Un cambio de postura

Con un considerable, y penoso, retraso de más de treinta años, la Iglesia católica argentina, a través de la palabra del obispo de Gualeguaychú, ha dicho lo que la sociedad esperaba desde hace largo tiempo: que "los católicos deben aportar datos sobre los nietos que fueron apropiados durante el terrorismo de Estado". Agregó que "no podemos mantenernos indiferentes ante una realidad que nos duele a todos", y pidió "terminar con una red de silencio que mantiene amordazada la verdad por casi cuarenta años". Semejante exhortación es más significativa porque el prelado es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, uno de los máximos organismos colectivos de la congregación católica nacional.

Este giro copernicano de actitud debe ser bienvenido, aunque responde muy tardíamente a un reclamo permanente de la sociedad argentina -hasta de parte de sus miembros inclusive-, cuyas jerarquías tuvieron estrecha relación con los militares de la dictadura llegando, incluso, a justificar sus procederes. Durante estas tres décadas de democracia sus archivos permanecieron cerrados a la búsqueda de la verdad y justicia, y muchos de sus más altos dignatarios evitaron pronunciarse sobre la terrible etapa que vivió el país.

La actitud del obispo, que se integra plenamente a la frase evangélica de que "la verdad os hará libres", parece consecuencia directa de las directivas del papa Francisco, quien por su condición de argentino y alta autoridad eclesiástica debió saber mucho del tema.

La postura eclesial es también un duro golpe espiritual para los apropiadores, que en la mayoría de los casos tenían militancia confesional. A décadas de su atroz delito de secuestro y apropiación de identidad de niños y niñas vienen a descubrir que su acción, lejos de ser cristiana, estaba inmersa en lo que su escala de valores llaman pecado.

Tragedia permanente

La actividad futbolística en la Argentina tiene sobrados ejemplos de cómo encuentros que deberían ser "pasión de multitudes" se transforman en espacios de los que se adueña abiertamente la delincuencia. Es que algunos sectores más recalcitrantes de los llamados hinchas, más algún toque efectista que suele aportar cierto periodismo, entienden que la disputa deportiva con los tradicionales rivales de su club debe ser acompañada por cuotas de encono y violencia.

Esto parece haberse hecho carne en el llamado "clásico rosarino", entre los equipos de Newel's Old Boys y Rosario Central. El partido que se disputó hace algunos días mostró que difícilmente se pueda desarrollar un cotejo sin que haya algún acto de extrema violencia. En su última edición, tuvo el saldo de dos muertos y un herido grave. El año pasado la situación también se había dado, aunque con el agravante de una emboscada a un colectivo y la sospecha de que para el ataque se emplearon armas de guerra.

Este odio entre sectores de ambas hinchadas se incrementó además en los últimos tiempos por otros motivos que van más allá de lo deportivo, con el ingrediente de la disputa por negocios ilícitos como la venta de droga o la explotación de los estacionamientos.

Esta situación se arrastra desde hace décadas, y no solo en la ciudad rosarina, y es preocupante que un asunto que en definitiva es de neto corte policial permanezca sin que las autoridades políticas y judiciales sean capaces de prevenirlas o intentar frenarlas.