Todos miran a la municipalidad

Las autoridades municipales se encuentran bajo la lupa de los santarroseños por tres temas de evidente interés comunitario si bien de naturaleza distinta: la instalación de antenas en el espacio público, la implementación de una tasa diferencial contra los baldíos y la poda de árboles fuera de temporada que levantó una ola de protestas generalizadas.
Una nueva oportunidad se les presenta a concejales y Ejecutivo para revisar la ominosa ordenanza que en la práctica significa “privatizar” el espacio público para entregárselo a grandes corporaciones foráneas -nacionales y/o multinacionales- de las telecomunicaciones en desmedro de la cooperativa eléctrica santarroseña. El proyecto de un edil radical para reabrir el debate aparece como una ocasión propicia para desandar un camino tan errado. Los concejales peronistas instaron al intendente a dialogar con la CPE, lo cual está muy bien pero mejor estaría si se deciden, junto con su par de la UCR, a revisar la ordenanza sancionada con tanta y sugestiva velocidad.
La sombra de los lobbistas que anduvieron pululando en los despachos municipales sobrevuela en todo este asunto. El silencio del intendente y su renuencia a recibir a la cooperativa tampoco ayuda a disipar las sospechas públicas. Menos que algún funcionario hable de “igualdad de condiciones” entre las gigantescas compañías foráneas y la CPE como si para los santarroseños -en su doble calidad de contribuyentes a la comuna y de asociados a la cooperativa- fuera indiferente semejante retroceso neoliberal. Y como si fuera cierto que una entidad local sin fines de lucro pueda competir de igual a igual con los dueños del poder económico. Se está a un paso de traicionar la página más brillante de la historia de nuestra ciudad -la fundación y el sostenimiento contra viento y marea de la más grande empresa social y económica que crearan los santarroseños- y algunos actúan como si no pasara nada.
El otro tema -de características muy diferentes- que ha levantado voces airadas entre los vecinos es la muy tardía campaña de poda del arbolado urbano. La racionalidad que reclaman los habitantes de la ciudad ha estado ausente en el municipio al llevar a cabo una tarea absolutamente fuera de tiempo y que significa un gran sufrimiento para los ya muy castigados árboles del espacio público. Entre los que alzaron su protesta figuran especialistas que, por sus conocimientos profesionales, son voces autorizadas para opinar en la materia. Todos coinciden en señalar que el arbolado de la ciudad es un patrimonio común demasiado importante como para ser maltratado de tal forma y que las tareas de poda no pueden extenderse más allá del mes de agosto si se quiere hacer las cosas bien.
Por último, el tercer tema municipal que en las últimas horas vino a sumarse al debate público es una iniciativa que vendría a pagar una vieja deuda en materia de ordenamiento urbano: el combate a la especulación inmobiliaria y a la tierra improductiva. La ordenanza que se proyecta sancionar buscará desalentar el mantenimiento de baldíos mediante la aplicación de una tasa diferencial que debería actuar de disuasivo contra quienes acumulan estas propiedades ociosas que se valorizan con el paso del tiempo y con el esfuerzo ajeno. Es un problema añejo que las sucesivas administraciones comunales nunca se decidieron a afrontar con la energía suficiente. No faltaron iniciativas en el Concejo Deliberante pero, lamentablemente, tampoco faltaron vetos en el Poder Ejecutivo. Es de aguardar que esta vez sea diferente y que las prácticas especulativas con un bien escaso como lo es la tierra urbana -que en nuestra ciudad ha alcanzado valorizaciones disparatadas si se compara con otras capitales del país- comiencen a ser desalentadas.