Se reflotó el caso de cuentas de argentinos en el HSBC suizo

EN CAUSAS POR EVASION FISCAL HAY GRAN MORA JUDICIAL

Es natural que buena parte de los argentinos esté pendiente del caso Nisman. También debería estarlo, y quizás un poco más, de la evasión fiscal de empresas y particulares con cuentas en el HSBC en Suiza.
EMILIO MARIN
La muerte de Alberto Nisman concita la atención de millones de argentinos y está bien que así sea, porque hay allí mucho de política nacional e internacional y aparece ligado el fiscal con servicios de inteligencia y embajadas extranjeras, espías locales, etc. Como si eso fuera poco, los ribetes policíacos del caso, más el morbo que siempre tiene buen rating, explican que esto siga al tope de noticieros.
Pero hay otros asuntos tanto o más importantes, porque impactan en la vida de esos compatriotas. Y sería nefasto que estos perjudicados miren absortos a la TV por el aparente suicidio del fiscal, e ignoren que intereses poderosos les meten la mano en los bolsillos sin ningún inconveniente.
En noviembre del año pasado la AFIP, con información del fisco de Francia, denunció al banco británico HSBC, sucursal de Argentina, por evasión fiscal y asociación ilícita, al constatar que 4.040 cuentas en ese banco, de Ginebra, tenían depositados más de 3.000 millones de dólares. Según Ricardo Echegaray ese dinero no había sido declarado ni pagado impuestos, por lo que estimó un perjuicio para el fisco de 62.000 millones de pesos.
“Las empresas del Grupo Clarín, Cablevisión y Multicanal; el Deutsche Bank, la distribuidora eléctrica Edesur, la generadora termoeléctrica Central Puerto, la cementera Loma Negra, la petrolera Bridas, la firma Mastellone, que comercializa los alimentos de La Serenísima, son algunas de las compañías denunciadas”, informaba Tomás Lukin en Página/12 del 28 de noviembre de 2014.
Además del banco inglés, también los titulares de esas cuentas bancarias, sus apoderados y contadores, fueron demandados por Echegaray.
Muchos de los aludidos juraron su inocencia, comenzado por el titular del HSBC local, Gabriel Martino. Otros trataron de deslindarse, como el entonces diputado Alfonso Prat-Gay, que aparecía como apoderado de Amalia Lacroze de Fortabat (Loma Negra). Sin embargo aún en esa condición no podía no saber que se trataba de depósitos que no habían pagado impuestos.
El misil había dado en el blanco. Hubo esas pobres explicaciones de los que figuraban en la nómina de la AFIP en base a la data del fisco francés.
Y la mejor demostración de que estaban flojitos de papeles se vio en estos días. Esta semana, cumpliendo un acuerdo adoptado el año pasado con el diario parisino Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), el diario “La Nación” comenzó a publicar sus análisis del “capítulo argentino” del bautizado SwissLeaks. Y en varias notas, los periodistas Iván Ruiz y Hugo Alconada Moon subrayaron que los acusados no les contestaron las llamadas.

Alta burguesía y sojeros.
Ruiz y Alconada Moon escribieron: “Caja de Valores SA registró más de U$S 17 millones en 2006-2007, con una decena de miembros como sus apoderados, entre ellos Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio. La Nación se comunicó tanto con la sociedad como con Gabbi, pero ninguno aceptó hacer declaraciones”. Estos locuaces personajes cada vez que se les requería opinión sobre el “dólar blue” y el llamado “cepo cambiario” -que por lo visto violaron-, de golpe se llamaron a silencio total.
Las denuncias se basaban en información certera. Un ingeniero informático del HSBC de Ginebra, Hervé Falciani, obtuvo datos sobre 130 mil clientes y cuando fue detenido en París entregó esa data a los fiscales. A Francia le vino bien porque intimó a los evasores suyos y recuperó 1.200 millones de euros. Luego socializó esa información con España y posteriormente Argentina.
Echegaray dio a conocer rápidamente esa lista, que afectaba a empresas y algunos políticos de la oposición, mientras Le Monde y los periodistas de ICIJ debieron aguardar varios meses para que las revelaciones fueran simultáneas en varios países.
Se advierte coincidencia en los datos generales, de Echegaray y la dupla Ruiz-Alconada Moon. A lo sumo uno habla de fondos de argentinos por 3.000 millones de dólares y los otros de 3.505. Estos aseguraron que las cuentas en cuestión eran 4.620 mientras que el funcionario contó 4.040. En fin, detalles.
El gobierno argentino fue más gráfico en su denuncia sobre los perjuicios: “ese dinero que estimamos como evasión equivale, en función de las partidas del Presupuesto 2015, a 2,5 veces la Asignación Universal por Hijo, 2,2 veces las Asignaciones Familiares, 118,3 veces el Seguro de Desempleo, 21,3 veces el Conectar Igualdad, 14,9 veces el Progresar y 61,1 veces el programa Más escuelas, mejor educación. O también es igual a la suma de las erogaciones fiscales previstas para todos esos programas juntos”.
Ese es el impacto negativo en programas sociales que pudieron haberse atendido mucho mejor y que no lo fueron por la evasión. El grupo Clarín disputaba el podio de los evasores, seguido por los ricachones mencionados, entre ellos Gustavo Grobocopatel, de la firma sojera Los Grobo. El archivo del cronista registra que en octubre de 2012 GG recibió en un salón de la Sociedad Rural el premio a “Líder empresario de la década”. ¿Motivos? “Por colocar a Los Grobo en la vanguardia de la Sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresaria, esfuerzos que se reflejan con claridad en la pionera creación de un área específica para la gestión de la RSE y una estrategia integral que involucra a toda la empresa y marca una evolución superadora del paradigma filantrópico que ha predominado en este entorno”. ¿Paradigma filantrópico?

