Un convento de la Edad Media

El singular suceso ocurrido la pasada semana en Nogoyá, Entre Ríos, vuelve a poner en tela de juicio ciertas prácticas internas de la Iglesia Católica, algunas de ellas que se creían abandonadas desde hace mucho tiempo. Es que el allanamiento de un convento de monjas de la orden de las Carmelitas Descalzas por parte de funcionarios judiciales y policiales causó consternación, tanto por la índole político-religiosa del mismo como por las circunstancias que dieron lugar a esa medida que fue resistida por las autoridades del monasterio al punto que, para ingresar, la comisión debió derribar la puerta de acceso.
El insólito hecho se originó en la denuncia que, a través de un semanario entrerriano, efectuara una ex interna del cenobio que dio cuenta “de una situación de castigos físicos contra las religiosas y un régimen durísimo de disciplinamiento con sesiones de autoflagelación”, según el testimonio. En el procedimiento judicial se secuestraron látigos y cilicios. Estos últimos son instrumentos consistentes fajas con púas internas que sirven para la autoflagelación.
A esas directas agresiones a la carne se sumaban otras prácticas de crueldad tales como obligar a las internas a andar descalzas en invierno y vestir ropas abrigadas en verano. Las instalaciones, como es de suponer, eran espartanas y estaban prohibidos los espejos, llegándose al punto de castigar a quienes osaran observar su imagen en un vidrio. A las puniciones físicas se unían las psicológicas, sostenidas por un estricto voto de silencio.
El escenario de pesadilla descubierto remite a los momentos más oscuros de la Edad Media cuando el fanatismo religioso engendró las aberraciones más escalofriantes en materia de sufrimiento corporal y penitencias. El presente caso adquiere mayor gravedad debido a que las autoridades religiosas -el propio obispo, de quien depende la orden- pretendieron restarle importancia y buscaron ampararse detrás de argumentaciones inadmisibles. Por un lado cuestionó el allanamiento tras la denuncia en razón de que “hay instancias de diálogo que son mucho más fáciles. Podía ir el fiscal a tocar timbre y actuar de una manera más pacífica” sostuvo sin ruborizarse. También se permitió cuestionar el procedimiento judicial porque “fue como allanar una embajada” y como tal previamente “pudo haberse comunicado al señor nuncio, ya que el convento es una zona especialmente protegida por el Papa” (lo que implicaría una excepción a la ley argentina). Enfatizó que quienes llevaban a cabo esas dolorosas rutinas eran personas mayores que no estaban retenidas contra su voluntad.
El escándalo ya trascendió las fronteras del país y puso en evidencia que algunos de los sectores más conservadores de la Iglesia gozan de buena salud, pese a la mirada progresista del nuevo pontífice. Por lo demás la contumacia del obispo es alarmante: defendió que las internas solo podían bañarse una vez por semana y que el uso de los dispositivos de tortura como los cilicios se usaban “solo los viernes por un ratito”. Tampoco se privó de defender la “libertad” de las monjas para decidir sobre “sus actos privados” los cuales “no están tipificados por la ley”.