Un Poder Judicial cada día más politizado

CIMBRONAZOS EN LOS TRIBUNALES

Una de las promesas de campaña del presidente Mauricio Macri, fue la de “respetar la independencia del Poder Judicial”. Sin embargo, las decisiones de algunos magistrados, contradicen esa afirmación.
IRINA SANTESTEBAN
Cuando en 2013 la ex presidenta Cristina Fernández envió seis proyectos de reforma del Poder Judicial, fue duramente atacada por la propia “corporación” de ese poder del Estado, el único cuyos miembros gozan de permanencia “mientras dure su buena conducta”.
La muerte del fiscal Alberto Nisman, fue un punto de inflexión en esa disputa del “partido judicial” contra el gobierno kirchnerista. Es que desde esa alianza entre las dos corporaciones -la judicial y la mediática- se logró instalar en buena parte de la opinión pública, que el fiscal había sido asesinado y que la culpable de ese crimen era la ex presidenta y su entorno.
Algunas de aquellas leyes impulsadas por Cristina se aprobaron, entre ellas la que establece el ingreso por concurso para el sector de empleados (administrativos, jurisdiccionales, técnicos, etc.) en todos los ámbitos del Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, actualmente sólo se aplica en el Ministerio Público Fiscal, que conduce la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. La misma funcionaria que tanto ataca el actual gobierno, y a la que se presiona de mil formas para que renuncie.
Gils Carbó emitió un dictamen favorable al amparo presentado contra los tarifazos en el gas. Y para disgusto del gobierno nacional, algunos de sus argumentos fueron luego convalidados por el fallo de la Corte Suprema, que frenó ese escandaloso aumento en las tarifas, y obligó al Poder Ejecutivo a hacer marcha atrás y a convocar a audiencias públicas.

Marijuan contra Cristina.
El fiscal Guillermo Marijuan fue uno de los impulsores del 18F, aquella marcha convocada por un grupo de magistrados de la corporación judicial, para exigir “Justicia” en la causa abierta tras la muerte de Nisman. Resultaba paradójico que funcionarios judiciales, como los fiscales, encargados de la investigación y persecución criminal, exigieran lo que ellos deberían garantizar a los ciudadanos y por cuyo trabajo se les retribuye con altísimos sueldos.
A partir de la asunción del nuevo gobierno nacional, Marijuan tomó con gran energía la misión de perseguir judicialmente a los funcionarios del gobierno saliente, en particular a la ex presidenta Cristina Fernández.
Para ello puso empeño y promovió espectaculares diligencias, para intentar acreditar su culpabilidad en diversos delitos, hasta ahora, con resultados negativos, aunque para la prensa hegemónica es como si esa acusación ya tuviera sentencia firme.
En esa investigación, el fiscal acusó a la ex presidenta y a su ex ministro de Economía Axel Kicillof, por los presuntos delitos de omisión de denuncia y encubrimiento, a raíz de movimientos bancarios por 500 millones de dólares del empresario detenido Lázaro Báez al exterior.
Por un audio que se conoció hace unos días, de una conversación entre Marijuan con la producción del programa de televisión “La Cornisa”, en la cual le anuncia que Cristina se encontraría “al borde de la detención”, surge una animosidad manifiesta, impropia de un funcionario judicial que debe investigar con objetividad cualquier causa que tenga en sus manos.
Por esas afirmaciones, fue denunciado por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, del Frente para la Victoria (FpV) por “abuso de autoridad”, violación de los deberes de funcionario público” y presunto “tráfico de influencias”.
Para el denunciante, el audio en el que se escucha a Marijuan hablar de la causa que instruye contra la ex presidenta, “revela, sin lugar a dudas, un ánimo persecutorio, amenazante y hasta vindicativo”, y lo acusa de pretender ser designado en el cargo de Procurador General de la Nación, que hoy ocupa Gils Carbó.
La denuncia contra Marijuan, recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, con intervención de la fiscalía de Federico Delgado.

Báez sí, Clarín no.
En la fiscalía federal N° 9, a cargo de Marijuan, existen otras causas importantes, sin embargo, el fiscal no les brinda el mismo tratamiento.
En 2008 el ex ejecutivo de la banca JP Morgan, Hernán Arbizu, formuló una denuncia por presunto lavado de dinero, que involucra a importantes empresas, entre ellas al Grupo Clarín. Esa causa es la Nº 9232/08, y tiene 40 cajas con documentación.
La denuncia era porque esas empresas no declaraban sus ganancias y enviaban sus fondos a cuentas en el exterior. Arbizu presentó una lista con los nombres de los empresarios a quienes él mismo ofrecía sus servicios para ocultar sus ganancias, especificando el número de las cuentas y los montos en cada una de ellas.
De esta forma, el ex ejecutivo se autoincriminó, pero no logró que Marijuan tomara siquiera una sola indagatoria a ninguno de los integrantes de esa lista.
En la causa hay 469 empresas que deberían haber sido investigadas por presunto lavado de dinero. Sin embargo, en ocho años Marijuan sólo presentó dos escritos y tuvo que intervenir el juez federal Sergio Torres, quien envió un exhorto a Suiza para acelerar el proceso, que se encontraba paralizado por falta de diligencias en la instrucción.
Todas las causas deben ser investigadas y priorizadas las que revisten mayor gravedad. Pero es evidente el contraste entre el accionar de un mismo fiscal, que a los dos días de recibir la causa que involucra al empresario Lázaro Báez, decidió su imputación por presunto lavado de activos; y que se apresura a hablar con periodistas para anunciarles la “inminente” detención de la ex presidenta, por una imputación de omisión de denuncia y encubrimiento, delitos que no ameritan esa medida.

