Todo indica que a Lula lo fulminaron con proscripción

AUNQUE QUEDAN ALGUNOS RECURSOS JUDICIALES

En tiempo récord, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil votó para impedir que Lula da Silva pueda competir en las presidenciales. No dejan elegir libremente a los brasileños.
SERGIO ORTIZ
Los argentinos saben de la intromisión judicial en asuntos políticos y legislativos, y de persecución a una expresidenta, pero su capacidad de asombro fue desbordada por la actuación del máximo órgano electoral del vecino país.
Ese tribunal no iba a deliberar el viernes 31/8. En su agenda tenía varios temas atrasados. Ese día la defensa de Lula había entregado un documento de 200 páginas fundamentando por qué debía ser habilitado para competir en las presidenciales del 7 de octubre. Ese documento extenso y complejo demandaba un tiempo de lectura y análisis. Sin embargo el TSE metió el tema Lula en su agenda del viernes, como trámite express, sin que sus miembros pudieran haber leído el expediente de la defensa. Y en la medianoche del viernes 31 culminó la votación. Por seis votos contra uno se dictó la resolución antidemocrática: el candidato que el Partido de los Trabajadores no podrá estar en la competencia. Al PT le dieron diez días para que designe un reemplazo, que sería Fernando Haddad, quien en la fórmula estaba como vice.
Los que hablan sin saber, lobotomizados por Clarín acá y la Red O’Globo allá, dirán: “Lula está preso y fue condenado en dos instancias”. Una verdad menos que a medias. Está detenido en la Policía Federal de Curitiba desde el 7 de abril, pero las dos condenas fueron emitidas sin ninguna prueba. Sergio Moro, juez federal, dictó la primera sentencia a 9 años de cárcel, por supuestamente haber recibido un departamento triple en Guarujá pagado por la constructora OAS. Y luego el Tribunal Regional Federal 4, de Porto Alegre, aumentó esa pena a doce años y un mes de cárcel.
En ninguna de esas instancias se presentó ninguna prueba, papeles, firmas, videos, etc, que dieran credibilidad a la acusación de corrupción contra quien gobernó Brasil desde 2002 a 2010.
Además le quedaban al preso los recursos constitucionales ante el Tribunal Supremo de Justicia y de última ante el Supremo Tribunal Federal. Sólo cuando se agotaran esas apelaciones esas dos condenas habrían quedado firmes. Y allí se podía aplicarle la ley “de ficha limpia”, aprobada bajo gobierno petista, que impide participar en comicios a quienes cargan con dos condenas.
La defensa del expresidente argumentó eso: que no podían aplicarle la “ficha limpia” sin dejarle agotar la vía de los recursos. Ese es un punto nodal. El otro, que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había emitido el 30/8 una resolución reclamando que dejaran participar al preso. Brasil adhirió en 2009 a esos protocolos del organismo con sede en Ginebra y los letrados de Lula reclamaron respeto a esa resolución como propia del orden nacional. No les llevaron el apunte. Los chicanearon con que ese comunicado no era vinculante y que debía estar aprobado por un decreto del presidente. El traidor Michel Temer, que hoy convive amargamente con un 3 por ciento de popularidad, no firmaría algo así de ninguna manera, habiendo sido parte del golpe contra Dilma Rousseff, concretado el 31 de agosto de 2016, y de su continuidad con la proscripción de Lula, el 31 de agosto de 2018.
Razón del apuro.
Los miembros del Tribunal Supremo Electoral llegaron corriendo, con el apuro de los bomberos. Querían apagar el fuego de “Lula presidente” antes que empezaran a correr los avisos gratis en televisión y radio para los candidatos, para impedir que la figura y la palabra del petista, e incluso su nombre, tuvieran más difusión.
Esa masa brasileña sufre tres años de recesión, pérdida de empleos y pobreza, en medio de ajustes como los que acordó Temer y su ministro Henrique Meirelles, exbanquero internacional, con los y las popes del Fondo Monetario. Cualquier parecido con el ajuste de Mauricio Macri y Nicolás Dujovne no es mera casualidad.
Lula seguía creciendo, aún desde la sede policial donde está secuestrado de hecho. La tercera encuesta de Datafolha le aumentó 9 puntos su caudal electoral, llegando al 39 por ciento y superando al segundo, Jair Bolsonaro, del PSL, un exmilitar de ultraderecha admirador de la dictadura, que tiene un techo del 22 por ciento. Claro que si proscriben al casi seguro ganador, que podría imponerse incluso en primera vuelta, las chances de Bolsonaro aumentan. También las del oficialista Geraldo Acklim, del PSDB y en menor medida las de Marina Silva, de Rede, y Ciro Gómez, del PDT, de ir al balotaje.
No se debe dar por muerta la candidatura de Lula, quien puede ser reemplazado por Haddad, mucho menos conocido que su mentor, exministro de Educación y dos veces alcalde paulista. Pero no terminaron las persecuciones contra el PT, porque anteayer Haddad fue denunciado por corrupción por una fiscalía, por usar fondos de una constructora en su campaña en 2012 en San Pablo.
Tantas acusaciones contra este sector progresista no son casualidad. Intentan impedir que Brasil vuelva a tener un gobierno preocupado por los más pobres, aún con todos los límites de Lula y Dilma entre 2002 y 2016.
Pregunta final. Vista la proscripción de Lula, las violaciones a sus derechos, las restricciones de visitas en su celda de Curitiba, y la condena a pagar multas al Estado de 7,5 millones de dólares por las costas del proceso, etc, ¿no habría sido mejor que no se entregara a la policía? ¿No habría sido un mal menor asilarse en una embajada amiga, como la de Venezuela o la de Rusia, y hacer política desde allí? Es un recurso no querido, pero a veces no queda otra. Julián Assange y Edward Snowden debieron utilizarlo, perseguidos por los servicios de inteligencia imperiales y sus jueces amigos.