Uno puede creerle a George Bush y sus amigos o bien a la verdad de los hechos

El presidente norteamericano anunció días atrás que permitirá que sus ciudadanos compren teléfonos celulares con cobertura en Cuba y los envíen a sus familiares en la isla. Sin embargo aclaró que sigue el bloqueo.
EMILIO MARIN
“Ya que Raúl Castro permite a los cubanos adquirir teléfonos celulares, vamos a cambiar nuestras regulaciones para permitir a los estadounidenses que envíen celulares a sus familiares en Cuba”, expresó George Bush el 21 de mayo, en un acto por la “Solidaridad con Cuba”.
Tal declaración, si me mira con detenimiento, puede volverse en contra del texano. Quiere decir que los estadounidenses no podían enviar esa clase de objetos a sus familiares y amigos. “Ahora se permite a la gente enviar regalos, estamos permitiendo que los teléfonos celulares sean parte de esos envíos”, admitió la vocera de la Casa Blanca, Dana Perino. ¿Quién era entonces el que establecía tales prohibiciones?
En la isla el límite anterior no tenía que ver con persecución política, como quieren hacer creer los medios argentinos. Podía obedecer a la falta de dinero para adquirir esos teléfonos y pagar las cuentas. O, en el caso de los microondas, ollas eléctricas y aparatos electrónicos, con los problemas de provisión eléctrica que hasta hace poco tenía cortes de varias horas diarias.
Pero del otro lado del estrecho de la Florida tal prohibición sí tenía una clara intencionalidad política: hacer sufrir todo lo posible a un pueblo que en 1959 decidió ser libre y no ha podido ser doblegado ni con un bloqueo reforzado en 1992 y 1996.
Esas campañas mediáticas y políticas contra la patria de José Martí sostienen que el gobierno de Raúl Castro -elegido presidente por la Asamblea del Poder Popular en febrero- manipularía Internet en detrimento del acceso de los cubanos a esa red y a la información que circula por ella.
Como el gobierno isleño no permitió a una opositora -del blog anticubano Generación Y- recibir un premio anticubano en España, la oleada de críticas se hizo más potente. “Cuba restringe el uso de Internet”, es el lugar común de muchos comunicadores, repetido hasta el cansancio. Y ya se sabe que una mentira repetida un millón de veces puede ser tomada como si fuera cierta.
Los grandes controlantes de Internet en Cuba y en tantos otros países del mundo son el gobierno y las empresas de Estados Unidos. Estas le dan a la isla una velocidad y ancho de acceso a la red comparable con la que tiene una empresa multinacional. Pero Cuba tiene más de once millones de habitantes. La discriminación es evidente. ¿Qué hace entonces el gobierno cubano? Lo lógico en condiciones de administrar un bien escaso: lo reserva para las universidades, instituciones académicas, empresas y oficinas del gobierno. No para los particulares. Pero no se trata de una política de “control” ni “represión” sino de asegurar la conexión a quienes más lo necesitan para el normal funcionamiento de una fortaleza bloqueada. Lejos está el presidente Castro, y antes su hermano Fidel, de subestimar tal herramienta de los tiempos modernos.

