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Un rumbo distinto

La noticia no tuvo gran repercusión pero es a todas luces de gran trascendencia. Ayer este diario informó que nuestra provincia acaba de suscribir un convenio con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y pasará a fabricar medicamentos oncológicos en las instalaciones que se están construyendo en General Pico. Mediante ese acuerdo La Pampa se incorporará a la Red de Laboratorios Públicos que suman una cuarentena y están distribuidos en varias provincias con el objetivo de elaborar medicamentos destinados a abastecer a los actores de la salud pública. Como el laboratorio pampeano se concentrará en esa especialización recibirá en canje, desde la Red, medicamentos para otros tipos de dolencias.
En momentos en que nuestro país está siendo diezmado por las políticas neoliberales del gobierno nacional, esta iniciativa merece apoyo y atención porque intenta construir un camino en sentido contrario. Si algo caracteriza al rumbo económico que implementó el macrismo desde el primer día de su gobierno es el retiro del Estado a una función poco menos que decorativa y la desregulación de las actividades económicas y financieras para dejarlas bajo el rigor que aplica «la mano invisible del mercado». Los resultados están a la vista: aumento de la pobreza y la desocupación, destrucción masiva de la industria, desfinanciamiento de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, caída de la actividad económica a niveles de décadas atrás, entre tantos otros efectos perniciosos para la sociedad.
Que en este escenario de pesadilla sobreviva la Agencia Nacional y la Red de Laboratorios Públicos viene a confirmar que la tradición de la salud pública argentina -tan denostada por los publicistas del macrismo- resiste y constituye un sistema digno de ser defendido. Son varias las provincias -entre ellas La Pampa- que no se han dejado seducir por el marketing de los globos amarillos ni por la imposición del «látigo y la billetera» y siguen apostando a otro modelo sanitario con un Estado presente. En estos tiempos oscuros no es poca cosa.

Todos espiados
La obsesión del gobierno de Mauricio Macri por espiar a la oposición política recibió un fuerte cuestionamiento por parte de, nada menos, las Naciones Unidas. El relator especial sobre el derecho a la privacidad del máximo organismo político mundial advirtió al gobierno argentino por la «vigilancia ilegal» que llevó a cabo la Agencia Federal de Inteligencia sobre una comunidad mapuche de Chubut y criticó el sistema de escuchas telefónicas.
Haciendo honor a sus frondosos antecedentes en materia de espionaje ilegal a su paso por el gobierno porteño, ya instalado en la Presidencia de la Nación, Macri impulsó medidas que favorecieron este estado de persecución que enturbia la atmósfera política del país. Por ejemplo, nunca antes se habían divulgado públicamente conversaciones privadas de un expresidente como sí ocurrió bajo el macrismo. Tampoco se habían «pinchado» y difundido a gran escala diálogos entre detenidos políticos sin condena con sus abogados defensores, una verdadera aberración jurídico-política. La familia de Santiago Maldonado tuvo que sufrir, además de su muerte durante un operativo de Gendarmería, una agresiva campaña de espionaje telefónico que no se detuvo con la denuncia pública.
El informe del relator de la ONU fue drástico al hablar de «uso excesivo» de pinchaduras telefónicas y «falta de un control independiente en el uso de las interceptaciones». Esto apunta no solo a los jueces sino, también, al Poder Ejecutivo de quien depende la AFI. Si se recuerda que el falso abogado detenido Marcelo D’Alessio tenía fluidos contactos con la Agencia y la ministra de Seguridad, y también con el fiscal Stornelli y el juez Bonadío, no hace falta mucho más para saber en qué manos quedó la privacidad de los argentinos.