Venezuela cerró su frontera y el pleito necesita de Unasur

POR CONTRABANDO Y CRIMENES DEL PARAMILITARISMO COLOMBIANO

La frontera colombo-venezolana se cerró por decisión de Caracas. Esto genera problemas económicos, políticos y humanitarios. Maduro esgrimió buenas razones para esa medida. Unasur y no la OEA debería ser el ámbito para un acuerdo bilateral.
EMILIO MARIN
Colombia y Venezuela han tenido muchos problemas en su relación, pese a ser crías del libertador Simón Bolívar, junto con Ecuador y Bolivia. Los bolivarianos dirían que aquella enemistad es porque Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro representan a ese grande de la historia latinoamericana, en tanto que Juan M. Santos y su antecesor Álvaro Uribe son retoños de Santander, o peor aún, del colonialismo del siglo XIX.
Lo concreto es que los dos países, presididos por Maduro y Santos, atraviesan otra etapa crítica de sus relaciones. Lo más cercano es el enfrentamiento que tuvieron en 2010 Chávez con Uribe, con ruptura de relaciones diplomáticas porque Bogotá había denunciado que la guerrilla colombiana se encontraba radicada y protegida por Caracas.
Otro momento de tambores de guerra, por suerte sin llegar a las balas, fue en 2008, luego que militares colombianos invadieron Sucumbíos, Ecuador, luego de bombardear el lugar para asesinar a Raúl Reyes y otros combatientes de las FARC. Esa vez Chávez se preparó para dar una respuesta militar junto al gobierno de Rafael Correa.
En todos esos conflictos al final hubo una negociación entre el Palacio de Miraflores, en Caracas, y el Palacio de Nariño, de Bogotá, que si bien no produjo una paz celestial al menos diluyó lo que parecían inminentes batallas.
Ojalá ahora se encuentre una solución al diferendo, aunque sea parcial.

Frontera caliente.
¿Qué pasó en agosto? Del lado venezolano está el departamento de Táchira y del colombiano el municipio de Cúcuta, Departamento del Norte de Santander. El 19 de agosto, en Táchira, tres miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FABN) y un civil, venezolanos, fueron heridos por paramilitares y contrabandistas colombianos. Estos habían incursionado allí, en turbios negocios propios del paramilitarismo tales como crímenes políticos, secuestros, narcotráfico, contrabando, explotación de redes de trata y prostíbulos, etc.
Frente a la agresión, el presidente venezolano dictó un decreto cerrando la frontera en seis municipios tachirenses: Ureña, Bolívar, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta. Además impuso un estado de excepción para que las fuerzas de seguridad pudieran allanar, detener y expulsar a los colombianos ilegales, en caso de necesidad. Unos días más tarde hubo otro decreto para cuatro departamentos más: Ayacucho, García de Hevia, Lobatera y Panamericano.
Las disposiciones de la presidencia fueron ratificadas por la Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, con fuerte mayoría del PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela) y sus aliados.
No hubo allí represión ilegal, desapariciones y menos asesinatos, que son moneda corriente del lado colombiano a lo largo de 67 años a partir del Bogotazo de 1948. Sólo deportaciones de sospechosos de actividades ilícitas y estar en Táchira sin la documentación correspondiente ni estatus de refugiado. Las cifras difieren pero se habla de hasta 2.000 deportados por Venezuela y unos 7.000 que se auto evacuaron y cruzaron por sus medios el río Táchira.
Aunque se trate por ahora de cifras no significativas, son problemas que no se puedan ignorar. Si a los millones de refugiados sirios en Turquía les hablaran de 10.000 colombianos deportados y/o salidos por sus propios medios de Venezuela, podría parecerles un problema menor. De todos modos eso merece atención y lo mejor sería un diálogo colombo-venezolano en el marco de la Unasur para buscar una salida justa a esas cuestiones fronterizas.

