Una ministra “bolsonarizada”

El protocolo con el cual la ministra de Seguridad pretende legalizar el “gatillo fácil” mereció el rechazo de un amplísimo arco político y social. Dirigentes políticos, asociaciones civiles, organizaciones defensores de los derechos humanos, juristas, autoridades provinciales y hasta reconocidas figuras del oficialismo se manifestaron muy críticos de la reglamentación que habilita “primero tirar y después preguntar” a las fuerzas de seguridad nacionales. Incluso la Justicia porteña se expidió en contra de ese instrumento -que pretende imponer la aplicación sumaria de la pena de muerte-, lo declaró inconstitucional y pidió al gobierno de la CABA que no lo ponga en práctica, en tanto desde el Congreso Nacional se demandó la asistencia de la ministra para dar explicaciones.
Este duro revés político y judicial debería desactivar este ensayo de autoritarismo extremo pero conociendo la forma en que opera Cambiemos y el apoyo explícito que recibió del Ejecutivo por boca del ministro de Justicia sería ingenuo suponer ese final feliz.
La apuesta a endurecer todavía más la política represiva se da en coincidencia con la virtual ocupación militar de la ciudad de Buenos Aires con motivo de la reciente cumbre del G-20 y a pocas horas del vergonzoso fallo del juez Gustavo Lleral que liberó a la Gendarmería de toda responsabilidad por la muerte de Santiago Maldonado.
Esta suerte de “bolsonarización” del gobierno ya no pasa desapercibida para nadie y va quedando cada vez más claro que se trata de una estrategia electoral con vistas a fidelizar a los sectores más conservadores de la sociedad. La ausencia absoluta de logros en materia económica y social para las mayorías le impide al gobierno presentar una agenda de realizaciones sobre la cual solicitar el voto a la ciudadanía. Esta falta de buenas noticias dirigidas a los sectores mayoritarios convenció a los planificadores del macrismo sobre la necesidad de volver apelar a una estrategia que ya le rindió frutos en 2015 y 2017: la exacerbación de la “grieta”, la construcción de un “enemigo”. No importa que las frases de campaña hablen de “unir a los argentinos”.
Considerar a un sospechoso de cometer un delito como el “enemigo” a quien hay que eliminar mediante el uso desproporcionado de las armas policiales es colocar a la propiedad privada por encima del derecho a la vida como bien supremo a tutelar por la ley. Es pretender “copiar y pegar” en nuestro país la ideología que le dio el triunfo electoral a Jair Bolsonaro en Brasil. El detalle nada menor, que el gobierno prefiere ignorar, es que la sociedad argentina es muy diferente a la brasileña.
Ayer se conoció que el 48 por ciento de los chicos de nuestro país vive en condiciones de pobreza. Ese dato escalofriante que debería sensibilizar a todos -especialmente al gobierno nacional como principal responsable- no puede separarse tan livianamente del problema de la “inseguridad”. Solo un discurso autoritario e impiadoso puede desconectar ambos fenómenos y proponer como solución final la “doctrina Chocobar”. Las cárceles argentinas están sobresaturadas de pobres, ¿lo ignora acaso la ministra que idolatra la violencia?