Una mala jugada

Pocas instituciones como el Fondo Monetario Internacional muestran semejante nivel de desprestigio. Su permanente apoyo a las políticas de ajuste en los países subdesarrollados, sus recomendaciones económicas que siempre castigan a los de abajo y benefician a los de arriba -el mejor ejemplo actual es Europa- lo degradaron a la vista de todos a lo que verdaderamente es: una agencia al servicio de la banca internacional.
De nada le ha valido al FMI golpearse el pecho y plantearse “autocríticas”: para el común de la gente es la máscara del poder económico global que ha llegado a doblegar a todos los gobiernos que no se pliegan a sus dictados. Por tales razones la “amonestación” que acaba de lanzar contra nuestro país no debería extrañar a nadie, y menos al gobierno. Sobre todo porque se ha sabido que esa presión viene fogoneada nada menos que por Gran Bretaña en una suerte de represalia por la ofensiva diplomática argentina en su reclamo por las islas Malvinas.
La réplica de los funcionarios del gobierno nacional -la Presidenta incluída- apuntó a señalar esos grandes intereses que defiende el FMI y cualquier argentino con un mínimo sentido patriótico podría suscribirla. Hasta allí no habría grandes discusiones sobre la forma de posicionarse en esta cuestión. Pero a poco que se recuerden algunos hechos recientes saltan algunas incongruencias en que es preciso citar ahora.
Cuando el presidente Néstor Kirchner pagó hasta el último centavo de la deuda argentina con el FMI afirmó que con tal medida se buscaba independizar al país de ese cuestionado organismo para que no digite más la política económica como lo había hecho antes -especialmente durante el menemismo- y para que deje de inmiscuirse en las negociaciones con los otros acreedores externos. Hasta allí no habría grandes desacuerdos, salvo el pago de una deuda externa que, hoy se sabe, es espuria de nacimiento y buena parte de ella es producto de haber estatizado las enormes deudas de grandes empresas privadas. La hazaña la llevó a cabo Domingo Cavallo durante el tramo final de la última dictadura militar y fue convalidada por todos los gobiernos democráticos hasta hoy.
Con ese antecedentes resulta inexplicable lo que hizo el gobierno hace dos años cuando aceptó la intervención del FMI para auditar las estadísticas del Indec. Semejante cambio de rumbo en el tema se justificó desde la realpolitik: dar una señal a los “mercados” de que Argentina no es tan “mala” como dicen y sigue siendo un país “confiable”. Los que pergeñaron la jugada pecaron de ingenuos o midieron mal al enemigo, o ambas cosas. Hoy se ven las consecuencias: el FMI se permite “censurar” al país por los números que entrega su oficina de estadísticas, un problema que hasta los aliados al kirchnerismo admiten, y el gobierno queda mal parado y obligado a sobreactuar una suerte de antifondomonetarismo de ocasión para salir del enredo.
Si el Fondo es tan malo como hoy lo señalan, si lo que se buscó con el pago total de la deuda era sacarlo del medio para no tener que lidiar más con él, ¿por qué el gobierno cayó en sus manos nuevamente y nada menos que para meterlo a husmear en las cuentas del Estado? Por aquellos meses se había contratado un trabajo similar mediante un convenio con cinco universidades nacionales, el objetivo se cumplió y un informe fue entregado al gobierno nacional.
Independientemente de que la discusión sobre la exactitud y transparencia de los números del Indec está teñida por los fuertes intereses de los operadores económico-financieros y la gran prensa opositora, su solución debe llegar con el aporte de instituciones y profesionales que antepongan el interés nacional. Ni el FMI, ni los gurúes de la economía, ni las consultoras privadas podrán aportar soluciones que sean beneficiosas para el conjunto del país. Y para saber eso no hacía falta este último “reto” del FMI. Alcanzaba con seguir la premisa planteada por el anterior presidente.