Una rémora…

Es tan conocido el problema que a esta altura no puede sorprender ni a los más distraídos. Pero cuando se habla de él igualmente despierta justificada irritación.
Se trata del ingreso de familiares de figuras políticas en la administración pública, de ese abuso de autoridad que atenta contra los principios de equidad más básicos de la democracia. Un puesto en el Estado es una perla muy codiciada, especialmente en tiempos en que no sobra el empleo. La administración pública garantiza estabilidad y, salvo excepciones, no demasiadas exigencias de esfuerzo y dedicación. Y más aún cuando se trata de agentes que no ingresaron por concurso sino por la influencia de un caudillo político. Esta circunstancia le da “chapa” al ingresante y lo convierte poco menos que en “intocable”.
Es una de las grandes deudas de la democracia, pues el Estado se ha convertido en botín de guerra de quienes detentan el poder político transitorio pero que dejan al retirarse gran cantidad de “clavos” permanentes.
Un diario porteño informó sobre lo que sucede en el Senado de la Nación, en donde proliferan hijos, sobrinos, hermanos, parejas, etc. de legisladores. Todos entraron “por la ventana”, sin concursos, y muchos de ellos quedarán como empleados de planta una vez finalizados los mandatos de los “benefactores”.
Los pampeanos no necesitamos ejemplos de fronteras afuera. Nuestro Centro Cívico, nuestra Legislatura y todos los organismos que adornan la burocracia estatal presentan ejemplos a manos llenas. En nuestro pequeño solar provinciano, donde nos conocemos todos, se sabe muy bien de qué se habla cuando se habla del tema. Y acá se ha potenciado el problema porque hace treinta años que La Pampa es gobernada, sin interrupciones, por un solo partido político.
Flaco favor le hacen a la democracia los dirigentes políticos que alimentan estos privilegios “de sangre” tan poco democráticos.

…y un avance
La adquisición de nuevos derechos civiles es, sin dudas, uno de los mayores logros de la vida democrática en nuestro país. Entre ellos figuran en un lugar destacado los avances que han ido logrando las minorías sexuales, no sin esfuerzo y lucha.
En esta materia, Argentina ha conseguido conquistas que la han instalado en la vanguardia junto a países que cuentan con la legislación más adelantada del planeta. El matrimonio igualitario y la posibilidad de adopción de hijos por parte de personas con orientación sexual “diferente” a la “norma” establecida por la tradición social constituyen ejemplos claros de esta realidad que hoy vive el país.
Una de las minorías más vulnerables y castigadas ha sido, sin dudas, el colectivo de los y las transexuales. Confinados en los márgenes de la sociedad, condenados a sobrevivir explotados en el turbio ambiente que suele rodear a la prostitución, sus integrantes comenzaron a intensificar la lucha por sus derechos y reivindicaciones con el retorno de la democracia. Con llamativas movilizaciones, especialmente en Buenos Aires y las grandes ciudades del interior, lograron llamar la atención de la sociedad y, en particular, de los legisladores más sensibles que comenzaron a impulsar cambios en las normativas para acabar con una situación de extrema discriminación e injusticia.
No fue -no es- un camino fácil. Los prejuicios abundan; también las religiones con su enorme capacidad de influencia y su conocida predisposición a trabar todo avance en materia sexual. Esos actores sociales pusieron más de una piedra en el camino. Así y todo, hoy, de a poco, empieza a verse a los integrantes del colectivo trans en lugares de trabajo impensados hasta hace muy poco tiempo. Todavía falta mucho camino por recorrer pero igual debe reconocerse que éste ha sido otro de los logros significativos de la democracia.