Un caso judicial y el derecho a la vivienda

No la tendrán nada fácil los jueces que deberán decidir el destino de casi una treintena de personas, integrantes de un colectivo autodenominado “Chakra Raíz”, acusados de cometer el delito de usurpación por ocupar unos terrenos fiscales en Toay.
Si se le pregunta a cualquier abogado, la respuesta automática será que nuestro sistema protege la propiedad privada, y que el delito de usurpación es una consecuencia directa de esa protección. Sin embargo, no es menos cierto que la Constitución también habla de la función social de la propiedad, y reconoce las particularidades culturales de los pueblos originarios que incluyen la propiedad colectiva de la tierra. Y también es cierto que nuestra legislación civil prevé a la ocupación continuada y pacífica de un terreno como un medio de acceder a la propiedad (“usucapión”, la otra cara de la usurpación).
El colectivo que hoy está siendo juzgado, está compuesto de personas que en otras épocas hubieran sido denominadas “hippies”. Pregonan la vida en contacto y armonía con la naturaleza, en comunidad, la autosustentabilidad alimentaria, y en términos generales, el amor como filosofía y regla de conducta. La mitad de sus integrantes son niños, vale decir, estamos hablando de familias. El nombre que se adjudicaron no carece de ingenio: “chacra” puede significar, entre nosotros, el equivalente a “quinta”, o cualquier extensión pequeña de terreno suburbano cultivable; pero también, para el hinduismo, “chakra” designa a los centros energéticos presentes en el cuerpo humano, los mismos que emplean la acupuntura y la dígitopuntura.
La comuna toayense, que fue quien inició la resistencia a esta ocupación, aduce que los terrenos fiscales en cuestión estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. Los ocupantes, por su parte, retrucan que, precisamente, lo que están haciendo es procurarse una vivienda -sin costo de construcción para el Estado- al tiempo que garantizarían, con su forma de vida, la preservación del medio ambiente en ese pedazo de ecosistema en los médanos de Toay.
El caso plantea varios desafíos, no sólo para la justicia, sino para todo el Estado. Cabe preguntarse, por ejemplo, si quienes optan por este sistema de vida alternativo, no deberían tener los mismos derechos que los pueblos originarios, a quienes se ha garantizado, bien o mal, un derecho similar a la ocupación colectiva de tierras “fiscales”. Cabe preguntarse, también, si los barrios otrora llamados “Fonavi” son realmente la única -o la mejor- solución para el problema habitacional. Cabe preguntarse, también, si la resistencia a la instalación de este tipo de comunidades alternativas no esboza un componente discriminatorio.
Para los jueces penales, además, no será fácil tipificar el delito de usurpación en el caso. Nadie está reclamando aquí un derecho individual de propiedad por la fuerza. Como en Fuenteovejuna, los responsables son todos. Si a esto le sumamos que se trata de una comunidad fluída, cuyos integrantes van variando, y la presencia de niños en el lugar, la situación se transforma en un dolor de cabezas jurídico.
Evidentemente el caso excede, con creces, el marco de una causa penal. Hay un teléfono sonando en las oficinas estatales encargadas del bienestar social y de la minoridad, cuya ausencia hasta ahora aparece incomprensible. El caso exige una solución global y creativa. Sin que se justifique temor alguno, ya que, si algo enseña la historia, es que este tipo de movimientos no genera ningún riesgo para la permanencia del sistema capitalista.