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Un apoyo oportuno

La Corte Suprema de Justicia tomó en la semana una medida administrativa que impactó de lleno en los desesperados intentos del gobierno de detener la investigación sobre la red extorsiva y de espionaje ilegal integrada por servicios, fiscales y periodistas con conexiones con potencias extranjeras. Impulsada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el máximo organismo decidió en la semana aprobar el pedido de más recursos que realizara el juez federal Alejo Ramos Padilla, encargado de la investigación que se inició con el intento de extorsión que involucra a uno de los fiscales más funcionales al gobierno y con más conexiones con la prensa dominante.
La CSJ ha autorizado ahora al juez a nombrar dos auxiliares para colaborar con él en la investigación y le ha puesto a disposición un automóvil. Dos pedidos nada extravagantes pero que, en su simple autorización, trasunta un firme desafío al intento del Poder Ejecutivo de interferir en la justicia por motivos inconfesables. El juez había denunciado en su exposición ante los legisladores que a la falta de recursos se le suma la negativa del Servicio Penitenciario Federal, organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo, para trasladar presos a su juzgado alegando «falta de combustible».
La decisión de la Corte es, por eso, una clara respuesta del máximo organismo judicial a la embestida que el macrismo emprendió esta misma semana contra Ramos Padilla, ingresando en el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político. Todo indica que el trámite está destinado a fracasar por falta de votos en el pleno de ese organismo de control de jueces. Pero la intención no es ésa, sino la de meterle presión al magistrado para desgastarlo, sacarlo de la causa y enviarla a un juzgado amigo.
Esa estrategia es la que le dio resultado al gobierno con el operativo mediático-judicial que le iniciaron a la ex procuradora general de la Nación, a quien le endilgaron una inverosímil historia de corrupción que, meneada todos los días por los medios con noticias falsas y engañosas, minó el ánimo de la funcionaria que dejó su cargo pese a que la Constitución y la ley le daban el carácter de inamovible. Automáticamente, cesó la campaña periodística y los ataques del gobierno desnudando su mero carácter extorsivo.
Ahora prueban nuevamente el método que tanto resultado les dio para colocar un procurador obediente a sus intereses políticos.
Pero se han encontrado con un juez que además de intachable en su desempeño público, es sobresaliente en las causas que ha tenido a cargo y, encima, ha logrado los más altos puntajes en los concursos en los que se ha presentado, a tal punto de ser calificados sus exámenes como «brillantes» por los jurados que intervenían en la selección.
El delito que intenta imputar el gobierno para sacar de la causa que tanto le preocupa al juez es el cumplimiento de su deber de informar a los diputados de la trascendencia de la investigación que lleva adelante. El juez concurrió al Congreso para poner en tema a la comisión de Libertad de Prensa que lo citó porque entre los integrantes de la banda desarticulada de espías y extorsionadores hay un notorio periodista del establishment más cercano a Cambiemos.