Una visita positiva

La visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación para interiorizarse sobre las secuelas sociales del corte del río Atuel no fue vista con buenos ojos en Mendoza. En la provincia cuyana los medios le imputaron a La Pampa “seguir con el lobby nacional”, como si el simple hecho de dar a conocer ese desastre ambiental y humano más allá de los límites provinciales fuera una conspiración artera en lugar de un acto de legítima defensa política ante al atropello del robo de un río durante casi un siglo.
Lo cierto es que el funcionario nacional, si bien fue muy cauteloso con sus expresiones, no pudo evitar sorprenderse al ver sobre el terreno la magnitud del daño provocado por el manejo unilateral y arbitrario de los Nihuiles. El solo hecho de resaltar, en sus declaraciones periodísticas, que este problema ha pasado a ser un caso paradigmático al considerarse por primera vez en nuestro país un asunto de derechos humanos a partir de un problema ambiental, es ilustrativo de la trascendencia que le dio.
En verdad, los pampeanos estamos acostumbrados a que el conflicto desatado por el Atuel sea poco conocido fronteras afuera de nuestra provincia y que los “forasteros”, una vez interiorizados, manifiesten su estupor por sus alcances y perjuicios. Sin embargo, en los últimos tiempos, se han alcanzado algunos logros muy significativos en materia de divulgación. La nueva demanda ante la Corte Suprema y la intervención de, nada menos, las Naciones Unidas fueron -entre otras- las acciones que más contribuyeron para que se hable del Atuel, especialmente en Buenos Aires, el corazón político del país.
La combinación de acciones judiciales y políticas ha demostrado ser efectiva para mostrar el daño que viene sufriendo La Pampa desde hace tantas décadas. La reciente visita del secretario de Derechos Humanos, y su repercusión en tierra mendocina, así lo demuestra.

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