Violencia política

La agresión contra la sede y los trabajadores del diario Tiempo Argentino y radio América es un atentado contra la libertad de expresión que no debe quedar impune. Hacía mucho tiempo que en nuestro país un medio de comunicación no era asaltado por un grupo violento y en la oscuridad de la noche, en un episodio que remite a los tenebrosos años de la última dictadura.
La dudosa intervención policial torna aún más preocupante este golpe a la prensa. Los videos registrados por los periodistas agredidos por la patota muestran a varios agentes de la Policía Federal que se mantienen en una actitud pasiva ante los destrozos y los golpes a las personas. No hubo ningún detenido y, para tornar más inquietante la escena, los policías actuaron como custodios cuando los violentos se retiraron del lugar. De ahí la justificada sospecha de que se trató de una “zona liberada”.
Como resultado del asalto, en la sede del diario y la radio quedaron severamente dañados elementos imprescindibles para la tarea periodística: computadoras, servidores, instalaciones eléctricas y electrónicas, cámaras fotográficas, etc.
Las manifestaciones de repudio se oyeron tanto desde la oposición como del oficialismo en una inmediata reacción que provoca alivio. Sin embargo las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, responsables del accionar de la Policía Federal, y los tribunales deben investigar este oscuro episodio para esclarecerlos y determinar las responsabilidades de quienes participaron en él.
Apenas horas antes, una parroquia del partido de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires, había sido asaltada con saña destructora. En ese centro religioso, no hace demasiado tiempo, se había reunido la ex presidenta de la Nación con un grupo de sacerdotes que se desempeñan en zonas críticas del conurbano.
Semejantes demostraciones de violencia no pueden cometerse sin que actúen los mecanismos de defensa de las instituciones democráticas.

Corrupción y mentiras
En muy pocos días, en esta modesta provincia argentina, se pudieron detectar dos informaciones falsas emitidas por uno de los grandes medios de comunicación porteños. Una vinculada a la obra pública y otra al envío de fondos desde Nación.
El domingo último, un periodista estrella de la televisión hegemónica, divulgó datos falsos sobre una organización no gubernamental atribuyéndole actos de corrupción. Ante el reclamo, tuvo que desdecirse apelando a argumentos impropios de una figura de tanto peso en el ejercicio profesional.
Es evidente que la corrupción se ha ubicado en el centro del debate político y está siendo utilizada como herramienta de hostigamiento al kirchnerismo. Pero el falseamiento de la realidad en el que han caído los dos grupos comunicacionales más grandes del país ha alcanzado niveles tan desmesurados que no pasa semana sin que se sucedan casos como el que citamos al comienzo de estas líneas.
El uso de la mentira para demoler toda una gestión de gobierno y ponerla bajo la lupa de una eterna sospecha tiene el evidente propósito de borrar de la memoria colectiva todos los avances que se lograron en esos años. Pero también, sacar del centro de la atención pública las durísimas consecuencias de las medidas económicas del macrismo.
Entre las tergiversaciones más groseras que comete la prensa porteña está la de pretender que la corrupción en el país comenzó en 2003 y terminó en 2015, y que fue patrimonio exclusivo del gobierno nacional en ese período. Esa falacia es fogoneada por un ejército de periodistas -por llamarlos de algún modo- que tienen la mira desviada y solo cazan corruptos de un bando, mientras del otro le pasan por delante infinidad de casos, y mucho más graves, que no necesitan de bolsos con dinero porque utilizan metodologías mucho más sofisticadas para evadir la ley.

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