Un disparate fiscal y jurídico

El paquetazo de medidas económicas que impulsa el gobierno nacional no deja de intranquilizar a vastos sectores de la sociedad que no integran el selecto club de la elite corporativa. Trabajadores, jubilados, Pymes, cooperativas... deben desayunarse todos los días con noticias que hablan de avances sobre sus derechos a pesar de las rutilantes promesas electorales de "no ajustar, "no achicar", "no despedir", "no devaluar", "pobreza cero", etcétera, que el macrismo derramó generosamente con el respaldo incondicional de los grandes medios.
Este diario publicó ayer un informe de su columnista económico que dio cuenta de la intención del macrismo de avanzar con el Impuesto a las Ganancias sobre las cooperativas de crédito y seguros, en principio, mientras no se descarta que también caigan en la volteada las de servicios públicos y otras. Se trata de un disparate jurídico, económico y doctrinario pues, como todo el mundo sabe, las cooperativas no obtienen "ganancias" por su actividad. Si se las conoce como "empresas de la economía solidaria" es, precisamente, porque el objetivo que persiguen no es el lucro sino la prestación de un servicio al costo con un modestísimo excedente destinado, entre otros propósitos, a educación cooperativa, capacitación y promoción social.
Los pampeanos conocemos sobradamente la enorme importancia socioeconómica de estas entidades porque hemos logrado desarrollar un movimiento cooperativo de servicios públicos que es ejemplo en todo el país. Sabemos de los grandes beneficios que reportan a sus comunidades en materia de brindar servicios a bajo costo, fuentes de trabajo digno y genuino y respaldo a las actividades sociales y culturales más diversas. Pero también sabemos que la obtención de utilidades económicas, de lucro, por parte de sus directivos o socios es lo más alejado al espíritu y la práctica del cooperativismo. Por lo tanto nadie podrá pretender venir a darnos cátedra de economía y justificar que pueda aplicarse a estas instituciones un impuesto que grava la obtención de ganancias, objetivo que sí está presente en entidades de naturaleza muy diferente como las sociedades comerciales.
Pero hay más todavía. Llama poderosamente la atención que esta iniciativa que pretende desconocer la legislación específica que rige el funcionamiento de las cooperativas se impulse mientras el gobierno retrocede y deja sin efecto modificaciones tributarias ante las presiones de grandes empresarios -estos sí, titulares de compañías con fines de lucro- de las bebidas alcohólicas o reduce los gravámenes a vehículos de alta gama. Por no hablar de la eliminación -o reducción- de las retenciones a las exportaciones o la sensible rebaja al impuesto a los Bienes Personales que afectaban a los sectores más poderosos de la economía y a quienes poseen mayores posesiones de bienes.
Como en cada medida que adopta el gobierno nacional, en esta propuesta de modificar sustancialmente la ecuación tributaria del país también se observa una marcada tendencia a favorecer a los sectores socioeconómicos más concentrados y, como contrapartida, a perjudicar a los segmentos más vulnerables.