Tibia reparación

La decisión del gobierno nacional de considerar el mantenimiento de las tarifas reducidas del gas natural, las naftas y el gasoil para la Patagonia ha llevado alivio a gobernantes y gobernados de toda la región. También estaría indicando que en el Ejecutivo nacional empieza a hacerse ver cierta dosis de racionalidad y a abandonarse la cerrada postura inicial de castigar a todos por igual con el tarifazo que la Corte Suprema ordenó revisar.
Fueron muchas las voces que se levantaron para señalarle al gobierno que no podía aplicar igual tarifa a regiones tan desiguales. El peso del gas y los combustibles no es el mismo en las economías familiares del sur de las enormes distancias y el frío que del norte cálido y más amigable. Parece que ahora lo está entendiendo el gobierno al anunciar que no anulará la ley aprobada por el kirchnerismo el año pasado que establecía rebajas en los valores de aquellos combustibles.
El tan mentado, y pocas veces practicado, federalismo no se alimenta de frases altisonantes ni de apelaciones vacías. Los pampeanos lo sabemos muy bien cuando vemos cómo es tratada nuestra provincia en la lejana Buenos Aires. A pesar de ser una de las provincias que mantiene sus cuentas públicas saneadas y sin deudas, lo cual la convierte en una excepción en un panorama general dominado por jurisdicciones asfixiadas por los desmanejos y los endeudamientos, viene recibiendo de parte del gobierno central un evidente destrato. El presupuesto nacional 2017 no hace más que confirmar esa discriminación al omitir importantes obras públicas que habían sido acordadas en instancias previas, tal como lo denunciaron el gobernador y el ministro de Hacienda pampeanos.
En este triste panorama el mantenimiento de los subsidios a los combustibles podría operar como una suerte de tibia “reparación” para los desairados pampeanos. Eso sí, siempre y cuando se materialice en actos concretos lo que por ahora se mantiene en el campo de las intenciones.

Ventas en picada
En el noveno mes del año las ventas minoristas cayeron por novena vez consecutiva. Ni un solo mes se salvaron de esa firme tendencia a la baja que es una muestra cabal de la pérdida del poder adquisitivo de las familias argentinas. La caída en septiembre fue del 7,7 por ciento interanual en tanto el promedio mensual en lo que va del año es del 6,8 por ciento, en ambos casos medido no en efectivo sino en unidades vendidas.
El dato fue proporcionado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y aporta otro elemento de juicio que permite evaluar las consecuencias de las políticas económicas del gobierno nacional. Este hundimiento en el consumo popular no es otra cosa que uno de los efectos más visibles del llamado “sinceramiento” de la economía. Para la visión del macrismo, alto consumo es sinónimo de mayor inflación, de ahí que haya apuntado a deprimir los salarios para combatir el alza de precios sin atender a otras causas como la concentración de los principales mercados en oligopolios que tornan ficticia la declamada libre competencia.
Los únicos productos que se salvan de la caída son los que consumen las clases más pudientes: autos de alta gama, inmuebles o viajes al exterior. En tanto indumentaria, calzado, alimentos y electrodomésticos, entre otros, se deslizan pendiente abajo sin nada que los frene. Según reveló la CAME el derrumbre de septiembre fue incluso superior al de agosto pues todos los rubros, sin excepción, mostraron disminución en las ventas. Ese empeoramiento viene a desmentir las declaraciones optimistas de los funcionarios basadas en indicadores parcializados. La atención excluyente a las variables de la macroeconomía los hace olvidar de la situación afligente de las mayorías populares que se refleja en la firme y continua caída del consumo.

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