Arroyo contra Servini.
La actuación del Partido Judicial no se limita a la discrecionalidad en el impulso de algunas causas y el retardo o inactividad en otras.
Hay enfrentamientos por el manejo de los procesos, como se evidenció entre la jueza federal María Servini de Cubría, y su par Sandra Arroyo Salgado, por el duro cuestionamiento de la primera contra la decisión de extraditar a Ibar Pérez Corradi a Estados Unidos, que tomó la segunda.
Para Servini, una magistrada con más de 25 años en el cargo, y que fuera parte de los jueces “de la servilleta” del menemismo, no corresponde otorgar esa extradición, porque los delitos por los cuales se debe juzgar a Pérez Corradi en Argentina, son mucho más graves que los que motivaron el requerimiento de las autoridades estadounidenses.
Esto sería un “entorpecimiento” para “complejas investigaciones de narcotráfico y su relación con unos de los más complejos y planeados crímenes múltiples que se registren en nuestro país”, dijo Servini respecto a Arroyo Salgado, sobre todo porque el pedido de la Justicia de EE.UU, fue de 2008 y no ha motivado un nuevo requerimiento que amerite la urgencia en extraditarlo.
Pérez Corradi fue recapturado en Paraguay y extraditado a la Argentina el 5 de julio pasado, y es investigado por ser considerado el presunto autor del triple crimen, mientras que el juez federal Sebastián Casanello lo investiga por presunto lavado de dinero y por la denominada causa de la mafia de los medicamentos.

Coimas.
La cosa no terminó allí, porque Pérez Corradi concurrió al programa de televisión “La Cornisa” y allí denunció que, hace algunos años, Arroyo Salgado le habría pedido una suma de 500.000 dólares para dejarlo en libertad.
Sin embargo, para el periodista Raúl Kollmann, de Página 12 (30/08/2016), esa acusación podría ser una pantalla utilizada por el acusado para ocultar que, en realidad, la jueza estaría haciendo lo que a él más le conviene, que es la extradición. Es que, en sintonía con los cuestionamientos de Servini, para Kollmann “Si el Poder Ejecutivo termina impulsando la extradición afrontará un escándalo de enormes proporciones, porque lo trajo como el mayor de los narcos y múltiple homicida, y lo estaría mandando al norte por un paquete de pastillas de opio”.
Si la Cancillería accede a la medida requerida por EE.UU., Pérez Corradi recibiría una pena menor y quedaría prontamente en libertad, esa es la síntesis del enfrentamiento entre las juezas, de la que sale muy mal parada Arroyo Salgado. Por partida doble, por acceder a la extradición y por la acusación de presunta coima.

Manejo de datos.
El protagonismo del Poder Judicial en las decisiones políticas, para confirmarlas o rechazarlas, es cosa de todos los días, y por ello resulta contradictorio hacer alarde de la “independencia” de los jueces.
En el caso de la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María José Sarmiento, que rechazó una medida cautelar para suspender el traspaso de la base de datos de la Anses a la Secretaría de Comunicaciones, esa medida favorece claramente al gobierno nacional, pero no atiende la protección de los datos personales, garantía constitucional y legal de los ciudadanos.
La abogada Valeria Laura Carreras presentó el amparo contra la resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete, y por esa medida Marcos Peña está siendo investigado penalmente por el fiscal Federico Delgado. Para Carreras, la entrega de las bases de datos que se encuentran en la Anses, para un fin distinto para el que fueron recabados, vulnera la privacidad de información “sensible” de los ciudadanos.
Sin embargo, la jueza Sarmiento consideró que no se acreditó “la irreparabilidad del daño”, y por ello no otorgó la medida cautelar hasta que dicte resolución sobre el fondo de la cuestión.
La abogada, en declaraciones al diario Página 12 (30/08/2016), hizo referencia a un robo de 12 millones de datos de la base del Anses, en 2004, y que en ese entonces, su titular, Sergio Massa, había denunciado lo ocurrido. En 2007 se dictó un decreto (N° 230) que estableció que todos los datos de ese organismo son “no públicos”.
La intención del gobierno de Cambiemos de hacerse de esa información, que incluye nombres, apellidos, domicilios, teléfonos, e-mail y otros datos registrados en la seguridad social, es utilizarlos para la difusión de medidas del gobierno, incluso por medio de redes sociales.
En la denuncia que abrió Delgado, se pide que se investigue a Peña por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos, como la posible violación a la ley de protección de datos personales, que impide el traspaso de determinada información, como el estado civil. Para el fiscal, la cuestión es “determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que pueda disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la ley 25326 (de protección de datos)”.
Para la Secretaría de Comunicación, la justificación es que se “debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual instantáneo”.

Jueces a la medida.
Son muchas las decisiones y actitudes cuestionables en el Poder Judicial, que afectan la vida, el trabajo, la familia, la libertad, etc., de los ciudadanos.
Uno de los casos más graves en la actualidad, fue la actitud del gobernador Gerardo Morales, en la provincia de Jujuy, de hacer aprobar en la Legislatura el aumento de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, de cinco a nueve miembros.
Tal como lo hiciera el ex presidente Carlos Menem en 1990, con la Corte Suprema de la “mayoría automática”, de tristísima trayectoria, el gobernador jujeño diseñó una Justicia a su medida.
Y no es de extrañar que sea ese Poder Judicial el que mantiene detenida a una dirigente social, Milagro Sala, por causas que no ameritan prisión y que contrarían la doctrina de la Corte Suprema sobre la aplicación restrictiva de la prisión preventiva.

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