Todas las causas van contra la ex presidenta Cristina Fernández

NISMAN, ATENTADO A LA AMIA Y SIGUEN LAS DENUNCIAS

La muerte del fiscal Alberto Nisman, y el atentado a la AMIA hace 22 años, son dos de las causas judiciales sin resolver en la Justicia argentina. Jueces que fallan contradictoriamente y todo ello, para acusar a la ex presidenta.
IRINA SANTESTEBAN
La causa por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman continúa su peregrinar, porque no se resuelve si fue un suicidio o un crimen, porque se planteó que debía pasar a la Justicia Federal, y porque, mal que le pese a la “corporación judicial”, la Justicia argentina está muy lejos de ser “independiente”.
Aunque todas las pruebas y pericias que se encuentran en el expediente, son concluyentes al afirmar que “no hubo otras personas” en el baño cuando el fiscal se disparó, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer del fiscal y madre de sus hijas, insistió desde el comienzo que la causa debía pasar a la Justicia Federal. ¿Su argumento? Que la muerte de Nisman fue un “magnicidio” y que, como se trataría del crimen de un fiscal federal, amerita la intervención de ese fuero de excepción. Sin embargo, sus argumentos son insostenibles, y así lo resolvió la Cámara de Casación Penal, por unanimidad.

Idas y venidas.
Durante todo 2015, el expediente se tramitó en el juzgado de la jueza Fabiana Palmaghini, de la Justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires. Luego de que Nisman fuera encontrado muerto en el baño de su departamento de la torre Le Parc, la investigación quedó a cargo de la fiscal Viviana Fein. Pese a los múltiples planteos de Arroyo Salgado, ambas funcionarias judiciales mantuvieron su decisión de no declinar su jurisdicción.
Sin embargo, Palmaghini cambió su criterio en febrero de este año, y sorpresivamente, cambió todo lo que había sostenido con anterioridad, declarando su incompetencia y resolviendo que el expediente pasara a la Justicia Federal. ¿Con qué fundamento? Con un presunto “hecho nuevo” consistente en que alguien habría abierto la computadora personal del fiscal y leído su correspondencia electrónica. Como eso es un delito federal, listo, entendió que la causa debía marchar hacia el edificio de Comodoro Py.
Sin embargo, la defensa del técnico en informática Diego Lagomarsino se opuso y apeló esa resolución. La Cámara del Crimen resolvió a favor del criterio de la jueza y mantuvo la decisión de que la causa debía tramitarse ante el fuero federal.
Pero Lagomarsino volvió a apelar, esta vez ante la Cámara de Casación Penal y los jueces Mario Magariños, María Laura Garrigós de Rébori y Daniel Morin, le dieron la razón, en un fallo del mes de junio, que consideró los argumentos de la jueza Palmaghini y de los camaristas, como “arbitrarios” y “contradictorios”.
La resolución de Casación adujo que no había definiciones ni hipótesis, para basar la decisión de que la causa deba tramitarse en el fuero federal. Y mandó a la jueza Palmaghini a completar la investigación para definir con claridad e identificar el delito, recomendándole, cual si fuera una estudiante, que no debía “distraerse” con cuestiones de competencia que sólo la conducían a “dilaciones indebidas”. Como conclusión, los jueces de Casación, expresaron que el planteo de competencia para que la causa pase a la Justicia Federal fue “infundado” y “palmariamente prematuro”.

Contradicciones.
Tenían razón a los jueces de la Cámara Casación, porque la jueza Palmaghini rechazó durante todo el año pasado los argumentos de la querella de Arroyo Salgado, que siempre insistió en que el expediente debía tramitarse en el fuero federal. Y luego, con las declaraciones, de dudosa veracidad, de los ex espías Horacio Stiusso y Alberto Moro Rodríguez, e invocando la violación de los correos electrónicos de Nisman, resolvió aceptando lo que venía negando durante meses.
Stiusso dijo en su primera declaración en 2015, que “no sabía” por qué se había suicidado el fiscal Nisman, pero cuando volvió a declarar, en febrero de 2016, cambió su posición, dijo que había sido un asesinato y culpó al gobierno de Cristina Kirchner. Moro Rodríguez, un ex agente de inteligencia y amigo de Nisman, ni siquiera estaba en el país cuando éste fue encontrado muerto en el baño de su departamento.