Hablemos de Internet.
En el reciente Congreso de la Uneac (Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba), el ministro de Cultura, Abel Prieto, dio un informe demoledor de las mentiras pergeñadas por el Departamento de Estado.
Por ejemplo, detalló que hay 600 Joven Club donde se gradúan en computación 200.000 cubanos cada año. Además se creó la Universidad de las Ciencias Informáticas que promueve anualmente a 1.600 ingenieros de esta rama. ¿Cuántos países pueden presentar ese balance científico con tal contenido social y en medio de un bloqueo ilegal de la principal potencia militar del mundo?
Ya que se habla de bloqueo, hay que decir que de los tres precandidatos estadounidenses, el único que ha planteado la posibilidad de conversar con las autoridades cubanas es Barack Obama. El republicano John McCain ha plagiado a Bush: bloqueo total hasta el final de los días. Hillary Clinton ha dicho que en caso de ganar seguirá ese “embargo” sin cambios hasta que el gobierno cubano “tome pasos concretos para garantizar las libertades cívicas y políticas”.
Es bueno preguntarse: ¿cuáles libertades? ¿Acaso las que EE.UU. violó en Irak al tener prisioneros a 2.500 niños por períodos mayores a un año y de los cuales aún 500 siguen en prisión? Cuánta hipocresía. La estadística dice que en 2007 murieron violentamente 93 periodistas en el mundo y pese a que ninguno de ellos era cubano ni fue muerto en Cuba, para la Casa Blanca resulta que el peor país en materia de “libertad de prensa” es aquél.
El 6 de marzo, en una de sus habituales reflexiones, Fidel Castro consignó que dos días antes “los cables informaron sobre nuevas medidas de Bush para extender en la Internet el bloqueo contra Cuba”. Profundizando esa denuncia, el 9 de marzo comentó que “la OFAC, Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EE.UU., reseña que 557 empresas ‘malditas’ de todo el orbe y 3.719 dominios punto com han sido bloqueados en la red sin la más mínima notificación previa a sus dueños”.
Queda claro quién interfiere en Internet, y quién no. Pero como la libertad es libre, los argentinos pueden creerle a Bush, que invadió Irak en base a mentiras verdaderas, o a Fidel Castro, que cita datos de la administración de Washington.
Y a propósito de la web, el gobierno argentino tendría que ponerse los pantalones largos y obligar a que Microsoft y Google, radicadas en nuestro país, vendan normalmente sus productos a Cuba. Actualmente no lo hacen. Ni siquiera los programas que son bajados gratuitamente de Internet por cualquier usuario del mundo pueden serlo por cubanos. Microsoft y Google, al estar establecidas en Argentina, deben respetar las leyes del país, que no acepta el bloqueo a la mayor de las Antillas. Las firmas dicen guiarse por la ley Torricelli y la Helms-Burton, pero están obligadas a respetar la legislación local. ¿Algún día Cristina Fernández les recordará esa obligación legal o seguirá aceptando la vigencia de la extraterritorialidad de las normas del imperio?

Dinero sucio.
El recrudecimiento de las campañas estadounidenses contra Cuba está directamente emparentado con los goles que les viene marcando la cancillería de Felipe Pérez Roque. La última victoria isleña tuvo que ver con la denuncia hecha por ese funcionario contra la Sección de Intereses de Norteamérica en La Habana (SINA), a cargo de Michael Parmly.
Cuba documentó con pruebas calificadas y contundentes que el mencionado Parmly había hecho trasiego de dólares entre el terrorista cubano-americano Santiago Alvarez y los llamados disidentes internos de Cuba (léase mercenarios). Concretamente con la economista Marta Beatriz Roque, que recibía ese dinero de la potencia que bloquea a su país y a cambio enviaba notas para tratar de aliviar la situación procesal de Alvarez.
Es que ese terrorista está preso, luego de descubrirse un arsenal de armas en su casa del Condado de Broward, al sur de la Florida: armas automáticas, granadas, lanza granadas, silenciadores, máscaras anti-gas, etc. Alvarez es socio de Luis Posada Carriles, al que introdujo en forma ilegal en Estados Unidos en marzo de 2005 en su yate. Posada Carriles es uno de los responsables de la voladura del avión de Cuba Cu-455 sobre Barbados, en 1976, una deleznable acción donde murieron 73 personas. Y pese a eso está en libertad en Miami, protegido por la administración Bush, que se negó a extraditarlo a Venezuela.
Parmly y otros agentes de la SINA han violado groseramente la Convención de Viena de 1961 que regla los procederes de los diplomáticos en los países donde están acreditados. Se merece ser expulsado de Cuba por ser nexo entre terroristas y mercenarios, aunque -si ese fuera su destino- seguro que Washington haría campaña contra “la dictadura de los Castro”.
Para los argentinos el incidente puede ser útil para saber qué clase de pájaros son estos susodichos “disidentes”: mercenarios que se compran y venden por treinta dineros. Es útil porque esta semana se reflotó en los medios la situación de Hilda Molina, la médica que -como Roque y otros anticastristas- come de la mano de Parmly en la SINA.
El canciller cubano realizó una conferencia de prensa el jueves 22 y desafió a Bush y la canciller Condoleezza Rice a que contestaran los cargos contra Parmly. Hasta ahora la respuesta ha sido un atronador silencio.