Inicio Opinion Stornelli es irrecuperable, pero el doctor Glock lucha por la supervivencia

Stornelli es irrecuperable, pero el doctor Glock lucha por la supervivencia

PERFUME DE MUJER

Irurzun escuchó en silencio al doctor Glock, como antes hizo con Stornelli. La mención de uno de los espías a la intermediaria con la que debía hablar quien quisiera comunicarse con el juez agrega lodo al limo judicial. Oh, casualidad, resultó ser una de las abogadas del grupo Macrì.
POR HORACIO VERBITSKY
La reunión no duró más de diez minutos. Suficiente para que el doctor Glock confiara al camarista Martín Irurzun su desazón por el agravamiento del caso iniciado con la denuncia de extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli. «Nos está llevando al cementerio», dijo el encuadernador principal.
La revelación por parte del ex agente de la AFI Hugo Rolando Barreiro (h) sobre el rol de la abogada María Alejandra Zizzias como intermediaria entre Bonadío y los empresarios en dificultades apunta todos los reflectores sobre el juez, que está perdiendo la calma.
Stornelli experimenta las amarguras de la soledad. Una convocatoria en su apoyo reunió a 46 personas. Cabían en nueve Uber y tres taxis. Damas jubiladas, unos pocos consortes, carteles pidiendo el destierro de Cristina, notoria ausencia de las flamígeras diputadas Elisa Carrió, Marcela Campagnoli, Paula Olivetto, Mariana Zuvic y Graciela Ocaña, quienes no están para pedir explicaciones sino para darlas.

El defensor de Macrì
Cuando se fue Glock, ingresó al despacho el abogado Fernando Archimbal, quien precedió a Irurzun en el juzgado federal 5 y en la sala II de la Cámara Federal, antes de volver a la profesión como letrado de la SIDE. Fue uno de los que representó a Maurizio Macrì en la causa por las escuchas ilegales, en la que fue sobreseído en cuanto terminó de bailar su primer número en el balcón de la Casa Amarilla.
Sindicado por el ex secretario presidencial Pablo Barreiro como titular de un estudio jurídico que se disputaba con Marcelo Sebastián D’Alessio su representación ante Stornelli y Bonadío, también Archimbal hizo saber a Irurzun su preocupación por las repercusiones cada día menos controlables del episodio Stornelli.
Pablo Barreiro aportó incluso grabaciones en las que Archimbal y su socio Luis Vila lo adoctrinan sobre cómo atribuir a Cristina y no a Julio De Vido la relación con el transportista José López y le cobran 40.000 dólares sólo por sentarse frente al fiscal Stornelli, con quien hacen gala de una relación íntima.
Si a Stornelli aún no le soltaron el último dedo de la mano es por temor a que opte por sentarse del otro lado del mostrador de los arrepentidos, como ya hizo su colega de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y como plantearon hacer el espía parlanchín D’Alessio y el espía junior Hugo Rolando Barreiro, Rolo, quien no guarda relación alguna con el ex secretario presidencial Pablo Barreiro.
El fiscal de Dolores Juan Pablo Curi ya no sabe cómo evitar que se encienda la mecha de estos petardos vivientes, pese al asesoramiento que recibió durante su última visita a la Procuración General, a cargo en forma interina del fiscal Eduardo Casal. El arrrepentimiento de D’Alessio podría competir con los espectáculos de Marcelo Tinelli (con polleritas y tijera, no con cara seria de preocupación por el país).

