Un fallo judicial que justifica el trabajo esclavo

El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a cuatro empresarios de una conocida marca de ropa, por la contratación de mano de obra esclava, en perjuicio de inmigrantes bolivianos, con argumentos que denotan gran ignorancia sobre las costumbres de pueblos originarios.
IRINA SANTESTEBAN
La práctica de contratar a inmigrantes de origen boliviano o peruano, para trabajar en talleres, generalmente clandestinos, con jornadas de hasta 16 horas y abonando salarios miserables, en condiciones infrahumanas de habitabilidad e higiene y ninguna norma de seguridad, es moneda corriente en la industria textil argentina.
En 2007 se conoció la denuncia que hicieron trabajadores de la fábrica Soho que habían sido despedidos y de la Cooperativa La Alameda, con el acompañamiento de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, contra cuatro empresarios de la firma Gilmar S.A. (que comercializa la famosa marca de ropa en los principales centros comerciales de Buenos Aires).
El argumento de Oyarbide sostiene que la explotación que sufrían estos trabajadores, sería herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano”, definidos como “un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa”.
Sin embargo, como lo explicó el cónsul general de Bolivia, José Alberto González, el ayllu era una forma de comunidad familiar ampliada que trabajaba en forma colectiva en un territorio de propiedad común, en el Altiplano, donde todos obtenían el mismo beneficio y a lo sumo tributaban una parte de su producción al Estado incaico. La tradición dice que allí no existían prácticas discriminatorias ni la posibilidad de acumulación individual. Por ejemplo, si una familia perdía su casa, el resto de la comunidad trabajaba para ayudarla a levantar una nueva vivienda. Actualmente, el ayllu es un sistema de organización comunitaria del pueblo aimara, precisamente al que pertenece el presidente boliviano, Evo Morales Aima.

Un juez ciego.
Para el juez, entonces, no existió aprovechamiento de la vulnerabilidad de inmigrantes indocumentados, sino simplemente una “costumbre ancestral”. Peor aún, Oyarbide sobreseyó a los acusados, porque entendió que no se había probado en la causa la intención de “obtener directa o indirectamente un beneficio” económico, es decir, que para este juez el mantener a decenas de personas en estas condiciones, abonándoles centavos por la confección de prendas que luego son vendidas a un precio muy superior, no constituye un “beneficio económico”. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y aunque la imagen de la Justicia se represente a través de una mujer con ojos vendados, en ocasiones como ésta la venda debería caerse para ver y castigar la conducta delictiva de empresarios que se aprovechan de la situación de inmigrantes sometidos a condiciones de cuasi-esclavitud.

Detrás de las pasarellas.
Tanto se ha extendido esta “modalidad laboral” entre la industria textil, en particular en la ciudad de Buenos Aires, que en 2006 el gobierno de la Ciudad Autónoma lanzó la campaña “El trabajo esclavo mata” y habilitó una línea telefónica gratuita para realizar denuncias, con el objetivo de combatir el trabajo clandestino y verificar las condiciones de higiene y seguridad.
El origen de la preocupación del gobierno porteño fue la tragedia que sucedió en un taller clandestino en Caballito en marzo de 2006, en la que murieron seis personas de origen boliviano, cuatro de ellas niños de entre 3 y 15 años de edad. Aunque el lugar había sido habilitado en 2001 como taller de bordado, las condiciones del taller, en el que trabajaban unas cincuenta familias bolivianas, eran de servidumbre.
La existencia de estos talleres y su denuncia de tanto en tanto, por parte de integrantes de la comunidad boliviana o de organismos defensores de los inmigrantes o de organizaciones de trabajadores, demuestran la nula o poco eficiente política de control por parte del Estado, la connivencia de los talleres con las autoridades públicas y la poca difusión que tiene la problemática para la sociedad. Es que buena parte de ésta prefiere cerrar los ojos y seguir comprando “barato”, desentendiéndose del origen de la confección de esas prendas de moda, muchas de ellas de marcas conocidas y que son exhibidas en desfiles protagonizados por las top models. Pero detrás de los brillos de las pasarelas, se esconden las manos encallecidas de personas que trabajan hasta 18 horas por día y viven en condiciones infrahumanas.

Récord de informalidad.
En mayo de 2007, en la Cooperativa La Alameda, cuyos integrantes fueron denunciantes en la causa que ahora resolvió el juez Oyarbide, se presentó un informe que recoge la investigación realizada por la Fundación El Otro junto con el Grupo Interrupción, sobre el trabajo esclavo en los talleres de confección de ropa en Argentina. El estudio incluyó entrevistas a sindicatos, cámaras, organizaciones sociales, organismos internacionales, el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, el INADI y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Algunos de los datos de este informe revela que el 80% de la confección de prendas tercerizadas en talleres se realiza bajo condiciones informales o violando los derechos humanos básicos. Los trabajadores corren peligro de muerte por las malas condiciones de seguridad e higiene y esto no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de este sistema de producción, que provee a empresas importantes y que se basa principalmente en la explotación de inmigrantes vinculados a la trata de personas con fines de explotación laboral, así como de argentinos desempleados sometidos al mismo trato.
Según la investigación, la industria textil representa el 25% del trabajo no registrado en el país con fines de explotación laboral, mientras que 3 de cada 4 trabajadores del sector no están registrados.

Tuberculosos.
Por las pésimas condiciones de trabajo a las que están sometidos, estos trabajadores, generalmente inmigrantes, ven afectada seriamente su salud y, en ocasiones, hasta su propia vida y la de sus familias. Un porcentaje muy alto padece de tuberculosis, incluso se presentan casos muy avanzados de esta enfermedad. Por miedo al despido o a la denuncia ante las autoridades de migración, evitan la atención médica en hospitales.
Varias organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores Costureros, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Organización Internacional para las Migraciones, el INADI, entre otras, tomaron la iniciativa de actuar canalizando las denuncias que reciben y asistiendo a las víctimas del trabajo esclavo. El INTI, por ejemplo, está desarrollando la certificación de Comportamiento Socialmente Responsable para las empresas que quieran diferenciarse por tener una cadena de proveedores “limpia de trabajo esclavo”, generando incentivos positivos en el sector para revertir esta tendencia.
Pero de nada sirven estas aún incipientes iniciativas, si los jueces, que son los encargados de “dar a cada uno lo suyo”, según la definición clásica de Justicia que se enseña en las facultades de derecho, toman decisiones como la del juez Oyarbide, justificando la explotación laboral en supuestas “costumbres ancestrales” de las comunidades de pueblos originarios.