Santiago Maldonado: sin avances en la causa

A UN AÑO DEL HALLAZGO DEL CUERPO EN EL RIO CHUBUT

El juez federal no avanza en una investigación que tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Seguridad
quieren cerrar cuanto antes. Polémica pericia del DNI.
JUAN ALONSO
A un año del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut -el 17 de octubre de 2017 justo antes de las elecciones legislativas-, el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Nación continúan torturando a la familia de la víctima: rechazan todos los recursos de las querellas que reclaman una investigación independiente y buscan el posible cierre de la causa, calificada aún como “desaparición forzada de personas”. El juez federal que atiende en Rawson, Gustavo Lleral, no hizo absolutamente nada en un año. Tardó meses en enviarle copias de la causa a su colega Daniel Rafecas, quien guarda un prudente silencio sobre las escuchas a las víctimas. Además, Lleral rechazó el pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que ofreció un perito criminalista para dilucidar el rol de la Gendarmería en el hecho y profundizar la acusación de su accionar ilegal ya que los efectivos ingresaron a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen sin orden judicial y con la ruta despejada.

¿Fiscal o defensora?
Lleral no incorporó al expediente el informe que realizó la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) como le reclamó el Centro de Estudios Legales y Sociales. Lleral delegó el pedido a la fiscal Silvina Avila, que en este lamentable proceso penal se pareció más a la defensora oficial de los gendarmes que a una representante del Ministerio Público Fiscal. Ella no podía desconocer el informe de la Procuvin y, sin embargo, siguiendo la línea que avala la represión de los pueblos originarios que sostiene el Poder Ejecutivo, por ahora tampoco lo incorporó a la causa. La familia Maldonado la recusó y pidió su apartamiento. Así las cosas, esta causa emblemática de violencia institucional surca el camino de la desidia de los funcionarios judiciales.
En julio pasado, el secretario del juzgado de Lleral, Leonardo Barzini, dejó constancia de que habló con el ingeniero Ricardo Giménez, “director de INTI-Plásticos”, quien manifestó que “el día 10 de julio a partir de las 9 horas estarán en condiciones de dar comienza a las tareas propias de la pericia ordenada”. ¿Qué pericia? El análisis sobre la resistencia de los DNI en aguas similares a las que se encontró el cadáver de Santiago con su documento intacto en el bolsillo de su pantalón. ¿Qué buscan probar? Si Santiago pudo haber estado en ese lugar del río Chubut los 78 días de su desaparición, a unos 70 metros de donde lo vieron los testigos mapuches por última vez, o si la ventana de tiempo de la operación de autopsia es errónea. En la misma notificación Barzini asegura que la pericia se inició el 10 de julio de 2018 en el INTI.

Pericia sospechosa.
Sin embargo, fuentes cercanas a las querellas, intuyen que ese organismo ya habría terminado la pericia en cuestión que todavía no estaría digitalizada para que las partes tengan acceso a las conclusiones preliminares. La abogada de Sergio Maldonado, Verónica Heredia, relata un encuentro un tanto incómodo con el ingeniero Giménez. “El 10 de julio fuimos con Sergio y Andrea al INTI. Nos mostraron el lugar donde se iban a hacer las pericias: un recipiente con agua a temperatura ambiente y otro que iba a la heladera, con agua que sacaron a 100 kilómetros del lugar del hecho en junio del 2018. Giménez en un momento dice ‘para mí es prioridad hacer esto con urgencia’. Cuando se estaba despidiendo le pregunté: ¿cuál es su urgencia? Me contestó ‘sacarme esto de encima’ y se retiró rápidamente”.
¿Es decir que el juez Lleral espera responder los interrogantes que deber responder la autopsia sobre el tiempo, el lugar, la escena, la temperatura del agua, cómo y dónde murió Santiago, con un presunto resultado sobre DNI con una muestra de agua tomada a 100 kilómetros del hecho y guardada en una heladera del INTI? Eso sospecha la principal querella.
También es posible que Lleral busque cerrar la causa de hábeas corpus y seguir la siesta de los rechazos procesales en el expediente. Lo que hará Lleral es una incógnita. Jamás aclaró qué hicieron los gendarmes en el río en el momento en que Santiago fue visto entre los sauces, poco después de las 11:32 del 1 de agosto de 2017. En su libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado”, Sebastián Premici reconstruyó los movimientos de los gendarmes. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, habló con el juez Guido Otranto el 31 de julio (en ese momento Santiago estaba dentro de la Pu Lof) y se reunió con él el 1 de agosto en Esquel. No estuvo “de paso” en Cushamen ni en la estancia Leleque de Luciano Benetton, como dijo Patricia Bullrich.
El gendarme imputado y ascendido Emanuel Echazú gatilló su escopeta 17 veces, su amigo Darío Zoilán 22 veces, Orlando Yucra, Julio Segovia, Juan Carlos Pelozo, Jorge Fortunato, y Ramón Vera, entre otros, estaban en el pelotón que entró en la Pu Lof. La fuerza confeccionó un mapa de las posiciones de los efectivos en el río que parece un juego de niños y que la Justicia nunca, salvo cuando el defensor oficial Fernando Machado lo refutó, quiso investigar en serio.

Denuncia a la carta.
En una pirueta kafkiana, el juez Otranto abrió una causa para encarcelar a los mapuches que estaban en el momento del hallazgo del cuerpo de Santiago bajo la figura penal de “daños”. Los acusa de resistencia a la autoridad y de presuntas lesiones sobre los llamados funcionarios del orden. El expediente recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien citó como testigo a Verónica Heredia. La abogada no sólo asistirá sino que fundamentará los recursos para apartar a la fiscal Avila, rechazando al mismo tiempo las escuchas ilegales sobre Sergio Maldonado y los testigos. Esas escuchas fueron realizadas a pedido del Ministerio de Seguridad por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, a cargo del camarista Martín Irurzun. El mismo que apareció fotografiado junto al lobbista de Cambiemos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, unos días antes de enviar la causa por la plata negra de la campaña al fuero electoral de La Plata.
Heredia suele hacer bromas sobre los pasillos de Comodoro Py y la ansiedad de rejas de ciertos jueces. Su padre, el jurista José Raúl Heredia, redactó un artículo demoledor sobre las violaciones de las garantías del debido proceso. (Extractado de Nuestras Voces).