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Una sospechosa «investigación»

Mientras la capital pampeana se sentía conmovida por una «investigación» de la Justicia Federal que involucra a un diputado provincial, altos jefes policiales, un religioso y varios comerciantes, una jueza afirmaba en Eduardo Castex que en el ámbito judicial pampeano se vive «bajo el karma de la Justicia de Comodoro Py». Es conocida la sentencia que afirma que «en política, las casualidades no existen», y hoy todo indica que se aplica a esta extraña circunstancia que se vive en nuestro medio.
La filtración tuvo lugar a través de un sitio web y de un «oficio» enviado por la Policía Federal a la Municipalidad de Santa Rosa para una averiguación que un aficcionado a las películas policiales hubiera realizado mejor. Ante el estupor que causó el conocimiento de semejante noticia en un medio pequeño como el nuestro, el Juzgado Federal mantuvo su habitual hermetismo. Así, los principales «señalados» en el ámbito público -el legislador y dos comisarios- se presentaron de inmediato para ponerse a disposición de los magistrados responsables de la investigación.
En nuestro medio no se recuerda algo siquiera parecido a esta oscura operación que parece fraguada por un entramado de intereses que hoy cuesta dilucidar. Sí hubo, como recordó este diario, imputaciones falsas lanzadas por un exministro de Seguridad que luego debió retractarse ante el mismo legislador involucrado ahora. Por otra parte, que todo haya surgido con una denuncia formulada por un testigo de identidad reservada no hace más que aumentar las sospechas de una maniobra.
El «karma» de la Justicia Federal porteña -como tan bien lo definiera la jueza pampeana- parece haberse encarnado esta vez en esta provincia y derramado sus efluvios. La Justicia y la Policía pampeanas podrán tener, entre sus antecedentes, más de un renglón poco meritorio, pero nunca se embarcarían en una operación semejante filtrando nombres de una investigación para exponerlos gratuitamente. El jefe de la cúpula policial pampeana, por ejemplo, no tuvo problemas en salir a hablar públicamente del tema y en reconocer que -a pesar de que entre los apuntados había personal de alto rango bajo su responsabilidad- no fue informado de tal «investigación». Un comportamiento muy distinto es el que caracteriza a los federales -tanto los policías como los magistrados-, a quienes los periodistas deben perseguir durante días para obtener alguna información sobre hechos de trascendencia pública.
Lo que ahora resulta imperioso es que el Juzgado Federal apure las acciones para dilucidar este entuerto que no ha hecho otra cosa que afectar a las personas señaladas. Si existen elementos probatorios serios que incriminen a presuntos responsables de actividades ilegales, deben utilizarse para avanzar de inmediato en una investigación formal. Si, en cambio, se trata de una maniobra destinada a ensuciar el nombre de un grupo de personas, debe desbaratarse y, por supuesto, investigarse para dar con sus responsables.