Una campaña en España a favor de la ética médica

Los países poderosos y sus socios tienen la vieja, y mala, costumbre de exigirle a los países periféricos y en desarrollo que hagan lo que ellos piden, pero no lo que ellos hacen. A veces esas exigencias son más o menos flexibles según el gobierno de turno, pero en el fondo esa política ha persistido en el tiempo. Los ajustes económicos, las restricciones o eliminación de derechos laborales y sociales, el aumento de la desocupación y la brutal dependencia económica fueron y son algunas de sus consecuencias.
Hoy la España de Mariano Rajoy está bebiendo de su propia medicina, porque países como Alemania y organismos supranacionales le han exigido apretar las clavijas a su economía a cambio de recibir un multimillonario rescate para recapitalizar, paradójicamente, a los bancos, actores centrales del desinterés por promover estados de bienestar en el mundo. El presidente, desde su condición de obediente alumno de la derecha acérrima, no sólo cumplió sino que clavó el cuchillo hasta el hueso.
Una de las medidas más extremas ha sido la de dejar de atender a los inmigrantes irregulares en el sistema sanitario público a partir del 1º de septiembre. Son los mismos inmigrantes -que no van por turismo, sino para tratar de mejorar sus condiciones de vida- a los que hasta ahora se ha venido explotando laboralmente, reemplazando a los españoles en los empleos que ellos no querían hacer y que son los peores pagos. Ese día se efectivizará el decreto que perjudicará a más de 150.000 personas, ya que las autoridades desactivarán sus tarjetas sanitarias -excepto las de los menores y embarazadas- de modo que solamente podrán acudir a urgencias.
Frente esa realidad tan próxima, hubo anuncios de movilizaciones y respuestas de organizaciones humanitarias. Pero quizá el debate más trascendente lo ha provocado la campaña "Derecho a curar" de la organización no gubernamental Médicos del Mundo, en apoyo a la objeción de conciencia del personal sanitario para que pueda seguir atendiendo pacientes sin distinguir entre nativos y extranjeros, entre legales e ilegales.
Un ejemplo es un video que muestra a médicos, enfermas y asistentes jurando con sus manos alzadas "dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera" o "no interpondré los derechos humanos a las medidas de ahorro o de maximización de beneficios", entre otras frases. El spot se cierra con todos ellos de espalda con los dedos índice y medio de una mano cruzados, en señal de estar mintiendo.
Paralelamente un grupo de unos 300 profesionales del sistema público ya ha manifestado que seguirá atendiendo por cuestiones éticas y porque la falta de control sanitario podría propagar enfermedades, y el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad. Hoy, en medios ibéricos, ya empezaron a publicarse las historias de los inmigrantes que no pueden acceder a medicamentos.
Por supuesto que el problema inmigratorio merece un debate amplio y sincero en foros multinacionales que apunte a evitar migraciones mejorando las condiciones sociales, políticas y económicas en muchas naciones que expulsan a sus habitantes, porque -también es justo decirlo- los españoles deben tener prioridad en el uso de sus propios recursos. Pero hay derechos básicos del ser humano que deben respetarse. Y se respetarían mejor si, en este caso los auxilios, fueran para paliar esos sufrimientos y no para premiar a banqueros que, con la complicidad de actores políticos y del poder, provocaron la burbuja inmobiliaria que sirvió de germen a la crisis española.
Pero también detrás de algunas medidas hay una gran hipocresía. Si esos inmigrantes ilegales tuvieran supremos rendimientos en el deporte, seguramente serían blanqueados para lucirse en nombre de España. Y serían atendidos en las mejores clínicas del país.