Termina una espera

La nueva ley que regulará el uso de las columnas de las cooperativas pampeanas volverá a poner las cosas en su lugar. Las entidades solidarias se sienten aliviadas porque finalmente fue escuchado su reclamo y el Poder Ejecutivo hoy apura la sanción de la norma.
La actual situación de incertidumbre se inició hace seis años cuando el anterior gobernador se “apropió” de las columnas que son fabricadas, instaladas y mantenidas por el movimiento cooperativo y del cobro de canon por su uso por parte de terceros. En aquellos años tuvo lugar una disputa entre las entidades solidarias y el operador de TV por cable del Grupo Clarín y la administración de entonces, en lugar de respaldar a las empresas locales, terció a su manera, terminó beneficiando a la empresa foránea y, de paso, incrementó la recaudación del Estado a expensas de un bien cooperativo.
Hoy “se está recuperando algo que nunca se debió perder”, como dijo el titular de la Fepamco. Las cooperativas volverán a ejercer el control y el cobro a los eventuales terceros y la Administración Provincial de Energía ejercerá el rol de autoridad de aplicación.
Una circunstancia que añade preocupación es la llamada Ley Corta que está en discusión en el Congreso Nacional. Esa norma pretende obligar a que se ponga a disposición, casi sin condiciones, la infraestructura existente ante las grandes compañías que prestan servicios de telecomunicaciones, en un trato que está muy lejos de ser mutuamente beneficioso como señalan dirigentes cooperativistas.
La nueva normativa pampeana, al devolverle a las cooperativas su potestad para decidir sobre una infraestructura que han fabricado o pagado, establece un orden de prioridades y un sistema de control y autorización que nunca debió ser alterado.
La experiencia indica que en La Pampa no hay una asociación natural más provechosa que la del Estado y el movimiento cooperativo de servicios públicos. Esta ley de inminente sanción, que viene a reparar un desaguisado, es un gran paso adelante en ese rumbo.

¿Sirvió para algo?
¿Habrá servido para algo el calvario que atravesó Sergio García? ¿Algún juez o fiscal habrá tomado nota de lo que debió sufrir este ciudadano para recibir la indemnización que por derecho le corresponde? ¿Alguien, en el interior de la burocracia judicial, se estará preguntando acerca de las (muchas) cosas que no están funcionando bien? Esa carpa instalada durante dos años y 35 días debajo de los ventanales de la Ciudad Judicial, ¿habrá sensibilizado a algunos de los adustos magistrados que se sientan en sus sillones rodeados de libros que hablan de la mejor forma de “impartir justicia”? ¿Habrá alguna conciencia atormentada, alguien que por un minuto se haya puesto en los zapatos de este verdadero héroe kafkiano?
Las preguntas podrían seguir ad infinitum (nada más apropiado que el latín para hablar de la majestad de la Justicia) pero lo dejamos ahí por razones de espacio. Lo cierto es que ni todo el oro del mundo va a devolver la salud y la vida que el joven tenía “diez minutos antes del accidente”, como le dijo a un periodista de este diario. Y encima recibió la indemnización ocho años después de aquella tragedia.
El Judicial es el menos democrático de los tres poderes del Estado, el que más lejos está de la soberanía popular. Y cómo se nota. Sus señorías cobran los sueldos más altos de la administración pública; por un resabio monárquico sus cargos son vitalicios, y por si no bastara con esos privilegios sus regios estipendios están libres del pago del Impuesto a las Ganancias.
El sentido común indicaría que no les faltan estímulos para hacer funcionar a los tribunales con celeridad y eficiencia en beneficio de los ciudadanos que con sus tributos sostienen tan envidiable nivel de vida. Sergio García demostró que están muy lejos de devolverle al pueblo el mismo nivel de generosidad con que este los retribuye.