Casal hace lo que puede.
Las objeciones de Curi fueron refutadas en forma precisa por el juez federal Alejo Ramos Padilla: la competencia ya fue resuelta por él y nada le impide avanzar hasta que la Cámara de Mar del Plata confirme o revoque su decisión; el expediente puede consultarse en el juzgado y nadie sabe mejor que Rolo Barreiro en qué caso podría violar un secreto de estado.
El 25 de marzo, Casal anunció que al día siguiente sortearía a los representantes de la Procuración que integrarán el tribunal de enjuiciamiento del ministerio público. El 27, notificó que los elegidos habían sido lxs fiscales generales Juan Carlos Paulucci (titular) y María Gloria André (suplente) y lxs fiscales de primera instancia María Alejandra Obregón (titular) y Martín López Perrando (suplente).
A diferencia de lo habitual la realización del sorteo no fue anunciada al mailing de fiscales con antelación, como si no hubiera interés en que asistieran a acompañar a la suerte.
Hay demasiados aspectos llamativos.
López Perrando fue el segundo de Stornelli en el ministerio de Seguridad Bonaerense. Llamativa elección cuando el caso más notorio que aguarda al Tribunal es el de su ex jefe.
André y Obregón pertenecen a la misma jurisdicción, Mendoza. Ambas se opusieron a que la Secretaría de Derechos Humanos se constituyera como querellante en juicios por Crímenes de Lesa Humanidad. André pidió la prescripción de una causa del INADI y la DAIA contra el banquero Raúl Pedro Juan Moneta por sus declaraciones antisemitas en un programa de televisión. Obregón, junto con una sobrina de Hugo Anzorregui, fue designada en 1997 sin concurso lo que motivó una protesta masiva de fiscales.
Paulucci fue uno de los fiscales subrogantes designados por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
El fiscal Eduardo Miragaya lo denunció por ello.
Miragaya es ahora uno de los más próximos colaboradores de Silvia Madjalani en la AFI, a cargo de la relación con el fuero federal.
En la investigación de Dolores, Stornelli está acusado de integrar una Asociación Ilícita con funcionarios de la AFI, por lo que Miragaya debería excusarse.
No será como la fortuna de Bonadío (dos veces cada mil millones de sorteos es la probabilidad matemática que calculó Adrián Paenza para que Cristina haya quedado encadenada a este contertulio del embajador Edward Prado en nueve de las diez causas que se le siguen) pero también deja mucho que desear.

Malas relaciones.
Irurzun es un vasco discreto, que escucha más de lo que habla, pero que tiene clara conciencia del berenjenal en que todos ellos están metidos. Debe extrañar a Horacio Cattani, quien antes de la enfermedad que lo apartó de la Cámara, le hubiera aconsejado no internarse por esos senderos poco aptos para gente de bien.
Son de ramas distintas de la familia judicial.
Glock viene del peronismo y más específicamente del grupo que hace tres décadas formaban José Luis Manzano, Germán Moldes, Carlos Corach y los hermanos Anzorregui.
Irurzun giró siempre en la órbita de la UCR, durante cuyo primer gobierno postdictatorial fue designado juez y luego camarista, y su hermano Santiago se hizo habitué de la Secretaría. Por ese entonces una información oficial anunció su nombramiento, pero fue de inmediato desmentida. Hay cosas que se hacen, pero no se dicen.
En 1990 Martín Irurzun produjo un hecho sin precedentes: allanó la SIDE y constató una interceptación ilegal a los teléfonos del asesor de la presidencia Alvaro Alsogaray. Tal vez ese antecedente haya sido considerado por Ricardo Lorenzetti, para encargarle por sorteo las escuchas que Macrì derivó de la Procuración General a la Corte.
La relación de Irurzun con Bonadío fue conflictiva durante el cuarto de siglo que compartieron en sus respectivos cargos. Glock fue designado juez federal en 1994, el mismo año en que Irurzun ascendió de juez a camarista, como cuota parte radical en el Pacto de Olivos, defendida en las mesas de negociación por Enrique Nosiglia.
Desde la sala II de la Cámara Federal, Irurzun revocó a repetición resoluciones de Glock, lo amonestó por irregularidades e insuficiencias, le ordenó medidas de prueba como si la Cámara fuera la instructora, y elevó las actuaciones al Consejo de la Magistratura, donde lo más desagradable que le pasó fue una multa. El peor juez del fuero, lo llamaba sin reparos.

El ariete.
Hasta que a partir de 2013 y por impulso extraterritorial, Glock se convirtió en el ariete contra la entonces presidente CFK. Irurzun lo respaldó desde la Cámara Federal. Por encima de ellos sostuvo el paraguas protector el Obispo de Rafaela, quien aún mandaba en la República Autónoma del Cuarto Piso.
Así comenzaron a acumularse causas en contra de la ex presidente y sus hijos, con más repercusión mediática que sustancia jurídica. El bipartidismo histórico cerró filas contra los vándalos del kirchnerismo que no respetaban los pactos preexistentes, ni con el Grupo Clarín, ni con el diario La Nación, ni con la Sociedad Rural, ni con la omnipresente SIDE, que reconvirtió en Agencia Federal de Inteligencia luego de despedir a su patrón.
Es a partir de entonces que comienzan a quedar a la vista las capas geológicas sedimentadas en la magistratura y entre los espías. Irurzun es hijo del juez Víctor José Irurzun, así como el padre del espía Hugo Rolando Barreiro, de sus mismos nombres, fue director de asuntos jurídicos de la SIDE en la década de 1990. Podrían llenarse páginas con ese tipo de lazos.

