Una ausencia que deja a Mendoza sin máscara

LA SEMANA PAMPEANA

I – Mendoza repitió en la semana su vieja estrategia de dejar pagando a La Pampa (y en este caso también a la Nación) al faltar sin aviso el titular del Poder Ejecutivo cuyano a la cumbre convocada por el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación por el río Atuel. La reunión fracasó y, por si hacía falta, sirvió para desnudar, una vez más, el oportunismo mendocino con el que, en la semana anterior, envió una nota a La Pampa instando a iniciar un diálogo interprovincial. La ausencia del gobernador Cornejo a la reunión con Carlos Verna y Pablo Bereciartúa mostró con claridad que Mendoza no va a dialogar ni acordar con La Pampa el uso compartido del río ni consentirá por la vía pacífica la creación del comité de cuenca si no hay una sentencia judicial que la obligue o una acción política decidida de la Nación.

II – La Cámara de Diputados vivió en la semana un acontecimiento raro: la interpelación de un ministro. El que se sentó en el banquillo fue el ministro de Seguridad cuestionado, luego de la muerte del cazador, por confesar que daba a la policía la orden de tirar a la cabina en los operativos de control rural sin importarle los derechos humanos. Por el tono que usó, el ministro debe haber creído que estaba en el Edificio Manuel J. Campos, pues ese era el +nombre con el que fue bautizada la Legislatura en los años que la policía actuaba sin sujeción a los derechos humanos. La transmisión en vivo de la interpelación permitió a los pampeanos escuchar sin intermediarios lo dicho pero, más aun, lo callado de esa sesión. Al ser el origen de la interpelación la muerte de un joven padre de cuatro niños, -que no era un delincuente peligroso sino, y eso aún está por verse, un infractor-, se esperaba un acto de contrición de quien debería sentirse -como se sentiría cualquier persona decente en ese trance- abrumado por la relación directa de sus palabras con la muerte del padre de familia. Nada de eso se escuchó de su boca. Desde su alta investidura de ministro, y sin respeto por la muerte que causó directa o indirectamente, dio rienda suelta a su manera arrogante, pagada de sí mismo que desnudó que su intención, más que aclarar esos dichos y los hechos que provocaron, era la de querer sobrar a todos los que lo interrogaban.
Es, por sus palabras, el autor ideológico de la muerte y, además, autor confeso del delito flagrante de “apología del crimen”. No tiene fueros que lo protejan y está condenado por un tribunal por el delito de “abuso de poder”. No obstante, quienes deben encausarlo por ambos delitos parecen hacerse los distraídos, como si ellos también creyeran que aún se vive en los años en que la Legislatura se llamaba Edificio Manuel J. Campos.

III – Doce mil familias, el quince por ciento del total de familias que, se estima, componen la sociedad pampeana, espera una casa del gobierno provincial a través de los planes nacionales de viviendas sociales. Es una cifra alta y revela que el déficit de viviendas es, por mucho, superior a esa cifra pues son muchas las familias que esperan poder construirse su propio hogar con esfuerzo personal y sin ayuda del Estado. Atado a ese anuncio desde el gobierno se dejó trascender, nuevamente, la necesidad de actualizar los valores de recupero de las cuotas de las casas del Ipav. Es un viejo tema y, como en el caso de las tarifas de los servicios públicos, no tiene una sola lectura. La construcción de casas que luego se entregan a los adjudicatarios con una bajísima cuota es, claramente, un subsidio que se otorga a un sector que, de otra forma, estaría condenado a no poder llegar nunca a su casa propia. El acceso a la vivienda es un derecho consagrado en la Constitucional Nacional y ese origen obliga a los que deben tomar decisiones sobre el valor de la cuota a ser prudentes.
Pero menos de cien pesos por mes y con una metodología de cobro que deja librado a la conciencia de cada adjudicatario el pago o no de la vivienda sin castigo a la vista, no parece la forma adecuada de cuidar los recursos del Estado ni de educar sobre el esfuerzo que el conjunto realiza para que se concreten esos barrios de viviendas. Más aún porque el recupero de cuotas es uno de los recursos del fondo que financia la construcción de nuevas unidades. En estos años en que la gran mayoría de las personas cobra sus haberes a través de cajas de ahorros o están bancarizados de una u otra forma, no se explica que el Estado no aliente la autorización, en los futuros postulantes a una vivienda, a que el cobro de las cuotas se realice, una vez adjudicada, de manera automática. (LVS)

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