Un caso testigo

“Quien no tiene expectativas no será defraudado”, reza una antigua sentencia taoísta que acaba de mostrar su vigencia a pesar del paso de los milenios. Ningún pampeano medianamente informado esperaba algo distinto a lo que finalmente ocurrió con las reuniones de la CIAI. El plazo fijado por la Corte Suprema venció sin que La Pampa, Mendoza y Nación llegaran a un acuerdo sobre la cantidad y calidad de agua que debe regresar por el cauce seco del Atuel.
Sin embargo a pesar de este nuevo fracaso de la “vía diplomática” puede decirse que no todo ha resultado negativo, ya que los hechos -no los discursos- son los que vuelven a demostrar una vez más que la cerrada actitud mendocina es la que ha impedido a lo largo de tantas décadas que el río robado vuelva a correr por el territorio pampeano. Hoy los jueces de la Corte tienen en su mesa de trabajo un ejemplo concreto, un caso testigo, representativo de la larguísima historia de reclamos desoídos, de indiferencia ante el drama del desierto fabricado por la mano del hombre.
Estas pocas reuniones llevadas a cabo en un lapso reducido, apenas unas semanas, reproducen a escala más pequeña, a la manera de un atlas, lo que ocurrió durante más de medio siglo de persistir en intentos que nunca lograron quebrar la contumacia cuyana ni la indiferencia de Nación, corresponsable de la tragedia pampeana. Sintiéndose dueña absoluta del agua, Mendoza se permitió hacer oídos sordos ante las súplicas y nunca abrió las compuertas de Los Nihuiles, una obra realizada con recursos del tesoro nacional. Así se desertificaron miles de kilómetros cuadrados en lo que constituye la mayor catástrofe ambiental provocada sobre suelo argentino.
Ahora deberá resolver la Corte Suprema y en esta instancia sí los pampeanos tenemos depositadas nuestras esperanzas. La evolución de la legislación ambiental ya no permite que un recurso natural compartido por dos o más jurisdicciones sea apropiado por una de ellas en su exclusivo beneficio lesionando los derechos de las restantes. Lo que también se espera es que el acto reparador de la justicia llegue en un lapso prudencial porque el paso del tiempo en las actuales condiciones no hace más que agravar el inmenso daño provocado.

Barrera anacrónica
La fuerza de los hechos se está imponiendo por sobre la burocracia al demostrar que la barrera del Colorado para la carne con hueso pampeana es un anacronismo. A tal punto que el puente que atraviesa el río por La Adela ha sido calificado, con gracia y a la vez con certeza, como un “colador”. Desafiando las disposiciones burocráticas, los usos y costumbres vienen mostrando que más que una barrera sanitaria el límite entre las provincias de La Pampa y Río Negro es una aduana comercial, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. La ausencia de brotes de aftosa o de otros problemas sanitarios pone en evidencia esa situación a la vez que lleva tranquilidad a los pobladores rionegrinos que prefieren la carne pampeana por su calidad y precio. Así de simple.
Los que más vienen remando en favor de estas medidas proteccionistas son los productores de la provincia vecina que pretenden hacer del Colorado una muralla comercial antes que una vía de comunicación. Si esa exigencia fuera implementada en otras regiones del país con otras producciones el territorio nacional quedaría fragmentado en una infinidad de ínsulas recelosas entre sí, un verdadero disparate.
Por otro lado, el desmantelamiento del Senasa que comenzó a implementar el gobierno nacional y las medidas que fuerza que iniciaron los trabajadores ante los despidos masivos, está resintiendo visiblemente los controles, sin que por ello se hayan registrado episodios sanitarios por el tráfico de carne. Otra evidencia de que las razones para bloquear el paso de la carne con hueso pampeana son, básicamente, de carácter político.