Cherchez la femme.
Por entonces, la mendocina María Alejandra Zizzias colaboraba con Roberto Dromi. Luego pasó a trabajar con el numen radical de Cambiemos, Ernesto Sanz, pero su relación principal en el presente es con el hombre de negocios vinculados con la justicia Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.
También es muy amiga del doctor Glock, con quien no se ve sólo en lugar y horario de tribunales.
Un dato no menor es que Zizzias fue la abogada elegida por el Grupo Macrì para reclamar las sumas que la familia presidencial entiende que el Estado le debe por la caducidad del contrato del Correo Argentino. Las causas penales por el vaciamiento del Correo están en el juzgado de Ariel Lijo.
El diario La Nación publicó una serie de notas con una información de minucioso detalle sobre los bienes del juez Lijo y de su hermano Freddy, el amigo de Zizzias. La abogada mendocina representó a Freddy Lijo en el divorcio con su exposa, Carla Lago.
Las relaciones entre los consortes separados no quedaron en los mejores términos. Lago denunció que los dos hermanos eran dueños del haras La generación, y el oficialismo abrió la investigación en el Consejo de la Magistratura, feliz de tener de dónde agarrar al juez del Correo.
El diputado de PRO, Pablo Tonelli fue el instructor, y cuando convino pidió que se cerrara el expediente sin sanciones para el juez porque no aparecieron papeles que le atribuyeran la propiedad del haras ni de los matungos. Pero se negó a extender la encuesta al conjunto de los bienes del magistrado.
El ritmo de avance de la investigación sobre el Correo sugiere que entre apretadores y apretados hay un metalenguaje común. Todos entienden de qué se trata, aunque para los observadores externos ese diálogo sea tan incomprensible como el trino de los pájaros.
A través de los Macrì, Zizzias también consiguió ser designada por el Hada Buena como síndica de Aguas Bonaerenses, la empresa que preside Rafaelle Sardella, miembro al mismo tiempo del directorio de Sideco. Pero hace ocho meses, Zizzias debió renunciar, ante una denuncia contra Freddy Lijo presentada por la Emperatriz del Oximoron, Elisa Carrió, quien defiende a Macrì para luchar contra la corrupción.
En ese momento se supo que Zizzias representaba a los Macrì en el Correo, pero también a Freddy Lijo en el fideicomiso Settimo Trust, por varios millones de dólares, en Nueva Zelanda. La cotización de su hermano Ariel creció, esta semana, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Comercial terminó por autorizar a la infatigable fiscal general Gabriela Boquín a peritar los libros de Sideco y Socma, las empresas de los Macrì, a las que el Correo Argentino transfería fondos pese a que está inactivo desde hace añares. Los avances de Boquín en la causa comercial pueden tener consecuencias penales en la de Lijo.
O no. Todo depende de la dependedura.

