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Una tarea compleja

Tras el rechazo del Senado al proyecto de ley que establecía la interrupción voluntaria del embarazo, un grupo de ciudadanos identificados con la causa de mantener al aborto como delito en nuestro sistema penal, lanzó la idea de formar un partido político.
Aún cuando desde esta columna se ha sostenido, precisamente, la posición contraria, la posibilidad de que estas personas canalicen su acción a través de un partido político formal, a no dudarlo, enriquecerá el panorama político argentino.
Hasta el momento estos sectores, algunos vinculados a la Iglesia Católica, otros a otros cultos, otros simplemente contrarios al aborto desde una perspectiva laica, sólo se han expresado para oponerse a la iniciativa de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, sin formular ningún proyecto de ley como alternativa.
Como se sabe, se practican en el país aproximadamente 350.000 abortos anuales, conforme cifras oficiales, y como se trata de una práctica clandestina, muchas veces dada en condiciones médicas e higiénicas deplorables, se producen también por esta causa cientos de muertes de mujeres.
El mero rechazo del proyecto por parte del Senado, no modifica en nada esta situación: de hecho con posterioridad a la sesión del pasado 8 de agosto se han denunciado nuevos casos de mujeres por esta causa.
La conformación de un partido político le permitiría a este sector de la sociedad hacer su aporte y plantear con claridad cómo es que plantean encarar el problema. Cómo es que se proponen «salvar las dos vidas» como dice uno de los eslóganes de su campaña.
La tarea reviste no poca complejidad.
Primero tendrán que establecer un sistema de búsqueda para identificar a los posibles embarazos no deseados, tarea ímproba si se considera que la gravidez, sobre todo en sus primeros momentos, es uno de los hechos más íntimos imaginables. Y no sólo eso, sino que la clandestinidad del aborto lo hace aún más oculto.
Después tendrán que proponer cómo cubrir todos los posibles lugares donde estas prácticas se consuman. En el caso de los abortos hogareños, llegar allí resultará casi imposible. Otro tanto en los «quirófanos» improvisados en las barriadas populares. Ni qué decir de las clínicas oficiales donde esta práctica es habitual: vigilar a los médicos y sanatorios para prevenir abortos puede llegar a provocar una reacción bastante enérgica por parte de las corporaciones médicas, cuyo poder en el país no es nada desdeñable.
Por último, si la convicción es que el aborto no es una cuestión de salud pública, sino de política criminal, estos sectores deberían plantear la única alternativa honesta posible, para no caer en la hipocresía: que exista en el país una verdadera persecución de este delito, hoy prácticamente inexistente. De hecho, hace poco se publicó la información de que, en cinco años, sólo dos mujeres fueron condenadas por este delito.
Pues bien, el partido «pro-vida» deberá extremar los medios para que el sistema penal argentino -bastante agobiado ya con la criminalidad habitual y el crecimiento exponencial de delitos tales como la violencia de género, la corrupción y el narcotráfico- se ocupe seriamente de este tema.
Y no sólo eso: si se tiene éxito en la persecución penal de los 350.000 caso anuales, habrá que dotar al presupuesto nacional de generosas partidas para el Servicio Penitenciario, ya que el número de mujeres encarceladas podría rondar el millón en los próximos tres años.
El o los proyectos de ley que se propongan para lograr estos objetivos con éxito, van a ser dignos de verse.