Un debate que parte aguas

El viejo problema de los ríos pampeanos ha regresado a la arena política con un vigor nunca antes visto. Son muchos los factores que le devolvieron una presencia fulgurante: el nuevo juicio ante la Corte Suprema, la sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, la resolución favorable de, nada menos, las Naciones Unidas, el regreso de grandes caudales por el Atuel y el Salado, la reciente reunión del gobernador pampeano y la vice mendocina en el ámbito de Nación, por mencionar los más trascendentes. Ahora se conoció el convenio para que la Universidad de La Pampa evalúe el informe de impacto ambiental que debe presentar Mendoza ante el Coirco como requisito indispensable -y previo- al inicio de las obras en Portezuelo del Viento.
Pero también es notable el hecho de que al calor de esta creciente agitación política está desplegándose en nuestra provincia un debate que parte aguas entre quienes ven con buenos ojos la construcción de aquella presa sobre el río Grande, principal tributario del Colorado, y quienes se oponen a ella. Es muy interesante analizar lo que dicen unos y otros.
Quienes apoyan la construcción del embalse argumentan que está incluído en el Tratado del río Colorado, que tiene rango de ley nacional. Afirman también que toda obra hídrica sobre un río favorece la regulación de sus caudales, atenuando los efectos negativos de sus ciclos de excesiva abundancia o escasez de agua. Esa es la función que cumple, por ejemplo, Casa de Piedra en el tramo medio e inferior de la cuenca. Incluso el trasvase de caudales del Grande al Atuel está contemplado en aquel acuerdo interprovincial, aunque sujeto a una cesión -simultánea- del río Negro al Colorado para compensar aquella extracción en el tramo superior del sistema.
En la otra orilla, quienes se oponen a la construcción de Portezuelo del Viento dicen no desconocer las razones jurídico-políticas y los beneficios hídricos que sustentan la obra. Pero privilegian atender la gravitación de una cuestión nada menor: la desconfianza en Mendoza en el manejo de los ríos interprovinciales. Alegan que una vez concluída la obra es muy alta la probabilidad de que los mendocinos maniobren, haciendo uso de su gran influencia política, a fin de apropiarse del manejo del embalse en forma unilateral, para beneficio propio y perjuicio del resto de las provincias condóminas. La historia, con sus ominosos ejemplos del Atuel y el Salado, no les niega razones.
Pero también hacia el interior de nuestra provincia manifiestan sus dudas al advertir la probabilidad de que futuras administraciones pampeanas no sepan mantener la firmeza y cedan ante las presiones cuyanas. Al respecto existen antecedentes que justifican la suspicacia. En la década de los noventa el gobierno pampeano decidió conformarse con un modesto acueducto a cambio de cederle en exclusiva a Mendoza el control y manejo del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. No existen garantías -afirman los objetores de Portezuelo del Viento- de que no se repita un “trueque” tan desfavorable a La Pampa, aunque entonces fuera presentado como un triunfo por el marinismo gobernante.
En el fondo, lo que sustenta el debate es la suprema desconfianza que despierta el accionar de Mendoza que, en materia de política hídrica, siempre privilegió sus intereses con desprecio absoluto de las necesidades del conjunto de las jurisdicciones involucradas. La gran diferencia de peso político que existe entre ese “big brother”, ubicado aguas arriba de los cursos fluviales, y nuestra pequeña provincia es lo que siembra la intranquilidad.
Los organismos de cuenca, como el Coirco, aparecen como los mejores antídotos contra los desbordes autoritarios que socavan la integración regional. Ellos deben velar para que el interés del conjunto no sea avasallado por una de las partes.

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