Siguen los escándalos

Hace exactamente un año que Milagro Sala está encerrada en un penal de Jujuy demostrando que el estado de derecho y la división de poderes en esa provincia es una ficción. Al vergonzoso cúmulo de irregularidades que enmarcaron su apresamiento y posterior simulacro de juicio se vino a sumar ahora un nuevo escándalo. Una investigación periodística reveló que el apoderado personal del gobernador jujeño, el fiscal de Estado de su gobierno, la Cancillería y la presidenta del Superior Tribunal de aquella provincia vienen tramando una operación para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incidir sobre sus miembros en la visita que tendrá lugar en mayo. La CIDH, en sintonía con el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, reclamó al Estado argentino la liberación inmediata de Sala por violación a su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial e independiente. Aquella maniobra, calificada como “estafa” por la defensa de la dirigente social pone en evidencia el entramado de intereses y la ausencia absoluta de independencia de poderes que reina en Jujuy.
El gobierno nacional, por más que lo intente, no puede despegarse de este bochorno pues es el responsable ante los organismos internacionales que han exigido la liberación y un proceso limpio y justo. La doble vara del macrismo ha quedado expuesta en forma contundente cuando a un alto funcionario de Cambiemos lo consultaron sobre Gustavo Arribas, el jefe de la AFI (ex SIDE) y sus vínculos con dineros proveniente de financistas presos en Brasil por corrupción. El hombre respondió que “en este país somos todos inocentes hasta que se demuestra lo contrario”. Al mismo tiempo, otro funcionario respondía que “Milagro Sala deberá demostrar su inocencia en juicio”. El contraste es brutal: la dirigente jujeña “debe demostrar” su inocencia, mientras que el acaudalado jefe de los espías “es inocente”.
El clamor por la ausencia de justicia independiente y el revanchismo político en Jujuy está ganando terreno y sumando voces que también alertan sobre los ataques contra la comunidad aborigen de Chubut con tanto despliegue de violencia policial. A pesar de la distancia geográfica ambos casos comparten una raíz común: la intención de disciplinar la protesta social, con especial énfasis la protagonizada por las comunidades más vulnerables que buscan organizarse para defender sus derechos frente a las estructuras políticas conservadoras y elitistas.