave es la legitimación tanto del tándem CACBA-Será Justicia para promover esta denuncia.
El fiscal señala que los demandantes no se ven afectados directamente por la ley que cuestionan. "Los cuestionamientos legales y constitucionales efectuados por las accionantes tendientes a obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 27.148, resultan de carácter genérico y no aportan elementos probatorios ni demuestran de qué manera la normativa impugnada contraría el bloque de juridicidad generándole un perjuicio concreto", sostiene el dictamen.

No hay motivos.
El trío Macri-CACBA-Será Justicia busca saltearse el juicio político que establece la ley. El fiscal afirma que "las demandantes fallan al no concretar cuál sería la relación existente entre la ley atacada y el riesgo de lesión que le ocasionaría su aplicación". En criollo, no hay motivos para no hacer lo que dice la ley, salvo que a Macri no le dan los números en el Congreso.
Para el fiscal, los denunciantes hacen aseveraciones "sumamente genéricas, dogmáticas e hipotéticas" para justificar su legitimidad en el reclamo de que Gils Carbó pueda ser removida por otra vía que el juicio político. Asegura, a su vez, que la Justicia no es la vía para cambiar leyes.
"Lo lógico es que siempre el presidente de la Nación proponga un procurador", afirmó Macri. Su objetivo es claro: quiere tener un estricto control de todo el Poder Judicial. Ya nombró dos jueces en la Corte Suprema y domesticó a los restantes; tiene prácticamente en sus manos el Consejo de la Magistratura; la espúrea relación con la Justicia Federal de Comodoro Py le proporciona titulares periodísticos contra figuras del kirchnerismo cada vez que está en apuros y le demora o soluciona las causas en su contra. El último escollo para un dominio de la administración judicial es Gils Carbó.

Todos para uno.
La operación para sacar del camino a Gils Carbó tuvo, en lo formal, tres ejecutores: el Gobierno, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y Será Justicia. En realidad son dos, ya que el CACBA y Será Justicia son cáscaras de los mismos abogados. O uno, ya que el CACBA y Será Justicia aportaron no pocos funcionarios al Gobierno.
El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo.
Será Justicia es un sello de goma del Colegio de Abogados del establishment. De hecho, su acto fundacional en 2012 se realizó en su sede de la calle Montevideo. Su creación tuvo como objetivo la oposición a las reformas judiciales encaradas por el gobierno kirchnerista. Sus acciones públicas incluyeron la convocatoria a la marcha al mes de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman y al defensa del eterno supremo Carlos Fayt. Será Justicia tiene una página de Facebook, pero el link a su web institucional no funciona. Su ligazón con el macrismo es explícita, tanto en sus posiciones públicas como en funcionarios que revistan sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de Será Justicia. Fue su primera protesorera. Otro, Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, fue vocal de Será Justicia en su fundación.

*Nuestras Voces.