Un nuevo mal indicio

Desde el viernes pasado rige la demorada reforma anunciada por el gobierno en el sistema de compras de artículos en el exterior, más comúnmente conocido como “puerta a puerta”. Se trata de una de las promesas de campaña, coherente con la postura liberal del partido gobernante, y que era esperada con ansias, sobre todo, por sectores de clase media descontentos con las restricciones impuestas al respecto por el gobierno anterior.
La noticia podrá alegrar a algunos consumidores en particular, pero es un nuevo mal indicio para el estado de la economía nacional. La salida indiscriminada de divisas del país no hará sino desequilibrar aún más la balanza de pagos, el déficit fiscal, y las reservas del Banco Central. A su vez, muchos de los artículos a ingresar competirán en condiciones ruinosas con los de algunas industrias nacionales largamente establecidas, como la indumentaria y el calzado, que no gozan aquí de los amplísimos beneficios -entre otros, los bajos salarios- de que disfrutan sus pares asiáticos, por ejemplo.
Como con tantos temas, y como dice el dicho, “el diablo está en los detalles”. No se propugna, aquí, la idea de vedar por completo el comercio con el exterior a toda persona que no ejerza esa actividad en forma profesional. Se postula por el contrario, y en un marco de razonabilidad, la necesidad de restringir la entrada de productos a los que realmente no se producen ni consiguen en el mercado local. Y, en cuanto a los precios elevados de algunos productos de la industria nacional, el gobierno cuenta con amplísimos medios para su control -por ejemplo-, combatir las prácticas monopólicas.
Es claro que nadie puede oponerse a la importación de medicamentos no fabricados por los laboratorios nacionales. O de piezas de tecnología necesarias para la industria local. O, sobre todo, de los bienes culturales.
Y aquí viene un punto central en la cuestión que debería debatirse, si de verdad es que se procura evitar el aislamiento del país respecto del resto del mundo. La circulación de productos culturales, tales como -fundamentalmente- libros, como también, registros fonográficos y fílmicos, debería ser no sólo permitida, sino también estimulada.
Sin embargo, y pese a que la ley de aduanas autoriza expresamente al gobierno a proceder en este sentido, y que incluso existen normas aduaneras que establecen la exención de tributos a la compra de libros (por ejemplo), en la realidad esto no está ocurriendo en los últimos tiempos. Los libros también tributan, y en algunos casos, ni siquiera pagando el impuesto son liberados.
Con la tradición cultural de nuestro país, debería ser motivo de vergüenza que algún funcionario de menor rango se arrogue el derecho de impedir a los ciudadanos inquietos la lectura de las últimas producciones culturales del mundo. Basta pensar qué hubiera sido de este país si los patriotas de Mayo no hubieran accedido a la lectura de “El contrato social” de Rousseau, del que tomaron las ideas de la república y la soberanía popular.
Si a esto le sumamos el desastroso estado de la burocracia aduanera, se ve claramente que el nuevo sistema, muy probablemente, venga a empeorar un estado de cosas ya preocupante. En nuestra provincia, por ejemplo, la instauración de la Aduana en General Pico sólo ha servido para provocar demoras e inconvenientes. Aunque parezca mentira, los envíos entran por Buenos Aires, pasan por Bahía Blanca, luego llegan al correo de Santa Rosa, desde donde son derivados a la oficina recaudadora piquense, que finamente debe liberarlos. En esa oficina, donde no se responde al teléfono, y sólo se atiende personalmente a los vecinos de la propia ciudad, yacen apilados desde hace meses -a veces, años- miles de bienes adquiridos en el exterior.
Resulta claro, entonces, que para el gobierno nacional, cuando se trata de beneficiar a los exportadores de granos o a las empresas energéticas, la urgencia es la norma. En cambio, cuando se trata de contribuir al bienestar de los pequeños ciudadanos de a pie, los plazos se estiran, a veces hasta el infinito.

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