Salpicados varios.
La publicación de las listas ha salpicado en varias direcciones. Como se trata de datos de 2006 y 2007 algunos no podrán ser fulminados porque ya no están entre los vivos, como el banquero español Emilio Botín. De todos modos no sale bien parado su famosísimo, también entre nosotros, Banco Río-Santander.
Otro de los inculpados, afectado justo cuando en su país se movilizan los campesinos, es el presidente paraguayo Horacio Cartes, que venía precedido de denuncias en la campaña electoral como hombre de negocios no transparentes. Ahora las sospechas son más concretas.
El rey de Marruecos, Mohammed VI, también está enlistado, lo que podría denotar que es un monarca previsor: dueño de más de medio país, en una sociedad pauperizada, puede en algún momento salir de apuro hacia Europa. Por supuesto no lo hará en esas embarcaciones penosas donde suben tantos centenares de africanos pobres y mueren ahogados en el intento de llegar a Italia o España.
Una cuenta que puede dar que hablar en Argentina, más por los temas políticos vinculados al caso Nisman, es la que presidía el argentino Miguel G. Abadi, ligado al sionismo. Era la mayor de todas las cuentas, con 1.100 millones de dólares, y tenía como socios a otro argentino, David Raúl Goldfarb, un economista que vive en Tel Aviv, y al ex banquero Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA y del Banco Mayo, que finalmente irá a juicio por encubrimiento por el atentado a la AMIA.
Según Ruiz y Alconada Moon, “los fondos operados por Abadi ascendieron a U$S 6.700 millones en 2008 según él mismo reconoció en una entrevista a una revista americana especializada en finanzas”.
Los hechos comprueban el patrón delincuencial del HSBC. Ahora que saltó todo, sus autoridades helvéticas dicen que eso ocurrió hace siete años y admiten que sus sistemas de controles habían sido laxos. Es una falsa explicación. No es que la entidad fue burlada por sus clientes sino que ella misma los ayudaba a ocultar sus identidades y fugar sus capitales. Hasta Clarín tituló anteayer: “El banco que ayudaba a sus clientes a no pagar impuestos”.
Es verdad que tanto la entidad financiera local, punta del ovillo o del canal para la fuga ilegal de dinero, como los fuertes depositantes, han gozado de la complicidad judicial.
Cuando Echegaray hizo la denuncia penal-económica, ésta recayó en el juzgado N° 3 de la jueza María V. Straccia, que se excusó porque su marido trabaja en Cablevisión. El expediente fue a otro juez, López Biscayart, que para tomarlo le reclamaba a la AFIP datos que ésta no poseía. Mientras tanto, desde fines de 2014 la causa volvió al frezeer de la doctora Straccia.
El gobierno argentino y la población, por lo expresado al principio, deberían esforzarse por que esta denuncia de la AFIP llegue a buen puerto, para recuperar buena parte del dinero que no pagó impuestos.
Pero hay otra razón de fondo para poner más empeño. El HSBC ya tenía otras denuncias por supuestos delitos. En este caso tuvo apenas una multa del BCRA por 85.7 millones de pesos. Es británico y en definitiva defiende los intereses geopolíticos del Reino Unido, con el que el país tiene el viejo e importante pleito de soberanía por Malvinas.
La estatización del HSBC podría poner un poco de justicia en ambos planos: el de los delitos financieros de evasión y el político por la quita de las islas. Y quizás forzaría a Londres a sentarse a la negociación con Buenos Aires, a la que se niega por razones obvias. Si a los bancos suizos es raro que se les escapen secretos, los piratas suelen no soltar sus presas y botines.