Una atención solidaria para los migrantes

Nelson Nicoletti (*)
En la última sesión del Parlasur se aprobó una recomendación para que el Consejo del Mercado Común "implemente un acuerdo en materia de salud entre las autoridades de los integrantes del Mercosur, con el objeto de asegurar y consolidar formalmente el acceso gratuito a la salud, en casos de urgencias y riesgos de vida o cuadros clínicos que impliquen secuelas funcionales graves, estableciendo como único requisito la presentación del DNI", a todo ciudadano residente en cualquiera de los países de la región.
Lo que pareciera ser una decisión de pura lógica humanitaria, en realidad no lo es, cuando pululan en los escritorios de burócratas de nuestros gobiernos tan poco solidarios, decisiones persecutorias contra migrantes en la propia región.
No faltan en Argentina funcionarios que privilegian presuntos derechos y réditos económicos antes que la salud de las personas que viven en las fronteras. Por eso esta iniciativa es importante y refleja la sensibilidad de los representantes de todos los países del Parlasur, a contramano de los ejecutivos, para establecer una norma que acuda en ayuda de los habitantes en los límites territoriales.
La atención médica para extranjeros es muy heterogénea en América Latina, y pueden encontrarse situaciones bien diversas. Por ejemplo, Brasil tiene un sistema público de salud muy amplio que atiende a los extranjeros en forma gratuita por una nueva ley de 2017. Sin embargo, si se trata de residentes irregulares, únicamente garantiza las urgencias. En Paraguay la atención es irrestricta, fundamentalmente en los hospitales públicos y no diferencian la situación administrativa del migrante.
En Uruguay, en cambio, hay que tener carné y se cobra para ello un arancel, mientras que en Venezuela más allá de su sistema abierto a todos, la realidad restringe la atención por la carestía de insumos hospitalarios.
En Argentina los extranjeros tienen garantizado el acceso a los servicios públicos en su norma migratoria, sin embargo desde el año pasado se impulsa una ley para establecer un "trato diferencial" consistente en la obligación de abonar una tasa o arancel por los servicios que requiera.
Tal vez sirva comentar que parlamentarios que en sus países sostienen políticas crudamente liberales, en este ámbito de discusión y búsqueda de consenso adhieren a posturas más conciliatorias, cambiando su actitud salvajemente capitalista, por una mirada más amigable...Modestísimo aporte del parlamento regional.

(*) Parlamentario del Parlasur.