Un cambio necesario

El reciente decreto por el cual el gobernador de la provincia ordena al fiscal de Estado que inicie acciones judiciales con la finalidad de lograr la creación del comité de cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó sorprende favorablemente por dos aspectos: la integralidad en el enfoque del problema y la evidencia de un cambio de actitud gubernamental al respecto.
Va para un siglo que, ya con el país constituido, lo que fue el Territorio Nacional de La Pampa primero y la provincia después, sufren impunemente el saqueo de sus recursos hídricos sin que las provincias arribeñas atiendan demanda alguna, ni tampoco la Nación, a quien se supone ordenadora de un país federal. Los reclamos presentados han sido innumerables y efectuados por diversas vías, pero nunca hubo respuestas concretas. Con el transcurrir del tiempo, muchas de las administraciones provinciales adoptaron una actitud de resignada aceptación, creyendo que finalmente obtendrían, sin lucha, resultados positivos. El tiempo se encargó de demostrar cuán equivocada fue esa estrategia de pasividad. El ejemplo de la subcuenca del Atuel con la inútil CIAI y los convenios fracasados con Mendoza son un cabal ejemplo.
El nuevo decreto llama a las cosas por su nombre al acusar a los entes políticos -Nación y provincias- de ser responsables del desastre ambiental generado, y al destacar lo absurdo e inconcebible que la mayor cuenca hídrica del país (más de un cuarto de millón de kilómetros cuadrados, una superficie tan grande como Italia) carezca de un ordenamiento mínimo en el manejo de sus escurrimientos fluviales y haya creado en el tramo inferior de la cuenca enormes problemas ambientales que afectaron considerablemente la actividad humana.
Es que al hablar del Desaguadero-Salado-Chadileuvú hay que tener presente que originalmente era un curso que alimentaba grandes humedales en todo su trayecto, tanto en el tramo superior como en el medio e inferior: se trata de las lagunas de Guanacache, los bañados del Atuel-Chadileuvú y el sector lagunar de Puelches. Esas enormes zonas palustres sumaban miles de kilómetros cuadrados que no sólo influían en el clima sino también en la economía agraria y en la pesca.
El manejo arbitrario y deficiente de un río colector que se extiende por más de mil kilómetros se torna más gravoso aún cuando se advierte que su curso discurría a lo largo de buena parte de la diagonal árida argentina. Con un aprovechamiento racional y consensuado de sus caudales y los de sus afluentes (como el del Atuel, que tan de cerca nos toca), los beneficios hubieran sido múltiples y compartidos. Recuérdese que en alguna época hasta se lo pensó como una vía fluvial de salida del interior del país hacia el mar, una idea que no prosperó en un país con escasa tradición en ese tipo de transportes. Es llamativo, también, que quienes supuestamente atienden los problemas de la geopolítica nacional hayan despreciado la posibilidad fluvial que ofrecía un aprovechamiento racional del Desaguadero-Salado-Chadileuvú.
De allí entones la validez del reciente decreto que no duda en señalar a las provincias arribeñas, fundamentalmente San Juan y Mendoza, como responsables de una situación “que no se ha visto modificada” pese a los reclamos, denegando hasta un mínimo caudal ambiental que atenúe los daños y atienda “el derecho humano al agua y a un medio ambiente equilibrado”.
El reciente pronunciamiento de la Procuración General de la Nación, justificadamente favorable a La Pampa, parece haber preocupado a las provincias de aguas arriba que, ante la inminencia de resoluciones favorables a la creación de organismos de cuenca, súbitamente pretenden promover conversaciones bilaterales entre provincias, metodología que siempre desdeñaron o empujaron al fracaso. La historia y el esperanzador avance de la vía judicial, demuestran que esa oportunidad política ya se ha perdido.

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