Un decreto que retrocede más de treinta años

El 30 de mayo el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 721/16, que le otorga mayor autonomía a las Fuerzas Armadas para designaciones, traslados y ascensos. La medida generó el repudio de los organismos de derechos humanos y de un amplio espectro democrático.
IRINA SANTESTEBAN
Apenas iniciada la etapa de recuperación de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín, tomó varias medidas en relación a las FF. AA., luego del golpe de Estado militar-cívico. Entre esas medidas, creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (Conadep), cuyo informe, "Nunca Más", aunque tuvo límites, fue el primer documento para conocer los crímenes cometidos durante el Terrorismo de Estado.
Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las 3 cúpulas militares de ese período dictatorial, que dio origen al "Juicio a las Juntas". Por primera vez se sentaba en el banquillo de los acusados a militares acusados de gravísimos crímenes, y aunque en ese juicio sólo se juzgó a nueve comandantes, tuvo un gran efecto hacia la sociedad y el interior castrense. Hubo condenas a prisión perpetua y otras demasiado benignas, como la del brigadier Héctor Agosti, miembro de la Junta Militar que produjo el golpe junto a Jorge Videla y Emilio Massera, recibió una pena irrisoria: 4 años y 8 meses de prisión.

 

La política al mando.
Respecto a la reestructuración de las Fuerzas Armadas, que era un reclamo de los sectores democráticos, para evitar nuevos golpes de Estado e intromisiones de los uniformados en la vida política del país, fue una materia pendiente del alfonsinismo.
Para ser justos, hay que decir que a Alfonsín le tocó gobernar en un período en el cual, si bien los militares debieron entregar el poder tras la derrota de Malvinas y la enorme movilización popular que los repudiaba, el poder de las FF.AA. no estaba derrotado. Y eso se demostró en las constantes asonadas que debió enfrentar su gobierno, en particular frente al tibio y lento avance del Poder Judicial en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
Pero así y todo, Alfonsín tomó medidas como el decreto 436 de 1984, mediante el cual le quitó a las FF. AA. facultades para la promoción, ascensos, traslados, etc., del personal militar, entre otras potestades que pasaron a la órbita del Ministerio de Defensa y del Presidente de la Nación, que es el comandante en jefe de las FF.AA., tal como lo dispone la Constitución Nacional.
Se trataba de reducir el poder de los militares, que durante más de 50 años habían actuado en la vida política, ya sea con fuertes presiones sobre los gobiernos elegidos por el voto popular, sea provocando proscripciones a fuerzas políticas (como ocurriera con el peronismo luego de 1955), o directamente ejerciendo el poder por medio de golpes de Estado.

 

"Enfrentamientos y divisiones".
En general, quienes defienden a los militares y se han opuesto al juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, para no hacerlo tan directamente, hablan de "superar enfrentamientos", de la necesidad de una "reconciliación", etc. Incluso la jerarquía de la Iglesia Católica se ha pronunciado en diferentes momentos en esos términos, generando amplio rechazo de los organismos de DD. HH. y otras organizaciones democráticas.
Por ello, el decreto 721 firmado por el presidente, tiene que ser analizado no sólo por la letra sino por el contexto político y social en el que ha sido dictado, así como los argumentos o justificativos.
Al saludar a los militares el pasado 29 de mayo, por el Día del Ejército, el presidente dijo que "...Hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones". Al día siguiente, en el acto que se realizó en la Casa Rosada por ese motivo, expresó que el Ejército "viene de años donde el Estado los abandonó, los ignoró, y eso trajo problemas de presupuesto, equipamiento e infraestructura. También enfrentaron problemas serios con los salarios, las jerarquías, y el no reconocimiento en forma contributiva para aquel que se tiene que jubilar". Y en esa semana anunció un aumento para los militares del 9% y del 55% para el personal en retiro.

