Siempre lo mismo

Otra vez la Justicia vuelve a mostrar su falta de compromiso para con el resto de la sociedad. Casi nueve meses tardaron el fiscal y el juez para declararse incompetentes en la investigación de los desastres constructivos provocados en la obra de cloacas del Barrio Butaló. El fastidio que expresó el intendente de Santa Rosa a este medio está plenamente justificado y si bien anticipó que apelará esa medida a fin de que no queden sin establecerse las responsabilidades de la calamidad que provocaron en ese sector de la ciudad la empresa contratista y la anterior administración de la comuna como responsable de la inspección de las obras, el largo tiempo transcurrido perjudica a todo el proceso. Incluso a los vecinos que, además de la espantosa situación que padecen, se ven privados de satisfacer su lógico afán de justicia.
Cuál es la razón para que un tribunal demore tanto tiempo una resolución que debería determinar en un lapso sustancialmente menor. Establecer la competencia de una investigación debería ser un trámite muchísimo más rápido pues no requiere profundizar demasiado en el estudio de la causa ni llevar a cabo tramitaciones largas y engorrosas. Esta inexplicable demora no hace más que confirmar que en la Justicia no existe ningún tipo de exigencia temporal para concluir los procedimientos en términos razonables. Los plazos parecen correr, exclusivamente, para los particulares pero no para los magistrados.
Son incontables los casos en que la inacción y el paso del tiempo conducen a la prescripción de causas y al cierre de investigaciones. Ese inaceptable déficit de la burocracia tribunalicia no parece molestar ni a la cúpula del Poder Judicial ni al poder político pues no se conoce de ninguna iniciativa que tienda a corregir estas graves falencias. Sí se habla de habilitar nuevos juzgados o fiscalías -lo cual es razonable ante el incremento de tareas- pero nunca de modificar un sistema tan laxo y exasperante que, hasta cuando hace justicia, llega tarde.

Fútbol para pocos
Cuando el macrismo asumió el gobierno nacional y mutiló la Ley de Medios Audiovisuales, hizo mucho más que favorecer al cada vez más gigantesco Grupo Clarín para liberarlo del articulado antimonopólico de la norma. También modificó de raíz el paradigma legislativo: las telecomunicaciones dejaron de ser consideradas un servicio para hacer de ellas un negocio. Pura ideología neoliberal al servicio de la concentración en pocas manos de lo que antes se quería distribuir con criterios más amplios, plurales y equitativos.
La suerte que corrió el “Fútbol para todos” sintetiza a la perfección el “cambio” que llegó con el desembarco de los CEOs en el gabinete nacional. Muy atrás, y muy olvidadas en el discurso oficial, quedaron aquellas promesas de campaña que aseguraban que el fútbol televisado continuaría inalterable porque “lo que está bien, lo vamos a dejar”. Como tantas otras, esa promesa se esfumó en el aire y ahora los argentinos deberán pagar para ver el fútbol de AFA en sus televisores. En el caso de La Pampa, se sabe que el precio más que duplicará el abono básico que hoy cobran las cooperativas.
Pero no se agotan ahí las malas noticias. Siempre se puede estar peor, especialmente si en la Casa Rosada se aloja un gobierno que aplica con tanto esmero la receta neoliberal. La dirección de Canal 3 acaba de informar que no podrán retransmitir los partidos y que lo mismo le sucederá a todos los canales públicos provinciales. En verdad, no deja de ser coherente el gobierno nacional ya que su política explícita consiste en beneficiar a las grandes corporaciones privadas, en las comunicaciones y en todos los sectores de la economía. No podía ser distinto en esto aunque esté en juego el espectáculo más popular para los argentinos que ahora, bajo el nuevo formato televisivo, debería llamarse “Fútbol para pocos”.