Una mutación riesgosa que remite a sospecha

Ante una nueva reunión del Coirco, acaso decisiva en lo que hace al manejo de Portezuelo del Viento, continúa siendo incomprensible la postura de las otras cuatro provincias integrantes del comité de cuenca del río Colorado. Cualquier razonamiento técnico muestra lo razonable de la actitud pampeana que, no solamente está avalada por razones técnicas sino también por la misma lógica y el reglamento del organismo interjurisdiccional, aplicada desde hace años sin problema alguno en la represa Casa de Piedra.
Es que el apoyo de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires a la postura mendocina -aquella que en un informe oficial habla del “acostumbramiento” de las provincias de aguas abajo a las anomalías que generará el manejo del dique por los cuyanos- resulta inentendible a la luz de cualquier análisis lógico, máxime en Buenos Aires, último eslabón de los aprovechamientos y -paradójicamente- poseedora de la mayor superficie bajo riego en todo el país.
Invalidado el análisis técnico sobre la postura, solamente queda ver el problema a la luz de los hechos políticos que lo enmarcan y de ellos surge efectivamente una explicación.
De acuerdo a los datos a los que accedió LA ARENA (las actas del Coirco de hace un lustro, una evidencia incontrovertible) las provincias signatarias del Tratado del Río Colorado -con la excepción de Mendoza, claro está- habían convenido en esos años que, si no había acuerdo por parte de Mendoza en aceptar a la entidad interjurisdiccional como autoridad de aplicación en el manejo de la presa, se recomendaría a los gobernadores no aprobar el programa de aquel proyecto.
La paradoja, por cierto que un tanto lamentable, radica en que los técnicos que ayer avalaban aquella posición hoy se vean con un mandato absolutamente opuesto, sabiéndolo riesgoso para sus provincias. Algún trascendido de las reuniones en Bahía Blanca señalaba que, fuera del ámbito oficial, los delegados admitían un hecho tan singular y, en lo personal, se sentían descolocados.
La mutación de postura registrada en estos cinco años y las actas aludidas remiten a la sospecha de que algo debió influir directamente en las provincias para que cambiaran el criterio inicial optando por otros que en el futuro podrían resultarles abiertamente perjudiciales; ese algo fue el gobierno nacional con Cambiemos en el poder, que prohijó esa mudanza.
Los argumentos son sospechables y radican por un lado en el endeudamiento de las provincias y su necesidad de acudir al auxilio de la Nación; por el otro el evidente alineamiento político de la provincia de Mendoza con el presidente Macri. En la circunstancia cabe recordar que no hace mucho Nación transfirió a la provincia de Buenos Aires nada menos que veinte mil millones de pesos, un auxilio que condiciona cualquier postura, por más que los regantes del valle inferior del Colorado comienzan a interrogarse sobre el riesgo que implicará el manejo de Portezuelo en manos de los cuyanos.
La conclusión acerca de las razones del cambio de postura son evidentes.