 

"Reordenamiento administrativo".
Para justificar la medida, desde Defensa le restaron importancia al decreto; el director de Asuntos Jurídicos, Pablo Tosco, sostuvo que se trató de un "reordenamiento administrativo".
Pero el ex ministro de Defensa del gobierno kirchnerista y actual diputado al Parlasur, Agustín Rossi, dijo que "es el retroceso más importante en la conducción civil de las Fuerzas Armadas modificando un decreto fundacional de Alfonsín del 84". Y fue más allá: "en todos estos años la democracia fue generando la conducción civil de la Defensa, quitándoles márgenes de autonomía a las Fuerzas Armadas. Con este decreto se vuelve a empoderar a los jefes de las fuerzas" (Página/12, 2/06/2016).
Otro crítico del decreto fue Lorenzo Donohoe, quien se desempeñó en el Ministerio de Defensa con Nilda Garré. Para Donohoe, el decreto de Macri "vuelve a crear un monstruo", porque significa el "renunciamiento" de la política a la conducción del Estado, y porque le da al Ministerio de Defensa "un rol decorativo" (Política Argentina, 1°/06/2016).
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuyo presidente es Horacio Verbitsky, se expresó también la preocupación por el decreto 721. La directora del área Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, dijo que esta norma restituye "algunas funciones que antes tenían los jefes de la Fuerza y que habían sido atribuidas a los rangos políticos".
Para Litvachky el decreto macrista fortalece un "funcionamiento más corporativo" de los militares y constituyen un retroceso "en cómo se había establecido el control para las fuerzas armadas y la intervención política".

 

Militares docentes.
Para los especialistas que rechazan el decreto, lo más preocupante es que los militares van a tener facultades para la designación de personal retirado para funciones docentes. Recordaron que en años anteriores, como una política democratizadora, se trató de controlar "estrictamente" a quienes se convocaba para la tarea docente, porque se descubrió que se habían designado a militares con antecedentes de violaciones a los derechos humanos.
Esas resoluciones fueron parte de la gestión Garré, pero ya no figuran en la página web del Ministerio de Defensa, tal como se lo señala el cronista de Página 12, al funcionario Tosco (2/06/2016), quien aseguró que esas disposiciones no habían sido derogadas. En ese mismo artículo se menciona el caso del contralmirante Roberto Pertusio, quien figuraba en 2008 como asesor del entonces jefe de la Armada, Jorge Godoy, a pesar de tener orden de prisión desde 2006, por delitos de lesa humanidad.
Si la potestad para designar militares retirados como personal docente en las escuelas de oficiales y suboficiales, vuelve a manos de la propia fuerza, se abre la puerta para que se "filtren" nombramientos de uniformados con esos pésimos antecedentes.
Tienen razón quienes advierten sobre este evidente retroceso en la democratización de las Fuerzas Armadas, un reclamo que siguió vigente durante los casi 33 años de democracia post dictadura.

 

Barras y estrellas.
El decreto es coherente con la "vuelta al mundo" que proclama Macri. Es que para él "el mundo" son los Estados Unidos, por ello impulsó el acuerdo con los "fondos buitres", en condiciones gravosas para nuestro país.
Aunque no ha sido confirmado, son muchas las voces que advierten sobre la intención del gobierno del PRO-Cambiemos, de permitir la instalación de bases norteamericanas en territorio argentino. Son constantes las menciones del presidente a que las fuerzas armadas tienen que servir para "combatir el narcotráfico", una política que es impulsada desde los EE.UU. para América Latina, y que ha tenido en Colombia un modelo que no se debería imitar.
Paradojalmente, los países que más éxito han tenido en la lucha contra el narcotráfico, reconocido por las Naciones Unidas, son los que se han apartado notoriamente de las políticas de la Casa Blanca, como Bolivia, Irán y Cuba.

 

Rechazo.
Los principales organismos de derechos humanos repudiaron el decreto 721, porque el mismo "devuelve a las Fuerzas Armadas grados de autonomía de los que gozaban antes del regreso a la democracia". Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS Capital, se expresaron contra la medida y afirmaron que ella "restituye a los militares un poder de autonomía que había sido limitado por el entonces presidente Alfonsín".
Los firmantes expresaron preocupación porque el decreto "autoriza la designación de los responsables de la formación de los nuevos oficiales y suboficiales, lo que representa un grave retroceso en el paradigma de formación en valores democráticos a los nuevos militares".
Y advierten que la medida de Macri se da en un marco político de retroceso en las políticas de Derechos Humanos, como la disolución de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación y el despido de trabajadores en áreas claves, como el programa Verdad y Justicia.
Y a eso le sumaron "reuniones de funcionarios con activistas defensores de genocidas y condenados por delitos de lesa humanidad". Se referían al encuentro que mantuvo la defensora de genocidas Cecilia Pando, con el ministro de Justicia Germán Garavano.
Motivos para preocuparse, los hay, y muchos.