Un ejemplo que viene de Neuquén

Esta columna ha venido advirtiendo, desde hace mucho tiempo, sobre lo negativo que ha sido para el país el descuartizamiento de la política petrolera nacional iniciada durante el menemismo, con el remate a precio vil de YPF -entre muchas otras medidas funestas-, y no frenada del todo por el kirchnerismo.
La centralización de las políticas energéticas es una premisa básica que sigue cualquier país que se proponga una utilización racional y ordenada de sus recursos. Una cosa es que las provincias participen orgánicamente junto con la Nación en el diseño de la explotación de los recursos hidrocarburíferos y otra, muy distinta, es que cada jurisdicción se convierta en un califato blindado que se corta solo y se desentiende absolutamente del resto del país.
Un ejemplo de lo negativo que resulta este estado de cosas viene hoy de Neuquén. En esa provincia se viene registrando un conflicto de jurisdicciones a partir de la extraña situación provocada por la no menos extraña empresa Enercana. Esta sociedad con domicilio en La Pampa se constituyó hace apenas dos años y se lanzó al ruedo con un capital de cien mil pesos. Por esa razón un diputado neuquino se permitió decir que "no pertenece al rubro petrolero, no tiene experiencia en la industria ni capital que la respalde".
Con esos pobres antecedentes ganó una licitación por un área del yacimiento Vaca Muerta a pesar de que no está inscripta en el registro de empresas operadoras de la Secretaría de Energía de la Nación. Al hacerlo adquirió un fuerte compromiso económico por varias decenas de millones de dólares, es decir, montos de dinero que están muy por encima de su más que modesto capital social.
Desde el organismo nacional se objetó la licitación y desde la cúpula de YPF se apuntó a una cuestión nada menor. La petrolera, cuyo capital accionario mayoritario acaba de ser reestatizado, cuestionó que Enercana tenga que pagarle a la provincia un bono que implica el desembolso de una enorme suma en metálico, en lugar de destinar esos recursos a inversiones para desarrollar los trabajos en el área y ponerla en valor.
La réplica del gobierno neuquino no se hizo esperar: el propio gobernador salió a cruzar a Nación y reivindicó para sí los procedimientos y la autarquía para resolver la política petrolera provincial como más le plazca. Lo que no hizo fue defender con argumentos convincentes la objeción planteada, con lo cual dejó en evidencia que su mayor interés no radica en el desarrollo productivo de las áreas petroleras sino la recaudación económica. No es un tema menor. Sobran los antecedentes de empresas "petroleras" que no se presentan a licitaciones con el ánimo de explotar hidrocarburos sino de hacer jugosos negocios inmobiliarios. Ofertan condiciones que están lejos de poder cumplir y luego, una vez que tienen las áreas en sus manos, las negocian con otras empresas que son las que pueden llevar a cabo las inversiones.
Alimentan así un sistema de intermediación parasitaria contaminado por jugosas "comisiones" que, es sabido, se derraman también hacia oscuros espacios del Estado. Los enormes montos de dinero que mueve la industria petrolera, aquí y en todo el mundo, son una fuente inagotable de corrupción tanto en la esfera pública como en la privada. Los mecanismos de control y auditoría provinciales son, por lo general, mucho más débiles y vulnerables que los nacionales. Estos últimos pueden ser reforzados por el propio Congreso de la Nación para garantizar mayor transparencia y divulgación pública. Es bien sabido que muchos estados provinciales han funcionado -y funcionan- como verdaderos feudos y bajo esas condiciones encuentran un ámbito propicio muchas compañías petroleras que con su gran poderío económico logran quebrarle el espinazo a las débiles estructuras de control locales.