¿Se agota el pragmatismo?

Una conocida empresa de electrodomésticos cerró su sucursal en General Pico, despidió a todo su personal en esa ciudad y también achicó su plantilla en Santa Rosa. No es una novedad la pérdida de puestos de trabajo en la actividad comercial de la provincia, pues lo viene informando el gremio mercantil desde hace tiempo. Sin embargo este caso provocó mayor impacto por tratarse de una firma de gran escala que se instaló hace mucho tiempo en nuestro medio.
Con toda crudeza este caso habla de lo poco que escucharon los empresarios al presidente cuando éste les pidió que no dejen trabajadores en la calle. Lo hizo, precisamente, cuando vetó la ley de defensa del empleo aprobada por el Congreso para impedir, o al menos dificultar, los despidos masivos que arrecian en todo el país. El jefe de gobierno pretendió hacerle creer a los argentinos que la ley no hacía falta y que solo bastaba con apelar a la buena voluntad de las patronales. Esa reacción de clase, propia de un gran empresario, demostró no tener utilidad cuando se trata de gobernar un país en lugar de dirigir una sociedad anónima.
A diario, las estadísticas muestran que siguen creciendo sin freno las cesantías en todo el territorio nacional y ya se cuentan por cientos de miles los trabajadores que han quedado en la calle y no logran reinsertarse en el mercado laboral. Mientras tanto el gobierno nacional ni se inmuta por el alto costo social de la política que lleva adelante en beneficio exclusivo de los sectores económicos más concentrados y castigando con extrema dureza a las mayorías vulnerables.
La caída salarial producto de la gran devaluación, el aumento sideral de las tarifas públicas y de los precios de los artículos de la canasta familiar está pegando muy duro en las economías hogareñas y se traduce en una gran caída en el mercado interno. A ello se suma la apertura de las importaciones para productos que se fabrican aquí -incluso alimentos, en el colmo de la obediencia al credo neoliberal- con lo cual los resultados no pueden ser otros que esta tormenta perfecta que solo produce desocupados al por mayor.
En este escenario se escuchó la voz preocupada del gobierno pampeano porque su proyecto de fomentar el trabajo privado -ante el agotamiento evidente del Estado para sostener el empleo- está siendo boicoteado por las políticas nacionales. Los funcionarios que se desempeñan en el área no ocultan su inquietud y manifiestan que los esfuerzos locales para desarrollar emprendimientos en la actividad privada se ven neutralizados por los efectos devastadores de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Un reciente informe de la CAME da crédito a sus palabras al revelar que la caída de la producción de las Pymes -las mayores usinas de empleo privado del país- llegó al 6% en el último año y se ubicó en el nivel más bajo desde 2010. El panorama es angustiante, de ahí que “siete de cada diez industriales no ven reactivación en los próximos seis meses”, según informó la entidad.
A todo esto los legisladores pampeanos del justicialismo vienen levantando sus manos en el Congreso de la Nación a casi todas las iniciativas del gobierno nacional, incluso las que promovieron aumentar el endeudamiento externo y bajar impuestos progresivos con resultados dañosos para las finanzas del Estado. A cambio de ese respaldo legislativo desde Nación llegaron -cual trueque pampa- partidas de dinero para el tesoro provincial.
¿Seguirá sin cambios esta estrategia o habrá revisión? El gobierno pampeano y sus pares de otras provincias, podrán recibir oxígeno en cuenta gotas para paliar la coyuntura, pero los efectos nocivos (y masivos) del tornado neoliberal ya empezó a llegarles. Y arreciará con más fuerza si en el Congreso la oposición, con mayoría en ambas cámaras, no opone resistencia en defensa de Pymes, trabajadores y jubilados.