La verdad de la milanesa.
Sin embargo, esa angustia y pérdidas de vivienda de esos colombianos, que en algunos casos provocó alejamientos familiares, pues sus miembros quedaron de uno y otro lado de la frontera, tienen que ser analizados en el marco político general de dos estados vecinos.
Maduro tuvo un argumento de peso: hubo cuatro venezolanos heridos por paramilitares colombianos en Venezuela. No eran los primeros de la serie, pero quiso ponerle fin a esas agresiones.
Además había y hay motivos políticos, económicos y sociales de sobra para el temperamento de cierre de fronteras y estado de excepción, incluyendo deportaciones (como siempre, el blanco de la medida puede haberse ampliado innecesariamente y afectado a inocentes).
En la zona operan bandas de delincuentes colombianos que acaparan productos venezolanos que llegan subsidiados a Táchira y los roban para contrabandearlos a un precio varias veces superior hacia Colombia. Así se produce un doble perjuicio a Venezuela: muchos recursos del estado bolivariano en subsidios para consumo de sus connacionales se van, encarecidos, rumbo al mal vecino. Y por eso, la vida en Táchira se encarece y hay desabastecimiento de alimentos, combustible, etc.
Andrés Gil, colombiano de Marcha Patriótica (la agrupación liderada por la ex senadora Piedad Córdoba), publicó un interesante artículo titulado “¿Y si Maduro tiene razón?”, reproducido por Resumen Latinoamericano el 30/8. Allí se lee: “en Táchira, circulan 160.000 vehículos pero ¡ahí se consume más gasolina que en Caracas! Un millón diario de galones de gasolina sale de Venezuela hacia Colombia, ¿pueden creerlo? ¿Y quiénes se nutren del mega negocio de traer clandestinamente gasolina a $200 galón (la más barata del mundo) a Cúcuta donde el galón vale de 4.000 a 5.000? ¿Los pinpineros? No, hablamos de un negocio más rentable que el mismo narcotráfico y que obviamente controlan las mafias que el gobierno llama bacrim, es decir, bandas paramilitares”.
Tanto o más ilustrativo la referencia de Gil a los alimentos. “La mitad de lo que llega a esta región sigue derecho hacia Colombia como contrabando, hagan cuentas: mientras un litro de leche subsidiado por el Estado Bolivariano cuesta 200 bolívares fuertes (bsf), en Colombia lo venden a 14 mil”.
Estas son razones sólidos para las decisiones adoptadas por Venezuela. Y también explican el fuerte apoyo de la población tachirense, del orden del 90 por ciento. Desarticulado el contrabando y el delito, ahora los precios de los productos han bajado a niveles razonables. El gobernador de Táchira, José Vielma, precisó que “disminuyeron las colas en los comercios y las estaciones de combustible y se redujeron los precios de la carne y otros alimentos”.

Sin OEA ni CNN.
El presidente venezolano se fue de gira a Vietnam y China, fue con él la canciller Delcy Rodríguez. El objetivo fue firmar más acuerdos comerciales y de inversión agrícola, gasífera y petrolera con el presidente vietnamita Truong Tan Sang. Luego pasó a Beijing, donde se vio con su colega Xi Jinping, también con la economía en la agenda, en el marco de los festejos chinos por el 70 aniversario de la victoria sobre Japón que puso fin a la ocupación nipona.
Ese viaje era importantísimo e impostergable, pero Venezuela no quedó sin voceros en el diferendo. Se anotó una victoria política porque el gobierno de Santos no quiso negociar en la Unasur sino en la desprestigiada OEA, donde no consiguió los 18 votos necesarios del Comité Permanente para llamar a Cumbre de cancilleres. Fue cómico leer la crónica del día anterior en El Tiempo de Bogotá que daba por seguro el triunfo colombiano en la OEA. Fue derrota.
Las cancilleres Rodríguez y María de los Ángeles Holguín se habían reunido en Cartagena de Indias para bajar un tanto los decibeles, pero luego cada cancillería orientó sus pasos según su criterio: Holguín hacia la OEA y Rodríguez hacia Unasur. La razón es muy evidente: en la desprestigiada entidad mora con peso el imperio yanqui y su socio canadiense. En el cónclave suramericano de once socios no está Washington y sí miembros de la Alternativa Bolivariana de Nuestra América (ALBA) como Ecuador y Bolivia.
El secretario de Unasur es el ex presidente colombiano Ernesto Samper pero la prensa de su país lo acusa de ser casi un agente bolivariano. Samper tramitó una reunión de la entidad para el 1 de septiembre en Quito pero debió suspenderla porque Holguín no iría. La cita tendrá lugar el 8 de septiembre en la capital ecuatoriana y varios cancilleres están buscando limar asperezas, como Héctor Timerman y su colega uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, que se vieron ayer en Montevideo.
Desde Beijing, Maduro volvió a instar a Santos a reunirse cara a cara (ya lo había hecho días atrás al culminar una marcha y acto popular en Miraflores).
Colombia es uno de los menos indicados para cuestionar a nadie en materia de refugiados porque la Acnur (Agencia de Naciones Unidas) tiene relevados 6 millones de colombianos en esa condición. Tampoco puede reprochar a Venezuela ser refractaria a la inmigración colombiana, pues en las últimas décadas ha acogido a más de 4 millones de personas de esa nacionalidad.
La CNN, radio Caracol, El Tiempo y demás medios de la SIP (entre ellos Clarín y “La Nación”) deforman lo que ocurre en la frontera caliente y pintan a Maduro como un dictador y violador de derechos humanos. Los apologistas de la guerra sucia, el paramilitarismo, el “plan Colombia” y las 7 bases militares allí del Comando Sur toman por estúpidos a los latinoamericanos del siglo XXI.