Un ahogo a las voces disidentes

Alentado por su reciente triunfo electoral el gobierno del presidente Mauricio Macri parece decidido a emprender un camino tan riesgoso para la institucionalidad como para la vida democrática del país. Resulta notable que, por su misma índole y protagonistas el caso no ha tenido gran trascendencia pero comienza a ser advertido por los perjudicados. Es que se trata, nada menos, que de la distribución de la pauta publicitaria a los distintos medios de prensa, entendiendo por tales también a la oral y televisiva.
Las informaciones más recientes emitidas por la Jefatura de Gabinete y tomadas de las páginas oficiales, evidencian un manifiesto favoritismo en lo que va del año para con los medios afines al gobierno, incluso los de escasa incidencia o mínimo conocimiento dentro de la opinión pública. Por el contrario aquellos que son críticos con la política nacional aparecen claramente relegados, por más que sus índices de audiencia o venta sean considerables.
La discriminación, ya de por sí manifiestamente injusta, roza el asombro si se considera a algunos medios no en forma individual sino como integrantes de grupos económicos, donde la sumatoria alcanza cifras insólitas, máxime si se las compara con las otorgadas a los medios no afines al gobierno.
El hecho está lejos de ser casual y rompe con los ya de por sí arbitrario criterios al respecto enunciados por el gobierno macrista meses atrás, en los que campeaban ítems como circulación, alcance y áreas cubiertas por medios de prensa, criterios de los que subrayaba su pretendida objetividad, desmentida ahora por los hechos. A la circunstancia se suma un irritante antecedente: la no distribución de un diario opositor a los pasajeros de la aerolínea nacional.
Una postura gubernamental tan manifiesta tiene, también, un efecto de rebote sobre la publicidad privada, especialmente en lo que hace a las grandes empresas, que de un modo u otro buscan la complacencia oficial. En un país como el nuestro, prácticamente en retracción económica, carecer de esos aportes pone a cualquier medio en trance de desaparecer.
¿Cuál es el propósito del gobierno macrista al adoptar una actitud semejante? La respuesta parece obvia: eliminar cualquier tipo de información que no sea favorable a las autoridades, algo así como una censura indirecta que se parece bastante a un proceder dictatorial. Es posible que, en las actuales circunstancias políticas la jugada conlleve un riesgo que el gobierno corre sin una necesidad manifiesta, salvo que las críticas y revelaciones de esa prensa opositora estén dando a conocer hechos y acciones que puedan perjudicar seriamente rumbos gubernamentales o posibilidades eleccionarias, algo desmentido por los comicios recientes.
Las críticas que han comenzado a surgir ven en esa injusta distribución de la pauta publicitaria oficial ni más ni menos que un pago encubierto a la eficaz acción de los grupos económicos y comunicacionales que, indudablemente, ayudaron a moldear la opinión pública desde la asunción del gobierno de Cambiemos.
Sin embargo ese proceder, torpe si bien se mira, ya ha generado una reacción digna de ser tenida en cuenta: un nutrido grupo de trascendentes artistas e intelectuales del país, convencidos de que se trata de una clara jugada antidemocrática destinada a ahogar las voces disidentes, ha comenzado a manifestar su disconformidad en distintos medios. La solidez de sus argumentos y la trascendencia que tienen en su actividad hace que se los escuche con atención e incremente el carácter claramente controversial de la medida en cuestión.