Éxtasis.
Cuando la oficina de escuchas judiciales fue transferida a la Corte Suprema, Lijo consiguió que Irurzun designara como director ejecutivo al secretario de su juzgado, Juan Tomás Rodríguez Ponte. Su esposa es la fiscal Alejandra Mangano, elegida para su confesión espontánea por el mercedino fiscal Bidone.
Los hilos que se cruzan entre todos ellos trazan un gráfico de relaciones que dejó en éxtasis al columnista de La Nación Carlos Pagni, un entendido.
Durante casi una década, Pagni estuvo procesado junto con sus compañeros de Ámbito Financiero en tiempos de Julio Ramos (Juan B. Yofre, Edgard Mainhard y Roberto García) por las escuchas ilegales que Yofre realizaba junto con el general Daniel Reimundes (el hijo del Dragón Verde, coronel Manuel Reimundes) y con el seprinador Héctor Alderete, que los otros consumían.
Una de las diversiones de Roberto García en la redacción era leer en alta voz las tiras de computadora con la transcripción de mis conversaciones telefónicas, como narró alguien que asistió a una de esas tenidas. Ya un ministro del presidente Raúl Alfonsín me había pedido que tomáramos determinadas precauciones para encontrarnos porque el presidente le había reprochado su contacto conmigo, exhibiéndole una grabación suministrada por Facundo Suárez, jefe de la SIDE. Estas cosas ocurrían antes de que Kirchner fuera intendente de Río Gallegos, su primer cargo público, y mucho antes de que les enseñara a los Macrì, los Roggio, los Rocca cómo se carteliza la obra pública.
La causa por las escuchas, que Yofre distribuía desde la sincera dirección electrónica Kristalnacht45@gmail.com, culminó con la nulidad que habían pedido los procesados, porque fue iniciada por dos agentes encubiertos de la SIDE que a su vez escucharon a los conspiradores, en violación de garantías constitucionales. Ese dato estaba en la primera foja del expediente, pero Arroyo Salgado lo descubrió diez años después, cuando la investigación estaba concluida y sólo restaban el debate y la sentencia. La Cámara de Casación se lo reprochó con énfasis.
Arroyo estuvo casada con el fiscal general Natalio A. Nisman y ambos formaban parte de la escudería Stiuso. Después de la muerte de su ex, la jueza designó como perito al ex jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, quien renunció a esa tarea cuando los directivos de la AFI Pablo Pinamonti, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas le encomendaron organizar el proyecto AMBA, una serie de subunidades de inteligencia en el conurbano bonaerense, junto con los comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi (hijo a su vez de un ex jefe de esa maldita policía).
Como le contó Marcelo Sebastián D’Alessio a Pedro Etchebest, el Hada Buena y Christian Ritondo pusieron el grito en el cielo y la patrulla avanzada regresó a base. Esta semana, Arribas y Majdalani negaron como era de esperar que alguno de los implicados tuviera dependencia orgánica de la Agencia. Pero admitieron que enviaron a dos funcionarios a reunirse con el juez Luis Carzoglio para preguntarle si ordenaría la detención de Pablo Moyano y qué previsiones de seguridad habría que adoptar en tal caso. Carzoglio replicó que no preguntaron sino que ordenaron en nombre de Macrì la detención del camionero y que incluso le enviaron la orden de detención ya redactada, que guarda en una caja fuerte.
¿A eso se refería Carrió?
Zizzias, Lago y Boquín no son las únicas mujeres con roles protagónicos en esta historia. A ellas hay que sumar a la abogada Giselle Robles, quien hasta agosto de 2016 fue la defensora de Leonardo Fariña, el imaginativo testigo protegido que dijo que los Kirchner se habían robado un producto bruto (es decir cinco veces más que toda la obra pública nacional realizada entre 2003 y 2015), sin que los bien preparados periodistas que lo interrogaron ni siquiera pestañearan. En una de las grabaciones que le tomó Pedro Etchebest, D’Alessio dijo que Patricia Bullrich pagaba 200.000 pesos mensuales por la defensa de este locuaz personaje, a quien los servicios de informaciones alimentaban con datos falsos para que enchastrara a terceros.
Fariña y su defensor, Rodrigo González, lo desmintieron. Por un lado no coincidían las fechas mencionadas por D’Alessio, quien además no era abogado. Pero el avance de la investigación en Dolores muestra que, aunque no estuviera matriculado, el hijo del titular de la consultora D’Alessio, Irol & Berensztein y sobrino del Escribano General del gobierno de Macrì participaba en las definiciones estratégicas de las causas en las que firmaba González.
Y su ex abogada Robles no sólo confirmó que el valijero cantor repetía un guión suministrado por el gobierno, sino que reveló que ese fue un acuerdo celebrado en persona por el ministro de Justicia Germán Garavano, en un encuentro en su despacho con Fariña y ella. Robles le dijo a Perfil y a Página/12 que la AFI le envió a Fariña por mail los lineamientos sobre los que debía ampliar su declaración indagatoria, con datos sobre la obra pública que involucraran a la ex presidente, tema sobre el que todo lo ignoraba. La letrada hasta conserva el chat con el ministro y los mails de la AFI, lo cual explica el tono despectivo con el que Carrió se refiere a él.
Robles se presentó al saber que Rolo Barreiro declaró que D’Alessio la había espiado cuando dejó la defensa de Fariña. El contacto con Garavano lo realizó el emprendedor gastronómico Luis Majul, homónimo del autor del libro Los dueños de la Argentina.
Garavano admitió la reunión, pero pretendió que fue para atender quejas de Fariña por el alojamiento que le dieron como testigo protegido. Robles cuenta, en cambio, que ante una inquietud de Fariña por los juicios pendientes, Garavano le anticipó que el gobierno se desembarazaría de los jueces Eduardo Freiler (fue destituido), Carlos Rozanski (renunció ante la inminencia de su destitución) y Daniel Rafecas (resistió los embates con el apoyo de numerosas personalidades e instituciones que se dirigieron al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura, avalando su labor como el mejor juez del fuero).
Como jefe de seguridad de Boca Juniors, Stornelli trabó lazos profundos con sus barrabravas, lo cual fue documentado en un programa de la televisión española, que Alejandra Dandan comentó aquí. En 2014, dos de los jefes de esa barra fueron juzgados por el homicidio de un vecino en un incidente barrial ocurrido en 2011. A Mauro Martín lo defendió Rodrigo González; a Maxi Mazzaro, Giselle Robles. Ambos fueron absueltos, porque hubo dudas sobre quien le pegó el golpe letal al vecino Ernesto Cirino.

