Sala sigue siendo una presa política

La Justicia argentina no para de superarse a sí misma. La condena a Milagro Sala condensó un sinfín de despropósitos que confluyeron en una sentencia que de antemano se sabía contaminada por el revanchismo político. Fue otra muestra, una más en una larguísima cadena, de la degradación que hoy infecta a la administración de justicia en nuestro país.
El andamiaje acusador giró en torno al testimonio de un hombre que es empleado del gobierno de Gerardo Morales -enemigo declarado de Milagro Sala-, que mintió al ocultar esa relación laboral y que incriminó a la acusada de haberlo presionado para escrachar al hoy gobernador en un hecho ocurrido hace siete años. Lo más asombroso es que en esa manifestación no estuvieron ninguno de los dos -ni acusador ni acusada- con lo cual se desbarata el argumento de la presión ejercida para obligar a acudir al escrache.
Por estas horas en uno de los muy pocos programas no oficialistas de la TV porteña se pudo ver uno de los varios escraches que sufrió Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe durante el conflicto del gobierno kirchnerista con las entidades rurales. Las imágenes permiten ver un alto grado de violencia y el empleo de piedras, no solo de huevos. Ninguna causa judicial surgió de una agresión física muy similar a la que sufrió Gerardo Morales. Ningún dirigente ruralista ni productor agropecuario fue citado a declarar. La diferencia con lo que le ocurrió a Milagro Sala es contundente. Son dos sectores socioeconómicos muy diferentes los que estuvieron en uno y otro escrache, y se sabe que para la Justicia el color de piel de los que debe sentar en el banquillo de los acusados no es un dato menor. Muchos argentinos son habitués “naturales” en los estrados judiciales, en tanto que otros logran esquivar, también “naturalmente”, esos trámites tan fastidiosos.
Esta condena le viene como anillo al dedo al gobernador Morales para justificar la persecución contra Milagro Sala y disfrazarla de proceso judicial. Pero igualmente infinidad de voces se levantaron en todo el país contra esa farsa y condenaron el régimen autoritario que hoy impera en la provincia de Jujuy. Que las acusaciones coincidan en que en esa provincia “está suspendido el estado de derecho” o que “la Justicia es un apéndice del Poder Ejecutivo” es indicativo del profundo deterioro institucional que está sufriendo el Estado norteño.
Hay tres espacios políticos que hoy están pagando un costo altísimo por este desborde autoritario. El radicalismo en primer lugar por ser Morales hombre de esa fuerza. El macrismo porque es su principal aliado y ha hecho de Jujuy una provincia privilegiada al convertirla en la jurisdicción que más ayuda económica recibe del Tesoro nacional. Y el massismo porque el vicegobernador pertenece al Frente Renovador.
Un proceso judicial tan endeble y tan teñido de arbitrariedad es incapaz de quitarle a Milagro Sala su condición de presa política. Lo seguirá siendo mientras esa provincia sea gobernada como un feudo y el revanchismo político siga operando como la principal arma para disciplinar a los sectores sociales sumergidos.