Tormenta judicial

Fuertes vientos soplan hoy sobre el territorio del Poder Judicial. No podía ser de otra manera en tiempos en que la política viene abriéndose paso, arduamente, entre los poderosos intereses económicos y corporativos que siempre prosperaron impunemente en nuestro país.
El epicentro de estas convulsiones es Buenos Aires. La capital es el centro político-institucional más activo del país y en donde los debates adquieren mayor relieve. Figura estelar en este escenario es el entramado de los grandes medios de comunicación porteños, encolumnados en una oposición feroz al gobierno nacional. Con su capacidad de simplificar y trivializar la realidad, de imponer criterios de sentido común, de colonizar audiencias han demarcado la cancha y colocado la camiseta de "buenos", a unos, y de "malos", a otros. Si un juez o un fiscal investiga a un funcionario público se lo proclama héroe nacional. Si se mete con el poder económico, se lo cataloga como una marioneta del kirchnerismo.
Esa clasificación, a tono con los intereses puestos en juego, está en perfecta sintonía con las operaciones que despliegan a diario los medios hegemónicos porteños que buscan demoler al gobierno nacional y beneficiar a los candidatos de la oposición en estos tiempos preelectorales.
En ese marco deben entenderse el procesamiento de dos fiscales, los allanamientos a la titular de la Procuración General de la Nación y, como contracara, la absoluta impunidad que goza una jueza que fue pareja y hasta garante de un narcotraficante condenado a veinte años de prisión. La citación al ministro de Justicia a pocos minutos de tratarse en el Congreso el nuevo Código Procesal Penal por una causa que se remonta al año 2008 es otro caso paradigmático, como lo es la reticencia de no pocos jueces a investigar el lavado de dinero denunciado por la AFIP que involucra a miles de cuentas en Suiza sin declarar al fisco.
También la filtración de información a la prensa desde los tribunales es minuciosamente selectiva. No hay día en que no se hable de las investigaciones a Lázaro Báez por lavado de dinero; pero nunca se menciona que, por el mismo delito, están siendo investigados los dueños del grupo Clarín.
Ahora se conoció que hubo reuniones de jueces -de dudosa legalidad- que acordaron "resistir" lo que consideran "embates" del poder político, acelerando o promoviendo causas contra figuras del gobierno. Los aplausos que cosechó un magistrado muy discutido -integrante del staff de los jueces de la servilleta del menemismo- en la cena del Colegio de Magistrados porteño es muestra cabal de los alineamientos corporativos.
La oposición al nuevo Código de Procesamiento Penal por parte de muchos jueces que entienden que se le recortan poderes es otra manifestación. No importa que el sistema acusatorio sea mucho más eficiente que el inquisitorio, lo que mueve a muchos togados a posicionarse y actuar es una defensa de la "familia judicial" cerradamente corporativa.
En la vereda de enfrente, la agrupación Justicia Legítima, acaba de desplegar gruesas críticas contra el sesgo conservador de muchos integrantes del Poder Judicial. Ese colectivo advierte que "los lazos que vinculan a miembros de la Justicia o a sus familiares con organizaciones y grupos poderosos e influyentes son apenas síntomas de un entramado perverso que ya no puede ser ocultado si queremos construir un servicio de justicia que nos incluya a todos".
Hoy la atención se posó sobre un poder que no está, como los otros dos, sometido al escrutinio popular. Muchas voces piden revisar los postulados que determinan, entre otros temas, la designación y duración de los mandatos de los funcionarios judiciales. Ya no alcanza con enarbolar una supuesta "independencia"para justificar el principio monárquico de la eternización en los cargos. Por no hablar del irritante privilegio de evadir el Impuesto a las Ganancias que sí pagan asalariados con sueldos muy inferiores.