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Un nuevo caso de contaminación

El agua que consume la población de Pergamino a través de la red urbana está contaminada con 18 agrotóxicos, con un agravante estremecedor: algunos niños de la zona contienen glifosato en la sangre.
Los estudios que permitieron este descubrimiento están relacionados con un reciente fallo judicial que prohibiera fumigar a menos de 600 metros del área urbana y de escuelas, y que el Presidente de la Nación cuestionara calificándolo de «irresponsable y anticientífico». El contraste entre los 1.000 metros de distancia solicitados por los vecinos y los 100 que pedían los empresarios del agro son una dramática expresión de las formas de entender la salud pública, la preservación del medio ambiente y los negocios.
La noticia no es novedosa. De hecho hay territorios de nuestro país en donde el uso indiscriminado de agroquímicos ha provocado que se cuadruplique la tasa de enfermedades cancerígenas. Que esas aplicaciones responden a «un modelo que enferma y mata» tampoco constituye una novedad; algunos de esos compuestos químicos fueron usados por los Estados Unidos en la guerra de Vietnam con resultados aterradores en la población de ese país. Sin embargo lo más terrible es que derivados de esos mismos desfoliantes fueron vendidos en la posguerra como «de aplicación agraria» y, a pesar de las fundadas objeciones que merecieron, se siguieron comercializando en el agro argentino.
Pese al tiempo transcurrido todavía no hay una legislación que impida su aplicación que hoy afecta a toda la llanura pampeana, incluida buena parte de nuestra provincia como lo viene denunciando el Colectivo Sanitario de La Pampa. En el caso de Pergamino, una de las zonas más ricas de la pampa húmeda, se suman dos factores de enorme incidencia: por un lado la insensibilidad de las autoridades políticas y las corporaciones agrarias, que niegan las secuelas, y por el otro la evidencia científica y ahora también judicial que muestra fehacientemente la contaminación del agua del subsuelo que utiliza la población.
La expresión de una ONG es elocuente: «Se pudo comprobar y acreditar por primera vez en un expediente judicial que los agrotóxicos llegan a las napas subterráneas y que el agua que consume la población presenta una cantidad significativa de venenos, que no debieran estar». Empresas del agronegocio publicitan esos productos como «biodegradables» pero un estudio del INTA acaba de determinar, como se dijo, la presencia de 18 agrotóxicos en el suelo de Pergamino.
La noticia es mucho más seria y preocupante si se considera que todavía no se sabe -o al menos no se han dado a conocer- datos sobre extensión y profundidad de las capas freáticas afectadas; tampoco del grado de dependencia de la ciudad para con esas capas.
Lo peor, sin embargo, es que pasadas más de dos décadas del conocimiento de los efectos nocivos de estos agroquímicos todavía se insiste en hablar de dudas o de falta de certezas en cuanto a su peligrosidad y el uso o rechazo que debe hacerse de ellos. Como evidencia de este estado de cosas ahí están las poblaciones del interior del país en donde la defensa de la salud pública sigue postergada por priorizar los intereses económicos.