Tierra para vivir

El problema del acceso a la tierra urbana y, en consecuencia, a la vivienda ha dejado en evidencia la lentitud y hasta la inacción del Estado que por lo general corre detrás de los acontecimientos mostrando gran incapacidad de planificación. En Santa Rosa se vio en toda su magnitud el problema cuando el Plan Procrear encontró serias limitaciones para desarrollar todo su potencial a causa de aquella imprevisión y de la especulación inmobiliaria, un mal endémico que nació prácticamente con la misma fundación de esta capital.
Ahora son familias que se quieren radicar en Toay las que deben enfrentar la pesada estructura que tanto dificulta el acceso al terreno y la vivienda propia. Hace años que vienen buscando tierras disponibles, incluso a través de consultas a organismos gubernamentales para no entrar en conflicto con intereses particulares. Les ha resultado imposible y los ha enfrentado al entramado jurídico y al peso de la fuerte tradición que acepta la especulación con la tierra como un derecho inalienable de los poseedores aunque pueda significar un fuerte impedimento para el desarrollo de las comunidades. Esos “usos y costumbres” desafían hasta la propia Constitución provincial progresista que tenemos los pampeanos y que establece específicamente en su artículo 33 que “la propiedad debe cumplir una función social y su explotación conformarse a la conveniencia de la comunidad”. Incluso hay otros artículos que sería largo de citar aquí pero que con toda claridad profundizan este espíritu que se opone a la especulación con bienes como la tierra, entre otros.
La denuncia que hicieron pública ante los medios es muy grave, pues habla de una suerte de connivencia entre funcionarios públicos y operadores inmobiliarios privados. La agresión, realizada con violencia y en horas de la noche con uso de motosierras y, según señalaron, en compañía de personal policial revela un accionar que debería alarmar tanto a la población como a las propias autoridades municipales y provinciales.
La demora en abordar este grave problema, la inacción del Estado frente al mercado inmobiliario que impone sus reglas anteponiendo los intereses particulares a los generales, deriva en situaciones extremas como ésta y termina involucrando en una causa penal ante la Justicia a vecinos que solo quieren, como ellos dicen, “un pedacito de tierra para vivir”.