Una masacre y las armas de fuego

Hay que ir mucho hacia atrás en la historia de nuestra provincia para encontrar un hecho conmocionante de las características que tuvo el enfrentamiento armado entre un guardiacárcel y dos policías federales y que finalizó con los tres hombres muertos.
Lo inusual y violento del episodio aconsejan evitar las conclusiones precipitadas a tan pocas horas de ocurrido el desastre. Sin embargo, en principio, de acuerdo a lo que se ha podido conocer acerca de lo sucedido y las expresiones de algunos investigadores y funcionarios judiciales, se debería reflexionar sobre un tema no menor: el uso y la tenencia de las armas de fuego. En este caso, los dos federales tenían consigo -un fin de semana en que no estaban de servicio- sus armas reglamentarias; en cambio el guardiacárcel estaba en posesión de una escopeta de uso particular.
La pertenencia de los tres hombres a cuerpos armados civiles -Policía Federal y Servicio Penitenciario Federal- conduce a pensar que se trataba de personas calificadas para la portación de armas y para su manejo en el ámbito de su desempeño laboral. Sin embargo el furioso tiroteo que protagonizaron -los peritos contabilizaron casi una veintena de disparos- desmiente aquella presunción. Sin la voluntad de atribuir responsabilidades primarias y secundarias -un rol que le cabe a los jueces- en un hecho que recién comienza a investigarse, lo cierto es que la falta de equilibrio fue el detonante del ataque y de la respuesta.
En una ciudad del tamaño de Santa Rosa las denuncias por ruidos molestos nocturnos no son en absoluto excepcionales y la policía local con frecuencia debe intervenir para garantizar la tranquilidad social. En ocasiones se han registrado agresiones y enfrentamientos entre vecinos pero nunca, ni cerca, con el nivel de violencia homicida como el que se observó en la madrugada del domingo.
Que esta demostración de agresividad extrema con armas de fuego haya sido protagonizada por miembros de dos organismos de seguridad estaría hablando, en principio, de una severa carencia en la capacitación que se brinda en esas reparticiones o de una evaluación deficiente a la hora de establecer las condiciones personales de aquellos a quienes el Estado le pone un arma en la mano para “defender a la sociedad”.
No son pocos los expertos y las instituciones que vienen advirtiendo sobre este grave problema. Como también sobre el hecho de que los miembros de las fuerzas de seguridad permanezcan armados aún en sus horas y días no laborales. Son circunstancias que no merecen la suficiente atención hasta el momento en que se desatan episodios de violencia extrema con muertos y heridos producto del uso irracional de armas de fuego.
Todavía más: en estos aciagos tiempos políticos no escasean altos funcionarios públicos que elogian el uso de armas de fuego por parte de policías, prefectos o gendarmes contra civiles desarmados que no implican peligro para terceros. Más de una muerte ha ocurrido en distintos puntos del país producto del uso desproporcionado de armas letales sin que esas acciones fueran reprobadas o condenadas.
El hecho de que los tres muertos pertenecían a fuerzas de seguridad nacionales debería ser motivo de una profunda reflexión.