Y con la Corte también.
Promiscuidad ya parece una descripción desteñida para esta trama de relaciones. Esa palabra evoca los humores y los aromas de la relación sexual, que a su vez connotan júbilo y placer, cuando aquí todo es oscuro y apestoso.
Entre los materiales secuestrados a D’Alessio y la confesión de Rolo Barreiro, se estableció que el espionaje se había extendido a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y al ex socio del primero, Gabriel Bouzat. En el acuerdo del jueves los jueces hablaron de formalidades, pero no se descarta que la procesión estalle más adelante. Bouzat confirmó como testigo que la nómina de entradas y salidas del país que le mostraron, coincide con muchos viajes que recuerda, sin bien aclaró que la repetición de Panamá se debe a que es escala habitual para vuelos a Estados Unidos.
Bouzat, pero también Rosenkrantz y Ricardo Gil Lavedra, están más pendientes de otra cosa: el inminente fallo de la Corte que disponga cómo debe pagar el Estado Nacional los 45.000 millones de pesos que adeuda a la provincia de Santa Fe, por los tres casos impositivos por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP. También regulará los honorarios de ambos estudios, que tomaron la tarea por contratación directa, en 2008.
Ese monto puede ser otro escándalo, en la Argentina de la mishiadura.

Mirar para otro lado.
Todo esto hizo que nadie prestara la menor atención a dos decisiones importantísimas de la Corte. Una de ellas terminó de desfederalizar la Justicia porteña, equiparada desde ahora a la de las demás provincias. La instancia decisiva no será ya la Corte Suprema de la Nación sino el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma, donde el alcalde Horacio Rodríguez Larreta tiene dos vacantes sobre cinco miembros. Elena Highton se opuso, porque como ex jueza civil no quiso enfrentar el malhumor de los jueces del fuero por esta decisión que consideran una capiti diminutio, ya que dejan de ser jueces nacionales. Rosenkrantz también votó en contra porque así crece en forma exponencial el poder de Daniel Angelici, el adversario de su amigo del alma, Fabián Rodríguez Simón.
A favor votaron los constituyentes del 94, Horacio Rossati y Juan Carlos Maqueda, y formó mayoría con ellos Lorenzetti, cuyas razones se filtran a través de la sangre que le brotó en el ojo cuando el golpe de palacio lo privó del poder que ejerció durante más de una década en soledad.
La otra decisión fue revocar el cese de la prisión preventiva de siete procesados por Crímenes de Lesa Humanidad, entre ellos el ex ministro de la dictadura Jaime Lamont Smart y el médico de la tortura Jorge Antonio Bergés. En este caso, Rosenkrantz se confirmó en su empecinado rol de minoría automática. En cambio Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti consideraron que el cese de la prisión preventiva de personas imputadas por la comisión de numerosos delitos de lesa humanidad configura un supuesto de gravedad institucional. También señalaron que la Cámara Federal de Casación se había apartado injustificadamente del criterio sostenido por la Corte en el precedente «Acosta», de 2012, y que en consecuencia se encontraban en riesgo los compromisos internacionales asumidos por la Nación respecto de estos delitos.
A diferencia de Brasil (donde el gobierno encomia el golpe de 1964), o Uruguay (donde el jefe del Ejército cuestionó la acción de la justicia en casos similares y su sucesor consideró que no violaba el honor castrense la tortura, asesinato y desaparición del cuerpo de un estudiante, como explica aquí el escritor oriental Andrés Alsina), los valores de Memoria, Verdad y Justicia están profundamente arraigados en la conciencia popular argentina y, en consecuencia, las instituciones no pueden ignorarlo.
Aunque no parezca, eso también ayudará a encontrar la salida del chiquero judicial-mediático-financiero.