Jueves 28 de marzo 2024

Tirón de orejas

Redacción 27/04/2015 - 04.12.hs

Pasaron más de treinta años de la recuperación de las instituciones democráticas pero todavía persisten organismos del Estado y concesionarias de servicios públicos que piensan y actúan como si en el país viviera bajo una dictadura.
La Constitución Nacional desde la reforma de 1994, la normativa provincial y nacional, y las convenciones internacionales que tienen carácter de ley de cumplimiento obligatorio por la adhesión de nuestro país, establecen con absoluta claridad que el acceso a la información pública es un derecho de todo ciudadano. Y que las dependencias del Estado y las empresas que prestan servicios públicos están obligadas a brindar toda información requerida por un particular o un funcionario vinculada a documentación financiada por presupuestos públicos.
Dos diputados de la oposición habían requerido a la empresa Camuzzi y al gobierno provincial que informen sobre la prolongada demora en habilitar el servicio de gas natural en varios puntos de Santa Rosa y General Pico. El justificado -y desoído- reclamo de numerosos vecinos que se ven privados de ese servicio público esencial y deben recurrir a fuentes alternativas de calefacción mucho más onerosas, motivó la intervención de los legisladores. Pero como toda respuesta solo hubo silencio. Por eso acudieron a la Justicia y acaban de obtener un fallo favorable.
La negativa a brindar información sobre el funcionamiento de un servicio público comporta "una acción o una omisión ilegal", dice la sentencia. Establece que la demanda presentada es correcta y que tanto la empresa que tiene a su cargo la distribución domiciliaria del gas natural como el gobierno provincial no pueden seguir ocultando información.
La estrategia de ocultar datos o documentación que tienen carácter público es una rémora autoritaria que tarda en erradicarse. De ahí que no debe extrañar demasiado que nuestra provincia ocupe, entre sus pares, los lugares más bajos del ránking en materia de políticas públicas vinculadas a la información y ejecución de los presupuestos de la administración.

 

Mejor que prometer...
Otra vez el movimiento cooperativo eléctrico pampeano se vio en la necesidad de reclamar al gobierno provincial precisiones sobre los números del Pacto Eléctrico Federal que congela las tarifas del servicio de energía. Desde el Centro Cívico y desde Nación se había prometido más celeridad para evitar los contratiempos que padecieron el año pasado las cooperativas. En aquella oportunidad se demoraron injustificadamente los envíos de fondos para compensar a las entidades solidarias que mantuvieron los niveles tarifarios pero debieron afrontar el incremento de sus costos en un año que mostró un sustancial aumento del nivel de precios de insumos y salarios.
Esta vez se dijo que iba a ser diferente y que si se reiteraba la parsimonia del gobierno nacional, la Provincia iba a aportar los recursos económicos necesarios para que las cooperativas no pasen las mismas dificultades que debieron sufrir en 2014.
Pero ahora la dirigencia de la Fepamco volvió a advertir que hay que terminar de definir sin más demora los números a fin de que el mecanismo sea sustentable para las entidades, muchas de las cuales no están pasando por su mejor momento a causa, precisamente, de lo ajustado de sus presupuestos.
Esta forma de atender con tanta indolencia al movimiento cooperativo contrasta con los gestos amables que el candidato a gobernador por el jorgismo -y alto funcionario de esta administración- fuera a prodigar a la más grande y antigua de las entidades: la CPE santarroseña. En aquella oportunidad hubo un diálogo cargado de optimismo en cuanto a las relaciones entre ambas partes. Pero cuando las palabras deben dejar lugar a los hechos aparecen estos desencuentros inexplicables.
"Mejor que prometer, es realizar", solía decir el líder fundador del peronismo. ¿Se acordarán de esa sentencia sus seguidores en esta provincia?

 


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