Insisten con la denuncia.
Derrotada la estrategia judicial de la querella de Arroyo Salgado y del grupo de los fiscales que marcharon un 18 de febrero para exigir “justicia”, la causa debía volver al fuero ordinario. La Cámara de Casación le ordenó a la jueza Palmaghini que continúe la investigación, para resolver, transcurrido más de un año y medio, las circunstancias de la muerte del fiscal. En ésta, todas las pruebas indican que “no hubo terceras personas” en el baño, en el momento que el fiscal se disparó con la pistola que le facilitara Lagomarsino.
La querella y muchos de los que hoy son gobierno, como la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, siempre argumentaron que la causa del supuesto crimen del fiscal era la denuncia que éste había formulado cuatro días antes contra la entonces presidenta Cristina Fernández y su canciller, Héctor Timerman. Esta denuncia había sido desestimada por una serie de magistrados, y centralmente acusaba a CFK de una supuesta conspiración, para salvar la responsabilidad de Irán en el atentado contra la AMIA de julio de 1994. Nisman planteaba que el Memorándum de entendimiento con ese país, aprobado en el Congreso para lograr que los funcionarios iraníes acusados pudieran declarar, era la prueba de la conspiración. En realidad, el argumento del gobierno, que fue ratificado por mayoría en el Congreso de la Nación, era sacar a la causa del estado de parálisis en la que se encontraba desde hacía años. La responsabilidad principal de esa demora era del propio Nisman, quien era el fiscal de la Unidad Amia, designado en ese lugar por el entonces presidente Néstor Kirchner, y quien contó con grandes recursos para la investigación.
Por esa razón, los familiares habían pedido en reiteradas oportunidades, que se lo apartara de la causa.
La denuncia fue finalmente archivada por la Cámara Federal, pero en los últimos días la DAIA y la AMIA, y algunas de las organizaciones de familiares de las víctimas, anunciaron su intención de pedir su reapertura al juez Rafecas.
En una causa conexa que lleva el juez Claudio Bonadío, contra el ex canciller Timerman, por supuesta traición a la patria, el magistrado aceptó a los familiares en el carácter de querellantes.

Cristina contraataca.
La ex presidenta salió a responder las acusaciones en su contra, a través de las redes sociales, calificando como parte de la “salvaje persecución judicial” que viene sufriendo junto a su familia.
Volvió a reiterar que la denuncia de Nisman “no tiene ni pies ni cabeza” y expresó que por eso fue archivada y rechazada por diversos magistrados.
En aquella oportunidad, a mediados de enero de 2015, en plena feria judicial, los magistrados María Servini de Cubría y Ariel Lijo fueron quienes no aceptaron habilitar la feria para recibir esa denuncia. Otro juez federal, Rodolfo Canicoba Corral fue más allá y acusó a Nisman de no avanzar en la investigación de la causa AMIA, que estaba bajo su exclusivo cargo, como titular de la UFI AMIA.

Por dos vías.
Además de las presentaciones de los dirigentes de la DAIA y la AMIA, el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, también se encuentra preparando un planteo de nulidad contra el fallo que archivó definitivamente la denuncia del fiscal Nisman contra la ex presidenta.
Le asiste razón entonces a Cristina cuando denuncia la persecución judicial, en relación a su actuar en la causa abierta hace ya 22 años, por un atentado que dejó 87 muertos, y sobre el cual se han tejido diversas hipótesis, incluso un proceso judicial que se demostró luego como un verdadero encubrimiento, que le costó la destitución y una causa penal al juez Juan José Galeano.
La pista iraní fue sostenida por las embajadas norteamericanas e israelí, sedes que eran asiduamente visitadas por el fiscal Nisman. Luego de su muerte se conoció que éste tenía cuentas no declaradas por 600 mil dólares, en el banco Merryl Lynch de Nueva York, juntamente con su madre Sara Garfunkel, también integrante de la querella.
Hoy el memorando con Irán ya no existe, una de las primeras medidas del presidente Mauricio Macri fue retirar la apelación a la decisión de la Cámara que lo había declarado inconstitucional. En consecuencia, la causa por el atentado sigue hoy sin un rumbo claro de investigación. Sin embargo, una parte de los familiares de las víctimas, la DAIA y la AMIA, en lugar de activar esa causa, están más preocupados por reflotar una denuncia contra la ex presidenta, que no traerá claridad a la investigación por el atentado.

Otras voces.
El Llamamiento Argentino Judío emitió un comunicado para rechazar lo que califica como “maniobras jurídicas instrumentadas por la DAIA, en complicidad los medios hegemónicos y funcionarios de la Justicia tributarios del neoliberalismo local”, para profundizar la persecución contra funcionarios del gobierno kirchnerista.
La organización critica a la institución judía porque insisten con reabrir la causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra a ex presidenta, siendo que ya hay un fallo judicial que la ha desestimado. Citan al camarista Jorge Ballesteros quien en la resolución había sostenido que se podía considerar el Memorándum firmado con Irán como “un fracaso de la diplomacia argentina, un error del Congreso, una desilusión para la investigación del atentado, pero no un delito”.
En el comunicado que firman Jorge Elbaum y Marcelo Horestein, Llamamiento Argentino Judío alerta sobre el rol jugado por la DAIA, que es una institución cuya única misión debería ser la de enfrentar la judeofobia, pero que en realidad es utilizada para la defensa de “intereses corporativos, de índole local y geopolíticos”, y advierte que gran parte de la colectividad argentino-judía impugna la pretensión inconsulta de representar a dicho colectivo.

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