Tormenta perfecta

La crisis económica que están sufriendo vastos sectores socioeconómicos está llegando al Estado. No podía ser de otra manera luego de haberse descargado sobre las espaldas de las mayorías un ajuste que no registra antecedentes en la historia del país. La devaluación del 40 por ciento y el brutal aumento de precios que acompañó esa medida -a pesar del pronóstico del equipo económico nacional que aseguró que ese efecto no iba a producirse porque los precios ya estaban “acomodados” al dólar paralelo- junto con el descomunal tarifazo de los servicios públicos y la apertura de la economía conformaron la tormenta perfecta que está haciendo naufragar preferentemente a asalariados, jubilados y Pymes, es decir, a quienes no pertenecen a la elite económica.
Tarde o temprano el Estado iba a acusar el golpe. Es lo que estamos viendo en nuestra provincia como lo acaban de reconocer el gobernador y el ministro de Hacienda. El primero lo dijo sin vueltas: “estamos muy ajustados”, y admitió que pese al pedido de auxilio de muchas comunas del interior “no hay recursos” para asistirlas. El ministro del área económica compartió ese diagnóstico al mostrar su preocupación por “la baja de la actividad económica” que se traduce en menor recaudación en Ingresos Brutos e IVA. De ahí la decisión para que el Instituto de Seguridad Social salga a desprenderse de reservas en el sistema financiero para afrontar el pago de sueldos y aguinaldos. La venta de esos títulos es consecuencia de que el tesoro provincial “no pudo hacer el aporte de financiamiento requerido”, en palabras del ministro, para afrontar esta obligación ineludible con los trabajadores del Estado provincial. Este desprendimiento de activos es un síntoma evidente de la estrechez que sufren las cuentas públicas.
Ante una pregunta del periodismo el gobernador se mostró agradecido con el Presidente de la Nación por un reconocimiento de la deuda causada por el déficit de las cajas previsionales, pero a renglón seguido aclaró que “todavía no pagó” y que acordó con el ministro del Interior una liquidación en tres cuotas hasta casi fin de año.
Este oscuro panorama económico tiene consecuencias en el campo de la política. La fragilidad de las finanzas se traduce en debilidad en el marco de las negociaciones nacionales. Ahí están los diputados y senadores pampeanos prestando su consentimiento a los proyectos legislativos que demanda el gobierno nacional. Primero fue el pago incondicional a los fondos buitre. Ahora este adefesio jurídico llamado “ley ómnibus” que mezcló reclamos jubilatorios con blanqueo de capitales, modificaciones tributarias sustanciales y la apetecible caja de la Anses. Su sanción en Diputados tuvo el apoyo de los pampeanos. Lo mismo ocurrió en el Senado con el respaldo a los dos postulantes del macrismo a la Corte Suprema, a pesar de que había muchos otros proyectos que impulsaban la ampliación de sus integrantes y la incorporación de juezas mujeres a fin de equilibrar la composición de género del alto tribunal como lo vienen reclamando, y con razón, muchas legisladoras y magistradas de todo el país y de nuestra propia provincia.
Como dudoso consuelo puede decirse que esta difícil situación no afecta únicamente a La Pampa. Las provincias argentinas, en su mayoría, están fuertemente condicionadas por las penurias que atraviesan y la alta dependencia de las remesas que esperan de Nación para aliviar sus necesidades económicas. Semejante debilidad quiebra cualquier asomo de resistencia cuando se les exige el apoyo en el Congreso nacional en trueque por una ayuda monetaria.
Con sus medidas económicas, el gobierno nacional afectó sensiblemente la poca autonomía que ya tenían las provincias. Y éstas se han vuelto aún más necesitadas de recursos para atender las secuelas de la crisis. Rehenes de este círculo perverso, sus diputados y senadores nacionales mueven sus manos al ritmo de la música que ejecuta el macrismo.

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